A nueve años de la voladura de la Embajada de Israel, de la cual se cumplirá un nuevo aniversario mañana, sigue sin haber un solo detenido, a pesar de haberse acumulado 68.000 fojas en la causa que lleva la Corte Suprema de Justicia. Otro número, menor, pero mucho más impresionante, es el 29: la cantidad de muertos que causó el que hasta esa fecha fuera el peor atentado terrorista en la historia argentina. Dos años después, la explosión que demolió la sede de la AMIA dejaría atrás ese horripilante récord.
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A pesar de los «esfuerzos» del juez de la Corte, Ricardo Levene, no se avanzó en lo absoluto en el hallazgo de la «conexión local», como tampoco en el origen de los autores materiales. Hoy, la causa es comandada por el secretario de la Corte, Esteban Canevari, quien ha dicho que «se ha hecho un importante trabajo» al adjudicarle el hecho al grupo terrorista Yihad Islámica, y al pedir la captura librada contra un miembro del partido Hizbollah, el libanés Imad Mouyhine. Personas identificadas
Fuentes de la investigación señalaron que actualmente las pesquisas están orientadas al seguimiento de personas que ya están identificadas con nombre y apellido en la zona de la Triple Frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay, procurando establecer la «conexión local». Los sospechosos serían seguidores del Hizbollah, de origen libanés, asentados en la paraguaya Ciudad del Este. Pero hasta la fecha ninguna de esas personas ha sido imputada del hecho ni se ha librado orden de detención contra ellas.
A la hora de hacer un repaso de los gruesos expedientes, agrupados en 350 cuerpos, las fuentes reconocieron que «se perdieron años» de pesquisa, al recordar que la causa quedó paralizada durante un largo tiempo en los cajones de Levene. Este ex miembro de la Corte llegó a ordenar una pericia que llegó a la indefendible conclusión -refutada por ingenieros y organismos de seguridad nacionales y extranjeros-de que se había tratado de una «implosión»; es decir, que no se había tratado de una bomba, sino del estallido de «algo» (un supuesto arsenal) que se guardaba en la vieja casona de Arroyo y Suipacha. Antes y después de la mencionada malhadada «pericia», se demostró que la bomba estaba montada sobre una camioneta Ford F-100 de la cual la Policía Federal tenía el número de chasis (uno de los pocos trozos del vehículo que quedó entero) desde poco después de la explosión. Un periodista de este diario fue testigo de cómo dos policías anotaban ese número cuando todavía se estaban evacuando los primeros heridos y cadáveres rescatados de la pila de escombros en la que había quedado convertida la embajada y todo lo que la rodeaba.
Esa esquina es ocupada hoy por una plaza, realizada con fondos recolectados por prominentes figuras de la comunidad judía local (que debieron incluso recomprar el terreno, dado que las autoridades israelíes la habían vendido a un grupo que iba a levantar allí un hotel). Hace pocas semanas, esa plaza fue donada a la Ciudad de Buenos Aires, con el solo requisito de que el gobierno comunal se encargue de su conservación y mantenimiento. Es poco pedir, desde ya, para tanta tragedia que no parece haber movilizado la voluntad de quienes deberían haber desenmascarado a sus autores.
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