Encuestas motivaron la orden de reprimir

Eduardo Duhalde, en una reunión con gobernadores el fin de semana, anticipó que estaba decidido a utilizar una acción más severa con quienes cortaban la circulación del tráfico (también, allí, anunció que le gustaría volver a instalar el delito de desacato y que estudiaba alguna revisión en materia de agravios e injurias ya que a los funcionarios se les decía de todo y no había forma de neutralizar muchas acusaciones falsas). Había una razón en ese cambio, sobre todo en un hombre que hasta ese momento se negaba a limpiar el ingreso a la residencia de Olivos, inundado entonces por basura, carteles, carpas o lo que fuera por la protesta cacerolera. Una encuesta determinó que la población, por abrumadora mayoría, ya empezaba a creer que la culpa de los cortes de ruta y de calle era del gobierno más que de los piqueteros. Empezó el otro Duhalde aunque ayer, luego de conocer el luctuoso saldo, estaba deprimido por haber tomado una decisión de Estado.

•Prueba de fuego

Lo de ayer entonces era una prueba de fuego, el gobierno anunciando que no permitiría el corte de los accesos, el sitio de la Capital como en anteriores ocasiones, y los piqueteros de izquierda asegurando que no resignarían su propósito de bloquear la Ciudad. Nadie ignoraba el principio de una batalla urbana, aunque el gobierno y sus responsables de seguridad -a pesar de haber sido notificados-en lugar de hacer prevención en los sitios donde se iniciaban los piquetes o incautar armas a sospechosos, prefirió esperar a las columnas donde seguramente ocurrirían los enfrentamientos. Y ocurrieron.

No sólo eran previsibles los episodios de ayer por la lógica de la violencia, tan expresada oralmente por los distintos movimientos piqueteros («vamos a invadir countries, no sabemos hasta dónde podemos parar a la gente que quiere quemar todo», etc.), sino por hechos más recientes vinculados a la política, a la relación entre el propio gobierno y algunos de estos grupos de protesta.Y a un universo de reparto de fondos que no es ajeno a los muertos. No resultaba casual por lo tanto que, ayer, luego de los trágicos incidentes, en Olivos se discutieran responsabilidades y estrategias, también la posibilidad de censurar a algún funcionario.

Hasta hace poco, como es público, los piqueteros -fundamentalmente los de Luis D'Elía, hombre que cabalgó en La Matanza entre el peronismo y el Frepaso según los tiempos-mantenían una amistosa relación con Eduardo Duhalde y no sólo porque éste expresara en su momento que, «de no ser Presidente, sería piquetero». Fueron muchos los favores oficiales al punto de que en más de una ocasión D'Elía se aprovechó de los salones prestados de la Casa Rosada, lanzar sus proclamas y, de paso, hasta insultar a algún adversario transitorio del Ejecutivo (Carlos Reutemann, como ejemplo). Ayer, por ejemplo, fue protagonista por su ausencia. Tanto vínculo provenía de un trato especial de Aníbal Fernández, ministro en su momento de Carlos Ruckauf en Buenos Aires y hoy secretario general de la Presidencia, con los piqueteros: fue el sensible que en la provincia calmó las revueltas concediendo planes Trabajar u otro tipo de asistencias a estos grupos que, en respuesta a esas gentilezas, eran duros con Fernando de la Rúa pero evitaban disturbios en el distrito bonaerense. Hay que admitir que el costo, en términos globales, fue inferior al que demandaban otros planes sociales y que no sólo abarcaban a las tendencias populistas de D'Elía (hoy bajo la tutela de Víctor De Gennaro), sino también a otras líneas más de izquierda.

•Desavenencias

Las transacciones continuaron en esta administración -como ha sido notorio-hasta que se cruzaron desavenencias: Chiche Duhalde comenzó a objetar canalizar fondos a través de los piqueteros, se entusiasmó con un plan más vasto y costoso (el de Jefas y Jefes de Hogar) que suponía la entrega de 150 pesos a través de las municipalidades, más democráticamente, sin la participación de caudillejos y aprovechados. Se enfrentó con más de uno y, si bien el operativo comenzó a marchar con esmero y computación, igual permanecieron algunos bolsones digitados por los piqueteros (si hasta un gremio como el de los albañiles ha conseguido monitorear un significativo paquete de estas concesiones individuales). Cuando se le reprochó a Duhalde la continuidad de privilegios a ciertas organizaciones, confesó esperanzado: «Tengan paciencia, de a poco se va a cambiar».

A pesar del éxito de este intercambio, había otros núcleos (más beligerantes, obvio de izquierda) que no participaron de estas negociaciones. Sea porque no los invitaron, no se los consideraba importantes en número -ya que están fraccionados en multitud de siglas-o porque eran refractarios a la connivencia crematística. Lo cierto es que no se los pudo alinear cuando la política oficial empezó a modificarse (aunque alguna fracción, al tiempo que insultaba también pasaba un disquete con los nombres de futuros favorecidos). Ya D'Elía y su gente sintieron la presión cuando le advirtieron: «No vamos a gastar plata en la gente que nos corta las rutas y las calles».

Se inundaban anoche de reproches los funcionarios, se le exigían respuestas a Juan José Alvarez (secretario de Seguridad), quien hasta la víspera era uno de los preferidos del Presidente por su gestión (o no gestión, tal vez). También se incrementaban los insultos contra la izquierda que «no entiende nada». Es que el espectro del comisario Rubén Santos, todavía preso por haber intentado calmar los desbordes que se sucedieron en la caída de De la Rúa, rondaba por la cabeza de todos, al igual que la frase «de aquellos polvos, estos lodos».