Aníbal Ibarra fue notificado ayer en su despacho que quedaba suspendido en sus funciones. Lo reemplaza su vice, Jorge Telerman, mientras dure el juicio político.
Comenzó ayer el debate sobre los problemas técnico legales que implican la existencia de una Sala Juzgadora para Aníbal Ibarra en la Legislatura porteña en medio de un recambio de diputados, y sobre cómo solucionar el vacío legal que muestra en ese punto la Carta Magna de la Ciudad.
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Según el constitucionalista Daniel Sabsay, para evitar «desequilibrios» en el proceso de juicio político debiera prorrogarse el mandato de los legisladores que actualmente componen la Sala Juzgadora. Es algo que no contempla la Constitución porteña y que tampoco existe en sus pares provinciales. Tampoco la Constitución nacional es clara en esta posibilidad.
«Sería como una carga pública para quienes les ha tocado la suerte de integrar esta comisión», dijo Sabsay que, políticamente, rechazó de plano que la acusación votada ayer contra Ibarra represente «un golpe institucional» porque el procedimiento «respetó todos los pasos legales».
Al plantear que frente al recambio legislativo del próximo 10 de diciembre debiera mantenerse la composición actual de la Sala Juzgadora, Sabsay señaló que, de lo contrario, se estarían «rompiendo los equilibrios» y se violarían «las reglas del debido proceso». Este argumento es el que sostiene el ibarrismo que prefiere, o bien que la Sala Juzgadora se expida antes del 10 de diciembre, o que se prorroguen los mandatos sin dejar asumir a los nuevos legisladores en esos cargos.
Eduardo Barcesat opina lo contrario. No ve, dijo, «ningún óbice en que la actividad se inicie con unos miembros y se continúe con otros» y consideró que una prórroga en los mandatos de los legisladores será «violentar el mandato fijado por la Constitución y no veo que tenga justificación».
• Continuidad
«Tengamos en cuenta que si fuese un juicio ante un juez del Poder Judicial y éste fallece, viene otro y lo subsigue y termina la causa y no hay ninguna violación del juez natural de la Constitución», explicó, aunque sin abundar en que el juicio político que se sigue a Ibarra es precisamente eso, «político» y no jurisdiccional.
El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital, Lucio Ibáñez, sigue a Barcesat en el razonamiento. Consideró que entre los integrantes de la Sala Juzgadora que debiera resolver si se destituye o no a Ibarra «no podría haber diputados con mandato ya cumplido». «Eso impediría que las decisiones tomadas por ese cuerpo pudieran ser atacadas de nulidad una vez que se conociera si el jefe de Gobierno es o no removido de su cargo», opinó.
No podía faltar en la disputa legal Gregorio Badeni. Para él: «Si hay una remoción de Ibarra que está manchada por una grosera y manifiesta arbitrariedad, basada en el desconocimiento del proceso legal, se puede presentar un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de la Ciudad».
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