El Senado convirtió ayer en ley un proyecto de educación sexual obligatoria para colegios públicos y privados al que se oponía la Iglesia Católica. El bloque kirchnerista de Miguel Pichetto (abajo, centro) impuso su mayoría.
Justo en medio de la pelea entre la Iglesia Católica y el gobierno nacional, el Senado convirtió anoche en ley el proyecto que incorpora la enseñanza sexual obligatoria en todas las escuelas públicas y privadas del país. El Epsicopado había rechazado por escrito, en una carta dirigida a Daniel Scioli, el contenido de la iniciativa.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue sancionado en general por 54 votos a favor y la sola oposición de Liliana Negre de Alonso, del Partido Justicialista de San Luis, quien fue autora de un dictamen de minoría. El artículo más conflictivo fue el quinto, que es al cual varios legisladores pretendieron incorporar un párrafo citando expresamente la participación de la familia en la elaboración de los contenidos de la materia, el cual fue aprobado por 45 votos a favor, con 9 en contra y una abstención.
El debate -al que asistió el ministro de Educación, Daniel Filmus- lo inició la informante por la mayoría, la senadora justicialista Silvia Gallego, quien remarcó que «el Estado tiene la obligación de garantizar un piso de educación sexual a nuestros niños y adolescentes».
Ricardo Gómez Diez, del Partido Renovador de Salta, apoyó que se mencione a los padres en el texto de la ley, cuestión que «dio origen a dos disidencias parciales en el dictamen de mayoría y a un dictamen de minoría».
Ante esta intervención, la senadora Cristina Fernández de Kirchner manifestó su desacuerdo, puntualizando que «la historia no es una ciencia exacta, y nunca vi una discusión sobre la participación de los padres en la enseñanza de la historia o de educación cívica».
La primera dama pidió «sincerar el debate y discutir sin eufemismos», pues «hay sectores que se oponen a la enseñanza sexual en las escuelas», y que «es falso» que la cuestión de fondo sea realmente la participación de los padres, pues «está claro que están contemplados en la ley».
La propuesta aprobada alcanzará a todos los alumnos desde el nivel inicial hasta el nivel de formación docente y de educación técnica no universitaria. El Ministerio de Educación, por su parte, será el encargado de elaborar el programa que deberá entrar en vigencia en todo el país en un plazo máximo de cuatro años a partir de la sanción de la norma.
Para respetar las distintas comunidades educativas, el proyecto deja abierta la posibilidad de que cada región del país adopte el programa a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional.
Dejá tu comentario