ESCRITO DE DEFENSA DE LA RÚA ANTE SERVINI DE CUBRÍA (2/4/02)

Señora Juez Federal:

FERNANDO DE LA RÚA, con domicilio constituido en Lavalle 1447 .II. F, Capital Federal, a V.S. respetuosamente expongo:

Que por la citación que se me ha formulado en autos vengo a presentar la siguiente exposición relativa a los hechos investigados, la que pido se tenga como parte de mi declaración.

La situación.

He ejercido la Presidente de la Nación y se me cita a comparecer por actos propios del cargo que desempeñé. Asumí esas funciones el 10 de diciembre de 1999. El país atravesaba graves dificultades económicas y sociales, y reclamaba combatir la corrupción. Dirigí el esfuerzo de mi gobierno a recuperar la ética republicana y resolver los problemas del crónico endeudamiento, la persistente recesión, el sufrimiento social y la plena vigencia de la Constitución. El respeto a la ley y la fidelidad a los principios de la democracia han sido el fundamento permanente de mi conducta a lo largo de toda mi vida pública y en el ejercicio del gobierno.

La compleja situación requería una nueva política basada en la unidad nacional. Así lo planteé desde el comienzo. En 2001 era aun más necesario. Urgía reducir el déficit, preservar la estabilidad y combatir el desempleo y la pobreza. Un conjunto de circunstancias adversas lo dificultaba. Fue necesario implementar el déficit cero con restricciones presupuestarias, y negociar apoyo financiero internacional. En amplio gesto de diálogo venía convocado a fortalecer la unidad imprescindible y definir coincidencias entre gobierno, partidos y sectores.

Después de los comicios la situación empezó a complicarse. La aprobación del presupuesto nacional era necesaria para que continuara la ya acordada ayuda financiera externa. La mayoría justicialista, a la vez que anunciar su rechazo, apuraba la sanción de leyes que evidenciaban el conflicto político. También el grupo oficialista, radicalismo y frepasismo, cuestionaban el proyecto de presupuesto. Se llevó a cabo la primera etapa de canje de la deuda, con importantes ahorros para 2002-2003. El día que se concretaba sectores interesados alentaron una corrida de depositantes que hizo necesario dictar el decreto de bancarización. Esto originó proyectos parlamentarios en contra y reclamos gremiales. Pero había que avanzar. Estaba firmemente decidido a mantener la estabilidad monetaria, la paridad cambiaria y la convertibilidad, y evitar el default. Eran enormes los riesgos de apartarse de ese camino.

Sin embargo, otros querían lo contrario. Querían el poder. Muchos justicialistas y radicales de Buenos Aires planteaban un cambio de gobierno y el gobernador de la provincia quería alejarse de su cargo. Una extendida situación de violencia empezó a manifestarse en muchas provincias.

Ante la gravedad de los hechos y el reclamo general, el 19 de diciembre decreté el estado de sitio. Por su trascendencia, lo informé públicamente a través de un mensaje. El día 20 formulé un llamado a la unidad, convoqué a deponer la violencia e invité a la oposición a integrarse a un gobierno de unidad nacional. El rechazo de los legisladores del justicialismo, principal partido de oposición con mayoría parlamentaria, puso en claro que no contaría con ellos para decisiones imprescindibles. Los dirigentes parlamentarios de mi propio partido coincidían en la posibilidad de una solución. Como o anticipara en mi mensaje, puse al servicio del país la decisión suprema de mi propio renunciamiento. Es ese día presenté la renuncia a la Presidencia de la Nación. Consignaba en ella el objetivo de contribuir a la paz social.

La investigación que lleva adelante este Tribunal tiene gran importancia, además de su fin específico, para determinar la verdad histórica. Es fundamental saber quiénes incurrieron en excesos, dispararon ocasionando muertes o armaron a los responsables. Hay múltiples reclamos de averiguar si se movilizó a grupos violentos por objetivos políticos. Es importante saber quiénes hayan actuado al margen de la ley sin que pueda reprocharse a toda la fuerza de seguridad o a todos los manifestantes. Quiero expresar mi gran dolor, mi condena y mi absoluto rechazo por esos hechos. Nada lo justifica. Nada lo explica. Durante todo mi gobierno, frente a reuniones o manifestaciones o actos de protesta o reclamo, se extremó siempre el celo para evitar la violencia y actuar con estricto criterio de legalidad. Las fuerzas de seguridad y sus jefes estaban compenetrados de estas consignas.

Debo lamentar que mi alejamiento del cargo impidiera una adecuada y profunda investigación administrativa. Confío que la investigación judicial permita conocer la verdad, despojando la escena de intereses o escándalo, y descubra a sus autores. Debo señalar la importancia de la actuación de V.S. el mismo día y en el lugar de los hechos, y el valor y el significado de esta investigación judicial. Debe quedar bien claro que la misión de las fuerzas policiales sólo pudo ser la prevista por la ley para el resguardo de la seguridad. Como lo manifesté en el escrito agregado en autos (que redacté el 21 aunque llegara después al Tribunal) no di orden alguna contraria a la ley o disposición judicial, y estoy convencido que igual actuaron todos. El profundo apego a la legalidad, el respeto a la Constitución y la defensa permanente de la paz, la vida y la libertad, han sido la orientación permanente de mi Gobierno.

El estado de sitio.

Desde el viernes anterior venía incrementándose la tensión en el país. Acompaño un conjunto de publicaciones periodísticas de la Capital y del interior que lo demuestran y exhiben el clima que se había creado. En algunas provincias hubo incidentes con pérdida de vidas. Varios casos se atribuyen a la reacción de propietarios de comercios al rechazar agresiones.

Se ha conocido después que hubo ataques provocados convocando falsamente a reparto de comida para incitar al saqueo, otros atemorizando a vecinos por supuestos ataques, otros por un extendido sistema de asalto a supermercados con robo e incendio. Se criticó la pasividad policial en la provincia de Buenos Aires donde habrían fallecido 8 personas, hubo marchas alentadas oficialmente como la iniciada por el intendente West de Moreno, y el dirigente piquetero De Elía, de La Matanza, denunció que del Gobierno provincial le quisieron pagar para los asaltos, a lo que se negó (diario Clarín, diciembre 21, adjunto). El gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann el 15 de marzo removió a su ministro de gobierno por la represión de esos que días que registró 7 muertos. El gobernador de Entre Ríos Sergio Montiel reprocha al senador Busti haber incitado a la violencia. Acompaño un resumen de declaraciones y comentarios de prensa sobre la necesidad de investigar la actitud sediciosa. Tramita incluso una denuncia sobre un plan sedicioso, como consta a fs. 451 en el oficio del Sr. Juez Oyarbide. Estos graves hechos se presentaron como un espontáneo estallido social pero tras ellos habría existido una incitación organizada para precipitar la crisis.

En un marco de tensión y violencia por hechos hasta entonces considerados de alcance local a cargo de gobiernos y policías provinciales, surgieron pedidos de ayuda al gobierno nacional, y una decisión en ejercicio de sus potestades constitucionales. Evaluada la situación con el Ministro del Interior y previa consulta a los gobernadores y autoridades parlamentarias, y confirmada su viabilidad constitucional, resolví establecer el estado de sitio. El Dr. Mestre me había señalado la coincidencia y aun el pedido de gobernadores y legisladores (personalmente hablé con el Presidente del Senado Ramón Puerta quien dijo eso era lo que se debía hacer) ante la conmoción interior existente.

La facultad presidencia era clara por la urgencia y por haber cesado el Congreso sus sesiones ordinarias, reuniéndose al momento sólo en extraordinarias. Sin perjuicio de ello se le informó de inmediato y la cuestión se incluyó en el temario de estas últimas. Los motivos eran evidentes. La descripción de Joaquín V. González (Obras Completas, Tomo Quinto, página 136) parece reflejo de la situación que se vivía. Intervinieron los ministros del Interior y de Justicia y sus asesores jurídicos así como la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores precticó la comunicación a los organismos internacionales del caso. En cambio no participó por no corresponder la Secretaría aparte de hallarse ausente su titular Dr. Enrique Mathov. Las copias de prensa adjuntas muestran el apoyo que tuvo y las críticas por dejarlo el viernes 21 en efecto, lo que confirma la necesidad de haberlo establecido. Ramón Puerta entre ellos quien, a cargo del Poder Ejecutivo, lo restableció mediante tres decretos para Buenos Aires, Entre Ríos y San Juan. Previamente, en el Congreso se reconoció su vigencia y la Asamblea Legislativa lo mencionó como válido al describir la situación.

La implementación de la medida es de competencia del Ministerio del Interior. No se dictaron reglamentaciones ni se establecieron restricciones específicas a derechos o garantías. El estado del sitio no determina ni condiciona la preservación del orden público como responsabilidad del Estado. En caso de violencia o inseguridad, las medidas de protección de personas y bienes o del orden público, son independientes de su vigencia. Ni se pensó en cualquier restricción informativa, La decisión de establecerlo correspondía a una potestad propia del Poder Ejecutivo. No sólo era una facultad sino un deber frente a la crítica situación del país. Era plenamente justificado, legal y necesario, y fue respaldado pese a las expresiones críticas por la situación económica. Produjo el efecto de disminuir la violencia y desactivar las agresiones, permitiendo dejarlo sin efecto el 21.

Está agregado en autos el decreto y sus fundamentos. La pacificación del país es un deber fundamental del Gobierno y en especial del Presidente. Asumí ese deber en plenitud. En el llamado que formulé el día 20 convocando a un gobierno de unidad nacional insistí en esa postura, reclamando evitar cualquier tipo de violencia.

Las vísperas.

La noche del 19 y hasta las 3 del 20 hubo una importante reunión entre representantes del gobierno y de la oposición justicialista. Participaron, por aquél, el Jefe de Gabinete Cristian Colombo, el Ministro del Interior Ramón Mestre y otros, y por el Justicialismo el Presidente del Senado Ramón Puerta, el gobernador Ruckauf, el senador Eduardo Menem y otros. Se coincidió en impulsar un cambio de ministros, integrar un gabinete de unidad y preservar la institucionalidad y la autoridad presidencial. La implementación del acuerdo era el tema central del día 20.

Temprano hablé a solas con el Jefe de Gabinete Cristian Colombo quien se haría cargo del Ministerio de Economía (ya se había anunciado la renuncia de Domingo Caballo). Esa fue la única reunión en Olivos antes de ir a la Casa de Gobierno. Lo consigno por las crónicas o comentarios irresponsables que suponen encuentros o afirmaciones inexistentes. La falsedad y la imaginación andan juntas y hasta dan lugar a un libro sacado de los diarios y con los propios errores de estos, que después otros citan. La fábula pretende convertirse en memoria. Incluso esa mañana, desde Olivos sólo hablé por teléfono con Nicolás Gallo para anticiparle que debía hacerse cargo de Producción e Infraestructura. Para implementar esos cambios me trasladé a la Casa Rosada, después de las 10.00. Allí me reuní de nuevo con Colombo y con Cavallo a quienes indiqué preparar los decretos y anuncios del caso.

El ministro del Interior, Ramón Mestre, concurrió a informarle los sucesos de la víspera. Luego se sumó el Ministro de Justicia. Explicó que disminuían los conflictos en el país y que en Plaza de Mayo se habían puesto vallas. El Ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, se comunicó con V.S., que estuvo en la Plaza. La indicación fue ubicar a la gente tras la valla y tenerla como límite. El Dr. Mestre, cuyo criterio fue siempre que las medidas de prevención para el orden y la seguridad se ajustaran a la más estricta legalidad, se retiró para ponerlo en práctica. No me informó de hechos graves ni pronósticos preocupantes.

Después seguí la reunión con los ministros Colombo y Gallo con miras a la prevista reorganización ministerial. Fueron surgiendo inconvenientes políticos y el compromiso de la víspera parecía complicarse. Hubo reuniones y comunicaciones telefónicas. Decidí dar un mensaje público a las 16.00. Me concentré en preparar las bases de la exposición, que inicié a las 16.10 con un llamado a la responsabilidad, la paz social y la formación de un gabinete de unión nacional. Anticipé estar dispuesto a gestos de grandeza y a los mayores renunciamientos. A poco de concluir, el presidente del Bloque de diputados justicialistas, Humberto Roggero, rechazó el llamado en términos desmedidos: en vez de diálogo anunciaba juicio político. Los signos eran claros. No había unidad posible. El senador Maestro me trasmitió la opinión en igual sentido de los legisladores oficialistas, y que toda gestión era inviable y lo único posible la renuncia.

Sin duda, sin disposición al diálogo, sin ánimo positivo de construir conjunto, no podrían superarse las dificultades del país. Sin voluntad de los legisladores propios, con los gobernadores en queja por más recursos y anuncios sindicales de paro, decidí renunciar. Le debía al país asegurar las instituciones permitiendo una sucesión los más normal y menos traumáticas posible, de modos que quienes tienen mayoría propia en el Congreso la hicieran valer para resolver los problemas. Mi gobierno luchó hasta el fin para mantener la estabilidad y evitar el default. Ellos seguirían el camino del default y la devaluación. Ahí está.

Después de varias comunicaciones telefónicas con los actores políticos de ese día, me encontré en la redacción de mi renuncia, tarea para mí personal e indelegable. Era consciente de la significación histórica del momento. Hasta entonces habíamos trabajado incansablemente por superar las dificultades del país. Ahora se iniciaba otra etapa. Escribí el texto a mano, lo firmé y lo entregué al Dr. Virgilio Laiácono, secretario Legal y Técnico, para llevarlo al Congreso.

El día 20 debía ser normal y de soluciones constructivas en el plano de lo político, estableciendo un gabinete de unidad nacional con la colaboración de todos los partidos.

La policía debe actuar conforme a la ley para preservar personas y bienes, incluyendo edificios públicos y sedes gubernamentativas. No precisa para ello instrucciones políticas ni judiciales. Es su deber y su misión. En cuanto a cómo debe hacerlo, una prolija reglamentación, que está en autos regula su actuación e incluye el uso de armas de fuego convencionales. El estado de sitio no cambia el mod0o de actuar.

En caso de estado de sitio, el Poder Ejecutivo puede disponer la detención y traslado de personas si no prefieren salir del país. La ley de hábeas corpus , de la que fui autor, exige vincular las detenciones con sus motivos. Así se procedió en este caso. El decreto 1682/01, relativo a 29 ciudadanos, se fundó estrictamente en ellos. Me fue elevado por la vía correspondiente desde el Ministerio del Interior y Jefatura de Gabinete, pasando por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, que son las áreas que deben intervenir, en forma de proyecto de decreto que suscribí la tarde del 20. Corresponde a una potestad propia de Poder Ejecutivo.

El día 21, considerando logrados los fines propuestos por la disminución de la violencia en el país, resolví dejar sin efecto el estado de sitio. Al hacerlo se me dijo que había un trámite por otras detenciones pero no me llegó ni firmé decreto alguno. El decreto de derogación significaba la libertad automática de todos los detenidos. Supe también después que muchos ya habían recuperado la libertad mediante un recurso judicial de hábeas corpus.

Los hechos fatales.

Al concurrir a la sala de prensa para el mensaje de las 16.00 me fue comentado que en la Plaza de Mayo los manifestantes se estaban retirando. Después pregunte al Dr. Mathov, allí presente, por la situación en el país y si había de lamentar alguna muerte en la ciudad como decían transmisiones televisivas. Se comunicó con el Jefe de Policía y me contestó que no. Fue un gran alivio porque lo más grave y doloroso sería que eso sucediera. Desgraciadamente horas después se confirmaría la inesperada información por la que habría que lamentar pérdida de vidas.

Aunque nunca obtuve confirmación oficial, la primera habría ocurrido sobre Av. De Mayo frente al edificio donde están el Banco HSBC y la Embajada de Israel, al disparar la custodia particular desde adentro del edificio. Otras sucedieron sobre la Av. 9 de Julio. Era difícil suponer, con grupos que tendían a disolverse, que sobre el Obelisco recrudeciera la violencia y los hechos tuvieran ese trágico final. Consta en autos que los fallecidos son Diego Lamagna, Marcelo Rivas, Carlos Aimirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto. Sentimos dolor por ellos. Nada justifica ni explica la tragedia. Lo penoso es que realmente la gente se iba retirando de la Plaza y los desgraciados sucesos, salvo el del HSBC, ocurrieron sobre la Av. 9 de Julio en un ámbito abierto que lo hace difícil entender. La Policía no puede usar munición convencional o de guerra, debe actuar con armas no letales. A esta altura y por cuanto se sabe, no puede afirmarse si los autores fueron policías o terceros. La prensa habló de vehículos no identificados, de munición del tipo policial, de incendios y corridas, en una situación que en la zona del Obelisco alcanzó imprevista e inusitada violencia.

Después de una jornada cuya mayor complejidad era en la Plaza, cuesta imaginar cómo ocurrieron realmente los hechos en la Av. 9 de Julio. Es fundamental descubrir a los autores, y esta es la importante tarea asumida por V.S. Como Presidente de la Nación tuve confirmación de la existencia de muertes, aunque sin precisiones, recién cuando a la noche me fue avisado por el Secretario de Seguridad Dr. Enrique Mathov, presente en el Juzgado a donde concurrió para informar.

Alrededor de las 19.00 hs. recibí un oficio de V.S. que hacía saber la existencia de un sumario y órdenes impartidas y requería información sobre autoridades y detenciones. Dispuse que el Secretario Legal y Técnico lo respondiera de inmediato prestando colaboración al Tribunal. En ese oficio se hacía referencia a los fallecimientos también en base a la información televisiva.

Luego me retiré de la sede de Gobierno. Al día siguiente, en mi despacho de la Casa Rosada, firmé el último decreto: la derogación del estado de sitio.

Reflexión final.

He querido de manera sucinta los hechos de esos días. La investigación judicial trata acontecimientos que no fueron aislados sino parte de un contexto general en un marco de gran complejidad. Es preciso verlos en conjunto y orientar también la investigación a quienes hayan incitado a la violencia.

La investigación de los hechos que lleva adelante el Tribunal tiene gran importancia. Es imprescindible descubrir la verdad para saber si se incurrió en excesos o si hubo quienes armaron el brazo de los responsables. Se reclama averiguar quienes movilizaron grupos violentos para alcanzar objetivos políticos, y quienes puedan haber actuado al margen de la legalidad en la tarea policial.

Fui protagonista de una crisis que culminó con el cambio de poder en la Argentina. El país vive horas difíciles. A su servicio puse lealmente mi esfuerzo y patriotismo. La profundidad estructural de los problemas dificultó soluciones esperadas. Tengo un profundo sentimiento de pesar porque para empujar el cambio se haya a la violencia, que hechos violentos se hayan producido y que a consecuencia de esa violencia hubiera pérdida de vidas humanas.

Quiero reconocer el esfuerzo y vocación de legalidad de todos los integrantes de mi Gobierno, sus dependencias y reparticiones. Vengo ante V.S. con el mayor espíritu de colaboración. La verdad y la justicia son esenciales. Deseo intensamente que no se repita la violencia y podamos superar en paz los difíciles problemas de la hora.

Dios guarde a V.S.

Fernando de la Rúa.