El juez federal Norberto Oyarbide postergó para el próximo jueves la ampliación de la declaración indagatoria que el espía Ciro James debía prestar el martes en la causa en la que se investigan escuchas telefónicas.
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Fuentes allegadas a la investigación confirmaron hoy que el magistrado accedió a un pedido del abogado Enrique Villareal, defensor de James, quien solicitó la postergación de la audiencia en la que su asistido será imputado, además, de formar parte de una asociación ilícita.
Por esa misma figura penal ayer amplió su declaración indagatoria el detenido ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios, quien manifestó "no conocer a ninguna de las personas imputadas" en la causa, a excepción del sindicado espía.
Respecto de James, el ex comisario afirmó que lo conoció en 2002 "porque participó en un procedimiento por un secuestro de armas, como auxiliar de inteligencia de robos y hurtos".
En la misma causa en las últimas horas volvió a declarar como imputada la abogada Lidia Kruchowsky, secretaria del juzgado de la primera circunscripción de Posadas, Misiones, desde donde se emitieron las órdenes de escuchas telefónicas.
Si bien en una primera indagatoria había deslindado responsabilidades en el juez y en los policías que pedían las órdenes para las intervenciones telefónicas, en esta nueva oportunidad afirmó que "el juzgado fue estafado procesalmente".
De acuerdo a las normas procesales corresponde ahora que Oyarbide resuelva la situación de Palacios -quien ya está procesado por falsificación de documentos y por las escuchas ilegales- por los nuevos hechos por los que fue indagado ayer y que consisten en integrar una asociación ilícita.
En tanto, la defensa del "Fino" aguarda con expectativa la audiencia que tendrá el jueves en la Cámara Federal donde tramita la apelación a la denegatoria de excarcelación que plantearon.
El abogado Diego Richards espera poder incluir en el mismo trámite la apelación al procesamiento y prisión preventiva de su cliente e insistirá en sus planteos de "nulidad de todo lo actuado".
Basará su posición en que la causa se inicia por la "pinchadura" al teléfono de Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA, y se trata de un expediente de "acción privada", es decir que debe ser el mismo damnificado quien lo impulse, sin intervención fiscal.
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