Espías: confirman procesamiento de Palacios y Ciro James

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por asociación ilícita del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y del ex empleado del Gobierno porteño Ciro James en la causa por espionaje ilegal, informaron fuentes judiciales.

La resolución de la Sala I del Tribunal no modificó la situación de ambos que se encuentran detenidos con prisión preventiva por orden del juez federal Norberto Oyarbide.

A raíz de esta resolución, Oyarbide comenzaría a analizar la posible citación del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, tal cual lo había deslizado el propio magistrado en declaraciones periodísticas.

En la misma resolución, la Sala I amplió los procesamientos de James y Palacios por nuevos casos de escuchas ilegales y falsedad ideológica.

"A través de la instrucción de la causa se ha logrado determinar que, durante diversos períodos temporales, se interceptaron las comunicaciones telefónicas particulares de los ciudadanos Néstor Leonardo (cuñado de Macri), Rodrigo Velazco, Carlos Ávila (empresario), Daniela Rocca, Sergio Burstein (familiar de víctima de la AMIA), Federico Infante, Jorge Navarro Castex, Francisco Castex y Susana Saint Porres", recordó la Cámara en el fallo de 36 carillas.

Los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah explicaron que entre James y Palacios se "registraron en total 191 llamadas (incluyendo intentos de comunicación) durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2008 y el 28 de septiembre de 2009", y que muchas de ellas coinciden con las fechas en que el espía y ex empleado del Gobierno porteño retiraba los casettes de la SIDE con el contenido de las escuchas.

En la investigación se pudo demostrar que las intervenciones eran solicitadas por personal policial de Misiones, simulando la existencia de posibles causas contra los propietarios de las líneas telefónicas, y las mismas fueron autorizadas por dos jueces de Posadas.

Según la Cámara "James fue quien se encargó de proporcionar los números de teléfonos intervenidos a las autoridades policiales de la Provincia de Misiones quienes, contando con dicha información, confeccionaron las solicitudes de intervención que resultaron necesarias para lograr la interceptación indebida de las comunicaciones telefónicas de ciudadanos completamente ajenos a los homicidios investigados por la justicia misionera".

"Así James, cual si de un denominador común se tratase, fue el encargado de establecer y mantener el contacto entre la sede de operación local-individualizado, hasta ahora, en la persona de Palacios-, y de aquellos que serían los nexos necesarios para el despliegue de las maniobras acordadas: la policía de misiones y los funcionarios judiciales", recordó la Cámara.

Al imputarles a James y Palacios el delito de asociación ilícita, el Tribunal sostuvo: "el actuar coordinado, conjunto, funcional de los imputados, que incluso ha atravesado tiempos y distancias, demuestra que lo acaecido entre los años 2007 y 2009 no se instituyó en la canalización de un plan aislado".

Al respecto, los jueces recordaron las comunicaciones entre James, Palacios y los secretarios judiciales de misiones "en las fechas próximas a solicitarse o disponerse la intervención o prórroga de las ilegítimas intervenciones investigadas".

Para los jueces, al efectuarse la maniobra hubo "toda una maquinación debidamente concertada, concretamente planeada, que involucró a diferentes personas, con diversas funciones, y que en razón de ellas quedaron convocadas en la asociación".

En el fallo, los jueces confirmaron el procesamiento por asociación ilícita a los policías misioneros Diego Guarda, Raúl Rojas, David Amaral, Antonio Fernández y Rubén Quintana.

Asimismo decretaron la "falta de mérito" para los secretarios judiciales de misiones Mónica González, Lidia Kruchowski, Fernando Castelli, y Augusto Busse.