Retoman pista del espionaje penitenciario en causa de Lomas

Política

Cada exfuncionario y empresario preso era asignado a espías del grupo "Super Mario Bros". Había un protocolo para buscar información. Negocios y "arrepentimientos", el objetivo de la estructura debajo del extitular del SPF, Blanco. Detalles de la hipótesis que pueden disparar indagatorias.

Dos funcionarios del SPF que tenían registrados domicilios distintos al que residían y que no se presentaban a sus funciones desde la intervención del servicio penitenciario fueron allanados, y sus celulares secuestrados. Carlos Marchese y Fernanda Koser (Servicio de prevención de la corrupción) eran cercanos al extitular del SPF Emiliano Blanco, del que Ámbito había adelantado que empezaba a estar en la mira el 12 de junio pasado, por espionaje ilegal en su capítulo penitenciario. Se encontraron algunas carpetas con documentación del SPF en el domicilio de la mujer, que había informado una dirección que en realidad era de su hermana. En el SPF, habían borrado el contenido de sus computadoras. No se sabe todavía desde qué momento eliminaron datos. Estos allanamientos, sumados al del propio Blanco y a la reedición de operativos en Ezeiza y en las sedes del “Área 50”, resucitaron la trama de vigilancia clandestina sobre exfuncionarios y empresarios detenidos que había iniciado el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien llegó a rastrear la compra de cámaras especiales y micrófonos de alta tecnología que se adquirieron por cuenta y orden del SPF pero nunca se pagaron con fondos del servicio.

Todo este combo le permitirá al juez Juan Pablo Augé retomar desde el punto en el que se había quedado la investigación respecto a este tramo. Y si los fiscales lo requieren, disparar una serie de llamados a declaración indagatoria. Los más comprometidos son el director de inteligencia penitenciaria Cristian Suriano, el exjefe de Asuntos Internos del SPF, Miguel Ángel Perrota, Fernando Carra -asesor de Blanco- y alguien a quien un testigo de identidad reservada sindicó como “hombre rata”, que fungía como chofer y se trata de un presunto agente de inteligencia. A estos hallazgos y el testimonio clave se le suman las pruebas del teléfono del espía Leandro Araque, cuyo secuestro data de 2019. Allí estaba consignado el Excel de “prioridades” del IRIC, junto a un “protocolo” con preguntas que debían averiguar respecto de los detenidos. Cada uno de los presos tenía asignado un integrante del grupo “Super Mario Bros” que lo debía “caminar”.

Como ya se reveló, existía un semáforo para establecer objetivos: Ricardo Jaime tenía detrás suyo a Jorge “Turco” Sáez, uno de los principales miembros del grupo; Lázaro Báez a Denise Aya Tenorio; Cristóbal López a “Martín”, Terra -amigo de Gustavo Arribas- es el único del grupo que tiene ese nombre de pila. Julio De Vido y Roberto Baratta estaban asignados al “Grupo Emiliano”, por Emiliano Matta; Jorge Chueco a Mariano Flores, lo mismo que el contador Víctor Manzanares. El ex Yaciretá Oscar Thomas tenía una doble asignación: Sáez y Aya Tenorio juntos. Fernando Esteche cerraba la lista de “puntos rojos” bajo el seguimiento de Mercedes Funes Silva.

Los “amarillos”: José María Olazagasti (exsecretario de De Vido) y Rafael Llorens tenían detrás al Grupo Emiliano; Daniel Pérez Gadín -contador de Báez- a Aya Tenorio; y Carlos Santiago Kirchner a Funes Silva. El empresario Fabián De Sousa aparece con seguimiento de “Martín”, mientras que su par Gerardo Ferreyra tuvo al Grupo Emiliano tras sus pasos. Claudio “Mono” Minnicelli era seguido por Funes Silva mientras que el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina lo era por María Belén Sáez y María Andrea Fermani. Esta última tenía como asignación también al exintendente de Río Turbio Atanasio Pérez Osuna. El exjefe del Ejército César Milani estaba asignado a la espía Aya Tenorio mientras que Nelson Lazarte –exsecretario de Baratta- estaba dentro del espectro del Grupo Emiliano. La clasificación en colores tenía dos verdes: el sindicalista Omar Caballo Suárez y el jerárquico de AFIP Rafael Resnick Brenner, ambos bajo el seguimiento de Andrés Patricio Rodríguez, un exagente penitenciario bonaerense que era el “puente”, además, con lo que ocurría en el penal de Melchor Romero, donde estaba “cableado” el sector destinado a las reuniones con abogados.

En Ezeiza, además de la cámara colocada a Mario Segovia encontraron cables cortados con otra distribución para otras celdas. Existe la duda respecto de varias cuestiones ligadas al exRey de la Efedrina: el SPF había informado que Segovia descubrió la cámara clandestina y la arrancó. Pero había otra. Fue su caso el que motivó que se lo traslade al IRIC para garantizar que no cumpla un supuesto plan de fuga. Dos televisores de 50 pulgadas tenían ese monitoreo de cámaras desde el “Área 50”, con turnos de 8 horas y cuatro personas asignadas.

La hipótesis es que Perrota usaba celadores del IRIC como informantes, pero específicamente respecto de los enlistados en el Excel y sobre esas categorías como lazos de cercanía, allegados, visitas, abogados, etcétera. Pero lo que se buscará en confirmar el rol de Carra, que con información de Perrota y Suriano (todo lo referido a los monitoreos) tenía como función “ablandar” a los detenidos para que declararan como arrepentidos. Según el testigo de identidad reservada, Carra se jactaba se haber realizado ese trabajo sobre José López, el exchofer Oscar Centeno y el valijero Leonardo Fariña. Según esas mismas constancias, ofrecía desde privilegios en la cárcel (algo que varios de los exfuncionarios confirman) hasta morigeración de penas y acceso y beneficios dentro del Programa de Protección de Testigos e Imputados. Todo esto empieza ahora a ser retomado por la justicia, con la mira en la pata penitenciaria del escándalo de espionaje.

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