Feligresa y conservadora

¿Se desprende Cristina de Kirchner de uno de los temas que alejan al gobierno de la Iglesia Católica? Ordenó a la Cámara de Diputados dejar vencer el 10 de diciembre todos los proyectos sobre regulación del aborto o salud reproductiva. Son todas iniciativas presentadas por seguidores de su marido y alimentadas por Ginés González García. Provocaron este año los cruces más violentos con el cardenal Jorge Bergoglio, a quien la Casa Rosada señala como el jefe oculto de la oposición. Ahora, la presidente electa quiere simular una tregua y cambiar esa relación. En la mencionada fecha todos esos proyectos perderán vigencia automáticamente y por un largo tiempo no se volverá a hablar de ellos. Por lo menos, mientras Cristina intente amigarse con el Episcopado.

Jorge Bergoglio

La orden desde la Casa Rosada fue terminante: dejar morir en el Congreso todos los proyectos anticlericales. En esa lista entran media docena de reglamentaciones al aborto terapéutico o por violación de menor discapacitada -como fija el Código Penal-y hasta versiones de autorización para distribución de la píldora del día de después. Ahora todo ese arsenal que no deja dormir a Jorge Bergoglio quedará en la nada por pedido de Néstor Kirchner. Es la primera puerta que el gobierno quiere abrir para una reconciliación de la Iglesia con Cristina de Kirchner.

No será difícil que esos temas pasen al olvido. Gracias a la renovación de la Cámara, todos los proyectos perderán vigencia el próximo 10 de diciembre. La orden de Cristina Kirchner se cumplirá entonces en el Congreso sólo con hacer nada.

Así la nueva presidente tendrá el camino libre para iniciar el diálogo con la Iglesia sin tener en el camino las molestias que suponen las leyes anticlericales contra el aborto que esperan en el Congreso y que en la mayoría de los casos fueron presentadas por diputados aliados al gobierno.

En esa pelea ahora trunca, está incluida la disputa entre Bergoglio y Ginés González García por la regulación de los casos de aborto no punible.

El pico de esa tensión llegó a mediados de este año cuando la Comisión de Salud de Diputados aprobó el dictamen del proyecto presentado por la kirchnerista porteña Juliana Marino y la socialista Silvia Augsburger, que tuvieron enfrente un despacho de minoría elaborado por la macrista Paula Bertol.

Un comunicado de la Comisión Episcopal Argentina emitido en junio con la firma de monseñor Luis Villalba, arzobispo de Tucumán, y monseñor Agustín Radrizzani, obispo de Lomas de Zamora, era terminante sobre la osadía que intentaba el oficialismo en el Congreso: «No existe en nuestra legislación norma alguna que autorice a los gobiernos o a las legislaturas provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires a legislar sobre cuestiones de fondo», decía el texto.

El proyecto de regulación y ampliación de casos para el aborto no punible tuvo dictamen en la Comisión de Salud, pero no de la de Legislación-Penal, para poder bajar al recinto.Ese es el principal conflicto en el Congreso entre el gobierno y la Iglesia.

Excepciones

En la Argentina, según el artículo 86 del Código Penal, el aborto es ilegal, aunque hay dos excepciones a las penas fijadas a la mujer y a quien lo practique: cuando el aborto se practica para «evitar un peligro para la vida o la salud» o «si el embarazo proviene de una violación a una mujer idiota o demente».

Pero los médicos se niegan a practicar el aborto por sus propias convicciones, que en realidad ocultan el temor de que alguna asociación cercana a la Iglesia les inicie alguna acción penal que los tenga en vilo por años.

Ahora ni siquiera ese peligro existirá. Mientras el gobierno quiere desandar el camino de desencuentros con ese jefe de la oposición que fue el cardenal Bergoglio -especialmente en el armado de coaliciones en la última elección-, ya ofrece la primera prenda de paz: el 10 de diciembre todos esos proyectos molestos desaparecerán automáticamente de la agenda legislativa.