Fiscal denuncia a ex SIDE por caso Perel

El fiscal general Maximiliano Rusconi impulsó ayer una denuncia penal contra el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y contra el Banco Mercurio por sus presuntas relaciones con el operador financiero muerto en Cariló, Mariano Perel. Al mismo tiempo, el juez federal Gabriel Cavallo analiza si indaga a otro ex secretario de la Inteligencia estatal: el ex banquero Fernando de Santibañes que debió renunciar por su enfrentamiento con Carlos Chacho Alvarez a raíz de las derivaciones del escandaloso «affaire» del Senado.

Cavallo se llevó de la SIGEN -Sindicatura General de la Nación-a cargo de Rafael Bielsa, carpetas con números de cuentas y empresas de la SIDE que se sospecha que podrían haber servido de pantalla para el pago de esas presuntas coimas. Si bien Cavallo podría haber obtenido esa información de la causa judicial que llevó adelante su par María de Servini, prefirió el informe de Bielsa, aunque no se sabe si por razones técnicas o ideológicas, ya que ese informe no varía en mucho del que ya tenía Servini y que anticipó este diario en su momento.

De la SIGEN, el juez retiró los nombres de varias sociedades -Tiumayú, Emcosud, Amsud y Osgra-que la SIDE había armado para ocultar operaciones de espionaje, aunque en una copia devaluada de servicios de países desarrollados, caso concreto la CIA americana. Esas empresas salieron a la superficie cuando varios de los ex agentes despedidos por De Santibañes, y que figuraban como accionistas testaferros, pretendieron quedarse con los activos físicos y financieros de las sociedades. Ello dio lugar a una causa judicial que gerenció Servini de Cubría y que se cerró al devolver las acciones, los ex espías criollos.

Complicación

Pero, además, esos datos ya los tenía Cavallo porque apenas inició sus investigaciones el ex juez Carlos Liporaci, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado se los pidieron a Servini de Cubría. El otro dato ya se conocía porque la SIGEN de Bielsa lo había revelado; es el depósito de $ 22.300.000 que apareció en una cuenta del Banco Nación y que el contador de la SIDE, Juan José Gallea, no lo había declarado ante Liporaci. El dato, nuevo, de esta movida de Cavallo, quien aspira a ser camarista federal pese a estar cuarto en la lista de preselección, es que no cerrarían los números con que se justificó el pago de sueldos: De Santibañes decía que gastaba $ 8 millones y, al parecer -según Bielsa-, sólo se usaba la mitad.

El otro tema que complica a la Central de Inteligencia del gobierno es la presunta contratación de Perel para ingresar equipos sofisticados de escucha en (supuesto) perjuicio del ex fiscal federal, Luis Moreno Ocampo. Como las escuchas, aun en el caso que no sean ordenadas por un juez competente, no están penalizadas en la ley argentina, Moreno Ocampo, con la colaboración del abogado frepasista, Ricardo Monner Sans, denunció a Anzorreguy y al ex oficial de contrainteligencia de la SIDE, Carlos Doglioli, por el presunto delito de contrabando.

Como Rusconi coordina la Unidad de Fiscales que supervisa en la DGI todas los casos de supuesta evasión y contrabando, ratificó esta denuncia ante el juez Claudio Bonadío, quien -ahora- deberá decidir si indaga a Anzorreguy y a Doglioli. Esta denuncia del fiscal general, uno de los funcionarios del ministerio público de fuerte predicamento ante el Procurador General, Nicolás Becerra, se completará hoy con otra acusación contra funcionarios de la propia DGI y de la división Análisis Delictivo de la Policía Federal.