Fernando de la Rúa se entrevistará mañana con Carlos Menem luego de que anoche el gobierno diera el paso más importante desde que asumió en materia de concertaciones (prometió seis veces esa quimera sin concretarla nunca). Sentó a once gobernadores peronistas con el Presidente, Chrystian Colombo, Domingo Cavallo y Adalberto Rodríguez Giavarini, a discutir una salida de la crisis que incluya un complejo programa: bajar el gasto del presupuesto 2002 en $ 1.000 millones pero con cargo a la única administración que el gobierno cree propia, la de Aníbal Ibarra en la Capital Federal. Recibirá los servicios de Policía y Justicia pero sin los fondos nacionales con que hoy cuenta. Se comenzó a analizar también la suspensión del pago del aguinaldo en el sector público. Además, los gobernadores «federales», que asistieron a una reunión en la Cancillería con su coordinador, el senador Ramón Puerta, instalaron sobre la mesa el audaz proyecto de reforma constitucional que el peronismo quiere discutir como forma de bajar estructuralmente el gasto político.
Domingo Cavallo se confesó ayer delante de los gobernadores peronistas de las provincias «chicas», que se reunieron con la cúpula del gobierno, por la tarde, en la Cancillería. Esto es lo que dijo: «El gobierno necesita dos cosas. Primero, que tenga estado parlamentario la Ley de Coparticipación. Segundo, que se apruebe un presupuesto equilibrado. Con esas dos condiciones, el Fondo nos da la plata, y yo puedo negociar un canje de deuda internacional con una tasa de 4%. De ese modo, la reducción de gastos que debemos hacer es de, más o menos, $ 1.000 millones».
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Los gobernadores, de uno u otro modo, contestaron lo que los funcionarios ya sabían: «Estamos para apoyar, pero el ajuste deben hacerlo ustedes y no decir, como decís vos, 'Mingo', que el problema somos nosotros. Del mismo modo, ustedes tienen que conseguir que el Congreso apoye y vote favorablemente». Sugirieron un par de medidas que Cavallo aceptó, al menos provisoriamente. Entre ellas, que se produzca un ahorro en el presupuesto nacional transfiriendo a la Ciudad de Buenos Aires la Policía Federal y, eventualmente, la Justicia local. Y también, que se suspenda el pago del aguinaldo o se elimine algún ministerio innecesario. Como es evidente, la receta de los gobernadores peronistas es una flecha envenenada. Cargar sobre los contribuyentes porteños el peso del ajuste es herir a la Alianza en sus dos flancos, sea el del Frepaso de Aníbal Ibarra o en el de la UCR de Fernando de la Rúa. Obligar al gobierno a postergar o suspender el pago del aguinaldo es también acorralarlo en una medida cuyo costo político hace las delicias del PJ. Cavallo lo comprendió, pero, urgido por las negociaciones internacionales, dijo igual que sí.
De la reunión con los gobernadores (Ramón Puerta -coordinador-, Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero, Julio Miranda, Eduardo Fellner, Carlos Rovira, Néstor Kirchner y Gildo Insfrán) participaron también Fernando de la Rúa, Chrystian Colombo, Adalberto Rodríguez Giavarini y Ramón Mestre. En rigor, éstos eran los cuatro radicales que iban a reunirse en un principio, hasta que Cavallo lo advirtió y se introdujo en el cónclave sin pedir permiso. «Prestanos el despacho», le había pedido el Presidente a Rodríguez Giavarini, con la pretensión de mantener cierta discreción: mucho candor el de De la Rúa, cuando se debe arar con doce políticos para un conciliábulo.
Durante los primeros 10 minutos, los gobernadores realizaron preguntas sobre las medidas que anunció Cavallo, casi todas de corte fiscal. Inquietante, el Presidente le pidió a su canciller que las explicara. Giavarini, quien sigue la política fiscal por vicio profesional, comenzó a dar respuestas, pero, al rato, pidió permiso para retirarse. Es cierto, el «grupo Brasil» lo esperaba para otorgarle el premio Integración, pero el temor del canciller fue que, por sólo mostrarse versado, terminara por alentar a quienes lo quieren en el Palacio de Hacienda.
• Beneficio
Los gobernadores felicitaron a los ministros por la eliminación de los programas de competitividad, que Cavallo explicó minuciosamente. Esos planes beneficiaban a los distritos «grandes», no a los que ellos gobiernan, donde es difícil que haya empresas en condiciones de suscribirlos. Después, aclararon: «Si tienen que hacer un ajuste, que no sea como siempre, metiéndose con los recursos del interior». La voz cantante la llevaron, en este punto, Romero (Fondo del Tabaco) y Kirchner (subsidios a la Patagonia). Insfrán, de Formosa, planteó su propio drama: «Nos aseguraron que habría canje de deuda, pero los bancos siguen cobrándose el goteo de la coparticipación». Cavallo amagó con desmentir, pero el gobernador insistió, levantando el tono. De la Rúa intervino para desviar la atención y, entonces, se habló de los LECOP, que las provincias comenzaron a recibir gracias a la gestión de Puerta, que planteó la demanda cuando visitó al Presidente la semana pasada.
Rodríguez Saá, para esa altura, quería introducir su principal inquietud: la necesidad de una reforma constitucional para reducir la cantidad de bancas del Congreso y, además, eliminar organismos de control que resultan demasiado costosos. De la Rúa lo escuchó y le dio una respuesta indescifrable, como si le hubiera hablado a la corbata.
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