El gobierno seguirá en 2004 con la «renovación» de la Justicia. Por eso, los legisladores del oficialismo recibieron instrucciones precisas para garantizar que la representación del Congreso en el Consejo de la Magistratura sea consecuente con las pretensiones del kirchnerismo, ya avanzadas en el recambio de ministros de la Corte durante el primer semestre.
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En ese sentido, juega un papel preponderante la renovación de la vicepresidencia 3ª de Diputados, que permanecerá vacante hasta febrero. Por número, esa plaza -reservada a la tercera fuerza parlamentaria, detrás del PJ y la UCR-le correspondería hoy, por número, al sector del peronismo disidente que lidera Adolfo Rodríguez Saá.
Pero, además de la oficina y los contratos a repartir, los principales caciques se reservarán para negociar en los últimos días de febrero no sólo la vice 3ª sino, lo que parece más importante a ojos gubernamentales, la delegación de la segunda minoría en el consejo de jueces.
Por ahora, el cargo permanece en poder del ARI de Elisa Carrió, más específicamente en quien fuera mano derecha de la chaqueña en el denominado «show de las cajas» por supuesto lavado de dólares en 2001, la abogada Marcela Rodríguez. Dada la predisposición de los lilistas a sacar magistrados identificados con el menemismo, según el criterio oficial, podría acordarse el ascenso de Alicia Lemme, ex gobernadora de San Luis, en nombre del interbloque adolfista a la vice 3ª, a cambio de que al arismo se le siga reconociendo la silla en el organismo encargado de nombrar y remover jueces.
El ARI, sin aliados, es el tercer bloque en cantidad de miembros. Pero no se desvive por la vice 3ª, entre otras cosas porque la candidata a ocuparla es Graciela Ocaña, enemistada con el heredero de Carrió en la jefatura de la escudería, Eduardo Macaluse. Las críticas a Lilita también han alejado a Ocaña del entorno. En cambio, Rodríguez, a quien Carrió le había prometido su trono, despierta más simpatías entre sus compañeros, además de la confianza que le dispensa la jefa espiritual del ARI.
La propia Cristina Fernández de Kirchner advirtió en el recinto del Senado sobre el control que deberán ejercer los consejeros Miguel Angel Pichetto y Jorge Yoma, si bien no los mencionó con nombre y apellido, en materia tribunalicia. «No puede ser que un juez -por Gabriel Cavallo haya ascendido a camarista porque no investigó el escándalo por las coimas de la reforma laboral», bramó la primera dama.
La proclama sirvió de impulso al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que estudia el caso desde que volvió de vacaciones y se hizo cargo de la testimonial del «arrepentido» Mario «Tato» Pontaquarto.
•Confianza
Pero también tomaron nota los consejeros PJ de la Cámara baja, entre ellos el duhaldista Jorge Casanovas y la salteña Lelia Chaya. En ese sentido, Yoma y Pichetto despiertan, a pesar de su origen, mayor confianza en el Ejecutivo, a diferencia de Casanovas y Chaya, que se reportan a Eduardo Duhalde y a Carlos Menem-Juan Carlos Rome-ro, respectivamente. Todavía no se aplacaron los rumores sobre el reemplazo de Chaya (a quien sustituyó en la vice del consejo el camarista Claudio Kipper) por Ricardo Falú, el tucumano que administra la Comisión de Juicio Político, aun cuando -se supone-seguirá una temporada más allí, hasta terminar la destitución de Adolfo Vázquez. El ARI -hay que recordarloacompañó el ajusticiamiento fallido de Julio Nazareno y, por supuesto, la destitución de Eduardo Moliné O'Connor. Y, para 2004, alienta la defenestración de Vázquez.
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