El Gobierno aseguró que "no hay incompatibilidad de intereses" respecto a la actividad de la canciller Diana Mondino, quien es dueña de un banco y firmó a la vez el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que desregula la actividad financiera.
Gobierno sobre el banco de Diana Mondino: "No hay incompatibilidad"
Ámbito Financiero pudo comprobar que la canciller, que firmó el DNU que habilita la desregulación financiera, es dueña de un banco.
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Exclusivo: Diana Mondino firmó DNU que desregula la actividad financiera y es dueña de un banco
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El Gobierno negó que Diana Mondino ejerza incompatibilidad de funciones.
"No hay absolutamente ninguna incompatibilidad, menos aun en el caso de desregulación del sistema financiero. En todo caso uno podría entender que hay un perjuicio y no un beneficio", sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.
Ámbito pudo corroborar que de acuerdo con la información que publica el Banco Central de la República Argentina, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores es la accionista mayoritaria del banco Roela junto con su hermano, Guillermo Mondino.
Vale recordar que DNU impulsado por el Gobierno elimina el tope de tasa que se les cobra a comercios, quita el techo al interés punitorio por demoras en el pago de tarjetas de crédito y deroga sanciones a las empresas que no informen la tasa de interés. A la vez, omite la gratuidad en la apertura de las cuentas sueldo y las extracciones de dinero para el empleado (figuraban de forma expresa hasta ahora) y abre la puerta a la privatización del Banco de la Nación Argentina.
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El abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, consideró “totalmente objetable” que la canciller Diana Mondino haya firmado el DNU que desregula distintas actividades económicas, entre ellas la del sector financiero, a pesar de ser dueña de un banco.
En declaraciones al diario Perfil, Gil Domínguez consideró que el doble rol de la canciller, como firmante del DNU y accionista mayoritaria del banco Roela junto a su hermano Guillermo (tienen el 49,61% del paquete cada uno según datos del BCRA), es “totalmente objetable”, en función de que la normativa legisla sobre cuestiones que podrían impactar directamente en su patrimonio. "Si estás en la función pública y firmás o emitís una regulación que afecta un ámbito privado, tenés que excusarte porque hay una incompatibilidad ética, más allá de que te beneficie o no", dijo.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) consideró que “de acuerdo con las reglas vigentes de conflictos de intereses, la canciller debería haberse excusado de firmar las secciones del DNU vinculadas a la actividad bancaria en la cual tiene interés patrimonial”. Ante la consulta de este medio, desde la fundación especializada en transparencia Poder Ciudadano, señalaron que “es una situación a prestarle atención” y agregaron que “la Oficina Anticorrupción debería estudiar el tema en profundidad y analizar si configura un caso de conflicto de intereses”.
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