Gobierno porteño gana una batalla judicial

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital Federal, Juan Vicente Cataldo, desestimó una denuncia que había presentado el Sindicato Unico de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires contra el interventor de la obra social, Jorge Rey, así como también contra el procurador general de la Ciudad, Pablo Tonelli, «por desacato a lo resuelto por la jueza Elena Liberatori».

Luego de la intervención decretada por Mauricio Macri a principios de enero, la jueza Liberatori la había rechazado aunque coincidía con la decisión de reorganizar y desregular la obra social. Sin embargo no le daba la posibilidad al interventor de manejar los destinos del dinero que tuvieran que ver, por ejemplo, con contrataciones de los empleados.

«El Directorio de la Obra Social de Buenos Aires continúa en sus funciones para el ejercicio de los restantes cometidos a su cargo según la Ley 472 que no sean ni la desregulación ni la reorganización de la institución», especificaba la jueza Liberatori en el fallo que rechazaba además la orden de cesantía de los 2.300 empleados bajo la tutela de la Ciudad.

Ante este condicionamiento, no bien Rey desembarcó en el mayor cargo de la ObSBA, decretó dos resoluciones en las cuales especificaba que toda transacción que los municipales hicieran en nombre de aquélla debía ser notificada primero al interventor, sin que ello significara que éste estuviera gastando a su cuenta.

«Toda orden de pago, de compra o contratación y todo acto de disposición sobre bienes de la institución deberá contar con el previo, expreso y fehaciente conocimiento del interventor de la obra social», expresaba el documento con que Rey advertía a los gremialistas.

«Lo hizo simplemente para saber la cantidad de plata que se estaba gastando. Ya que, debido a la resolución de la jueza, él no podía tocar ningún dinero, resolvió que todo lo que se gastara solamente le fuese notificado», argumentaron desde el Ministerio de Economía porteño, que comanda Néstor Grindetti.

Estado financiero

En esas dos resoluciones, Rey también encomendaba que se le acercara un informe sobre el estado financiero, edilicio y de insumos con que contaba el hospital Julio Méndez, principal entidad de salud con la que la obra social tiene sus más importantes convenios. Por estas resoluciones, los sindicalistas decidieron dirigirse a la Justicia nuevamente y denunciar penalmente tanto a Rey como a Tonelli «por desacato a lo resuelto por la jueza».

Sin embargo, y a contramano de lo que viene pasando con los amparos presentados por parte de varios de los 2.300 ex empleados, los gremialistas tuvieron ayer su primer revés judicial en este conflicto, que en un principio pareció demostrar una gran firmeza por parte del jefe de Gobierno, pero a medida que pasan los días éste suma más obstáculos que facilidades.