Gobierno prepara un sablazo a fondos del blanqueo de 2016

Política

"Sería una partida genuina, de los que más pueden aportar, para atravesar la pospandemia", aseguraron desde el kirchnerismo.

Alberto Fernández aseguró ayer, en un portal cercano al oficialismo, que el jefe del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, presentará en las próximas horas un proyecto para imponer un nuevo impuesto a quienes hayan blanqueado fondos en 2016, con la denominada ley de “Reparación Histórica” que impulsó el macrismo y que contó con votos de peronistas que hoy responden al oficialismo. “Sería una partida genuina, de los que más pueden aportar, para atravesar la pospandemia”, aseguraron anoche desde el Gobierno a Ámbito Financiero.

Sin embargo, el kirchnerismo también aclaró a este diario que la iniciativa “no será apurada en el corto plazo”. En esa línea, desde despachos oficialistas explicaron que primero se deben “solucionar las cuestiones reglamentarias en el Congreso para reactivar comisiones y también analizar el caso de los legisladores que deberán seguir en aislamiento”. Y remataron: “Todavía no hubo una orden en carácter de ‘urgente’”.

Lo cierto es que, en los últimos años, el Congreso fue la caja de resonancia de débiles consensos que generaron bajas y subas de impuestos. De allí la viabilidad de un proyecto que traerá polémica y, con seguridad, presentaciones judiciales.

Mientras tanto, y en medio de desajustes en oficialismo y oposición, Diputados intentará continuar en las próximas 48 horas con una agenda que incluye las videoconferencias para hoy y mañana de los ministros de Transporte y de Defensa, Mario Meoni y Agustín Rossi, respectivamente.

Quien quedó relegado de las videoconferencias fue el titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni: el funcionario escondido por el kirchnerismo el viernes pasado -cancelaron un contacto con senadores, en una jornada caótica por lo ocurrido con jubilados de todo el país en los bancos- y tampoco intervendrá esta semana en la Cámara baja.

Festejo no feliz

Ya transcurrió al menos una semana desde que legisladores kirchneristas y macristas comenzaron a discutir para saber quién presenta el mejor plan para bajar sueldos en el Congreso, o en todos los poderes del Estado. La situación aún no se solucionó e incluso fomentó una grieta entre las principales fuerzas políticas.

Todo este embrollo se da en medio de una pandemia que genera estragos en la economía, donde las discusiones de iniciativas que proponen los bloques opositores son desoídas casi sin chistar por el oficialismo.

En Diputados, las reuniones sobre rebajas de sueldos legislativos convocadas por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa -insiste en ejecutar alguna medida tras una idea original del antikirchnerismo, y pese a los furiosos comentarios que le llegan desde el Senado-, fueron pospuestas en varias ocasiones. Prometen juntarse mañana.

Alerta

Los ministros de Desarrollo Social, y de Salud, Daniel Arroyo y Ginés González García, respectivamente, disertaron el miércoles pasado -por videoconferencia- en la Comisión de Acción Social y Salud de Diputados, que comanda el legislador oficialista Pablo Yedlin. Durante su exposición, el primero de los funcionarios advirtió que creció de ocho a 11 millones la cantidad de personas que solicitaron alimentos.

Una hora más tarde, González García deslizó la idea de activar un Decreto de Necesidad y Urgencia para declarar de interés público a “todo el recurso sanitario”. Al día siguiente fue desactivado, lo que disparó una nueva ronda de insólitas disputas dentro del propio Gobierno entre operadores y funcionarios de Salud, jefatura de Gabinete y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Iniciativas y repudio

En el Senado, el correntino Pedro Braillard Poccard (PRO) pidió eximir de Ganancias al personal de sanidad. También a clínicas privadas que tengan “hasta 100 camas” por un plazo de dos años. En tanto, diputados macristas rechazaron “enérgicamente el hostigamiento virtual recibido por la legisladora -provincial- Carolina Píparo, por parte del asesino de su hijo, Carlos Moreno, quien hizo uso y abuso de la flexibilización en las comunicaciones de los internos otorgada por las autoridades penitenciarias.

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