Como si fueran la CAME de Osvaldo Cornide, los sindicalistas de la CGT ortodoxa han comenzado a pensar en hacer lobbying en el Congreso para salvarse de la poda que impuso Néstor Kirchner en sus «cajas». Como adelantó este diario, la partida destinada a la Administración de Programas Especiales (APE) en el Presupuesto del año 2004 fue mochada en $ 80 millones, aproximadamente 25% de lo asignado en este ejercicio. Por mesa de entradas, republicanos, ya le pidieron audiencia para esta semana a Carlos Snopek, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.
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Los «gordos» están enardecidos, sobre todo con Alberto Fernández. Muchos de ellos advirtieron la mutilación leyendo la noticia en este diario, el viernes pasado. No lo podían creer pero desde el Ministerio de Economía les confirmaron la poda de sus cajas dispuesta por el jefe de Gabinete. Nada que ver con una interna entre Fernández y Roberto Lavagna. Sólo tráfico informativo, datos que se filtran, solidaridades permanentes. No habría que olvidar que Lavagna tuvo (¿tiene?) un sueño presidencial, que en su momento se cruzó con el de Kirchner, alimentado por los gremialistas de Azopardo 802.
Indiferente Lavagna, operativo Fernández, terminante Kirchner, lo cierto es que de la «caja» del APE salieron los recursos que nutren las partidas para gastos sociales que administra Alicia, la hermana del Presidente, ministra de Acción Social. La simplificación sindical no tiene límites: «Nos sacan a nosotros para darles a los piqueteros» lloran, como si en una lucha darwiniana una nueva especie viniera a reemplazarlos en el control de la calle y la protesta, con más imaginación, más hambre, más dinamismo.
Rodolfo Daer, Armando Cavalieri, Carlos West Ocampo, miraron hacia Lomas de Zamora, esperando la protección de Eduardo Duhalde. Pero el ex presidente se marchó hacia Italia y, además, dio una orden discreta de no armar reuniones con los sindicatos. «Si Kirchner no los recibió, ¿para qué los voy a recibir yo? No, se va a entender como un desafío, una falta de respeto», razonó el bonaerense. Hugo Curto, a pesar de su condición de metalúrgico, tampoco se animó a defender a sus colegas en la mesa que se sirvió el jueves pasado a la noche, con Kirchner, Duhalde y Fernández como comensales. Curioso destino el de estos gremialistas, quienes por falta de interlocutores van dejando el «dialoguismo» que siempre los caracterizó para convertirse en «monologuistas».
Agotada la primera línea de la política, los «gordos» enfilaron hacia el Congreso. Allá está José María Díaz Bancalari, antiguo defensor de la «patria metalúrgica» en su condición de representante de San Nicolás, sede de José Ignacio Rucci y de Victorio Calabró. Díaz Bancalari no está en una situación distinta a la de Curto o Duhalde. Quedará convertido en Túpac Amaru por los tironeos de la Casa Rosada y la CGT pero dará poco de sí por sus antiguos amigos. Si apenas se anima a levantar la mirada cuando Fernández lo convoca a la Jefatura de Gabinete. Además, tiene un ejemplo más que cercano para saber cómo comportarse: su íntimo amigo, Ginés González García, dejó de hablar de la solidaridad del sistema de salud y no abrió la boca para quejarse del recorte sobre las «cajas» del sindicalismo. Como otros miembros del gobierno, adujo que «no hay que temer por recortes porque sólo cuando se sepa el total de lo que se recauda se puede hablar de cuánto les tocará. Lo que hay hasta ahora es sólo una previsión». En efecto, como explicó el ministro, la partida del APE es sólo indicativa en el presupuesto porque se alimenta con recursos propios, derivados de la contribución de los trabajadores a las obras sociales. Pero Daer, Cavalieri o West (tan influyente sobre González García) apenas si admiten el razonamiento: ya se lo escucharon a Roque Fernández en su momento y, antes, a Domingo Cavallo. Y siempre tuvieron que dejar una parte de lo que reclamaban.
•Penurias
La crisis que atraviesan las obras sociales es, como dicen siempre, «inédita». Los «gordos» explican que el promedio de los aportes está por debajo del costo del programa mínimo de prestaciones obligatorias. Tantas son las penurias que hay obras sociales que ya han cobrado el aporte de octubre por adelantado (al cabo del año habrán tenido 13 recaudaciones). González García no contribuye con demasiadas soluciones, más que alguna recomendación de austeridad (al parecer es ésta la razón del apodo, «Doctor Ahorro»; vaya a saber). «Además están las atenciones para la doctora Elordi», bromean, en alusión a Susana Elordi, la encargada del ministro para administrar los subsidios que derivan del APE. Elordi reemplazó al menemista Néstor Vázquez, quien manejaba el «sistema de reparto» pero para el oncólogo José Pampuro. Tiempos de Duhalde. Ahora Vázquez aspira a convertirse en secretario de Salud del gobierno de Aníbal Ibarra, apoyado por el jefe de Gabinete, Fernández, a quien habría asesorado durante la gestión de Carlos Menem, a la que ambos pertenecieron (uno en el área de Seguros, el otro de Obras Sociales, con José Luis Lingeri).
Angustiados, sin que siquiera les atiendan el teléfono, Cavalieri, West y Daer se han puesto a revisar la lista de diputados «solidarios» a los que podrían visitar para defender sus fondos en el Congreso. A Díaz Bancalari ya lo pusieron como condicional y sólo confían en Oraldo Britos, Ovidio Zúñiga y Saúl Ubaldini. Escasos recursos humanos, ya que siquiera saben todavía si Alicia Castro está dispuesta a recibirlos.
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