Grandes Fortunas: primer fallo de fondo avala cobro por emergencia y rechaza su inconstitucionalidad

Política

Juez Contencioso Administrativo Federal rechazó amparo y sostuvo que la norma "respeta principio de legalidad". Hizo repaso de la "desigualdad" generada por la pandemia. No afectaría "propiedad" ni "patrimonio".

Un fallo del fuero federal avaló el Aporte Solidario y Extraordinario establecido por el gobierno nacional para morigerar los efectos de la pandemia. Así lo resolvió el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa al rechazar una acción de amparo de un contribuyente que se negaba a pagar el Aporte establecido en la ley 27.605. El magistrado consideró que la norma “respeta el principio de legalidad”.

En la justicia hay centenares de causas que iniciaron contribuyentes millonarios, entre ellos algunos conocidos empresarios, futbolistas, dueños de medios que rechazan pagar el aporte extraordinario que deben abonar por única vez las fortunas que excedan los 200 millones de pesos.

Hasta ahora se dictaron medidas cautelares, alguna a favor de algún contribuyente, pero la mayoría rechazando los pedidos de suspensión del pago.

Ahora el juez Lara Correa se pronunció por ratificar la validez de la ley en un amparo y sostuvo que la norma “fue sancionada siguiendo el procedimiento de formación y sanción de leyes previsto en la Constitución Nacional”. Es el primer fallo que rechaza el amparo, en lo que hace a la cuestión de fondo que es la mácula de inconstitucionalidad de la ley votada por el Congreso.

El caso

La acción de amparo fue presentada el 16 de abril por un contribuyente, L F para que se declare la “inconstitucionalidad” de la ley. El contribuyente en cuestión dijo estar radicado en Estados Unidos, pero está alcanzado por el aporte al “poseer acciones en compañías nacionales”, según surge del expediente. El juez rechazó el amparo al destacar que la Ley “es producto del debate parlamentario, que respeta el principio de legalidad y por lo tanto desde esta óptica de estudio, resulta un instrumento jurídico idóneo”.

“Es posible concluir que nuestra nación, como consecuencia de la pandemia del Sars Covid 2 (covid-19) está atravesando una profunda y grave crisis sanitaria, social y económica que sufren más intensamente los grupos y/o sectores vulnerables todo lo cual pone en riesgo el capital humano y productivo, acentuándose más las desigualdades distributivas que ya existían con anterioridad”, subrayó el juez.

Un punto importante del fallo es el que remite al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que desataca que “los países sufrieron una carga desproporcionada de casos y muertes, lo que trajo consigo múltiples crisis económicas y sociales”.

El contribuyente había aludido a una “amenaza al derecho a la propiedad”, lo que fue rechazado por el juez al sostener que no se probó que se afecte ese derecho, ni que “afecte una porción sustancial de su patrimonio”. También se rechazó el argumento sobre la residencia fiscal en Estados Unidos.

A lo largo de 55 carillas, Lara Correa hizo un repaso además de las ponencias en el Congreso durante el debate de la ley y el porcentaje del PBI que representaron los paquetes de asistencia estatal durante la emergencia sanitaria. “Cabe dejar aclarado que no es función del suscripto determinar si una propuesta es mejor que otra, sino simplemente analizar respecto del fin previsto en la norma, si existe otra medida que lograre igual resultado pero que fuere menos lesiva que la cuestionada”, indicó. Y agregó que el demandante “no demostró en modo concreto y categórico -ni ofreció prueba para ello- la conculcación de su derecho a propiedad, menos aún, acreditó dicho extremo con documentación respaldatoria, que la aplicación, en su caso del Aporte, resulta inválida por desnaturalizar su derecho a la propiedad.

La AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont fue la contraparte que informó en sentido contrario a la demanda, lo que fue reseñado en el fallo de Lara Correa.

“No probó el denunciante que la carga legal resulte desmesurada y que se vuelva una exigencia insoportable, es decir que restrinja su patrimonio de tal manera de verse imposibilitado de ejercer su plan de vida”, indicó el fallo. El juez también subrayó la limitación temporal con la que fue sancionada la imposición y que el Congreso obró en sintonía con las propuestas de los Organismos Internacionales en materia económica y fiscal para obtener ingresos y financiando programas a efectos de garantizar derechos fundamentales constitucionalmente establecidos”, citó el juez en un párrafo de la sentencia.

La cuestión si es apelada será analizada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal y con una resolución de fondo, pica en punta para ser el caso que escale ante la Corte Suprema por una definición final.

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