"Grupo vagón" busca la "caja" de Kirchner

Política

El «grupo vagón», que integran Eduardo Duhalde, Jorge Obeid y José Manuel de la Sota (sumaron para la foto al ansioso Daniel Scioli sólo para darle un tono más conspirativo a la reunión), todavía no trazó una sola línea del proyecto de mausoleo que se propuso construir en homenaje a Juan Perón y Eva Duarte. Se detuvo antes en otras iniciativas con mayor efecto sobre el presente. Una, que adelantó este diario en su momento, es el proyecto de reforma electoral que impulsa el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof para reemplazar el sistema de lista sábana por el de preferencias que rige en Brasil.

Con la jugada, los peronistas bonaerenses se siguen burlando de Aníbal Fernández, impedido de presentar su propio proyecto de reforma (a pesar de eso todos dicen conocerlo y, además, lo descalifican).

Otra iniciativa, que se conocerá formalmente por estas horas, también tiene como blanco al ministro del Interior. Pero es de más alto impacto. Pretende provincializar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no fueron distribuidos antes del 31 de diciembre de 2003. Los autores son diputados de Córdoba, seguidores de José Manuel de la Sota. Es curioso: Carlos Caserio y Jorge Montoya firmaron el texto ayer (ver su versión completa en www.ambitoweb.com), por orden de su gobernador. Es decir, el día en que Néstor Kirchner visitó la provincia acompañado, precisamente, por el quilmeño Fernández.

La decisión de los diputados cordobeses será respaldada por los bonaerenses y los santafesinos que ya acompañaron a Atanasof en su propuesta electoral. Para el secretario de Hacienda se trata de un problema delicado: 30 días después de que se apruebe la ley debería distribuir varios millones de pesos -anoche no estaba aún determinado el monto-, suma no liquidada por Néstor Kirchner el año pasado ni por Eduardo Duhalde en 2002.

• Aumento complicante


Cuando se tejió la alianza parlamentaria que ha comenzado a tomar estas iniciativas -hay que creer que como paso previo a la construcción del mausoleo-, Duhalde envió a Atanasof a parlamentar con De la Sota en Córdoba. Al parecer, el gobernador le dijo a su huésped que las administraciones provinciales se verían complicadas por el aumento de salarios dispuesto por el gobierno nacional para el sector público: «Ahora todos nuestros empleados van a pedir también una suba». Fue en ese momento, hace unos 10 días, que De la Sota imaginó la solución que ahora quieren legislar en Diputados: compensar a las provincias con los ATN no gastados en ejercicios fiscales anteriores.

En una línea similar se vinieron expresando los bonaerenses en los últimos días. Tanto Felipe Solá como el ministro de Economía, Gerardo Otero, acusaron al gobierno nacional de ser «irresponsable» en la política salarial del sector público. Ahora quieren que Kirchner pague esa supuesta liviandad.

La «caja» a la que echan mano estos dirigentes peronistas, gobernadores y diputados de los tres distritos más importantes del país, no es insensible a la lucha política. Los ATN han sido desde la restauración democrática un instrumento de premio o castigo del gobierno nacional para gobernadores e intendentes, según el alineamiento que éstos manifestaran. También se usaron para fines menos comprensibles aún para la cruda política: que lo diga si no Scioli, quien debe dar explicaciones por los cuantiosos Aportes del Tesoro Nacional que recibió la empresa que administraba su lancha, en manos de su hermano Nicolás, hoy directivo de la línea aérea estatal.

• Indignados

En otras palabras: se trata de dinero manejado con discrecionalidad por el poder central a través del Ministerio del Interior, que los gobernadores siempre ven como amenazante. Sobre todo en los casos de De la Sota y Obeid, indignados por el favoritismo con el que la Casa Rosada trata a sus opositores Luis Juez o Hermes Binner.

El proyecto de ley de reforma electoral encabezado por Atanasof constituyó, de por sí, un caso inédito para la historia de las relaciones entre el oficialismo parlamentario y el Ejecutivo. Desde 1983 no se registró jamás que el bloque del gobierno proyecte leyes sobre materias importantes en las que, como es público, el propio gabinete nacional está trabajando. Menos todavía se supo de una bancada oficial que administra desde la cámara los recursos presupuestarios, distribuyendo en las provincias lo que está imputado a un Ministerio. Es evidente que a Kirchner le faltan operadores parlamentarios. Ni Alberto ni Aníbal Fernández lo son. Pero la crisis que expresan estos comportamientos legislativos es más profunda: el peronismo de por lo menos tres provincias está abandonando de manera cada vez menos sigilosa el campo oficialista para ubicarse en un limbo extraño al que no puede pertenecer por mucho tiempo. O restaura su relación con Kirchner a través de un acuerdo o pasará francamente a la oposición.

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