El ministro de Economía, Martín Guzmán, asistirá pasado mañana al Congreso para exponer sobre la deuda pública, los Derechos Especiales de giro ingresados (u$s4.334 millones) a través del Fondo Monetario Internacional y la negociación con dicho organismo, en medio de la campaña electoral y en busca de una foto política entre oficialismo y oposición.
Guzmán aterriza el jueves en el Congreso e informa sobre deuda
La comisión es presidida por el senador kirchnerista José Mayans. La oposición se prepara para choque sobre herencias recibidas. Se hablará sobre Derechos Especiales de Giro ingresados (u$s4.334 millones) y la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Se busca foto política.
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La comisión, presidida por el senador cristinista y jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans (Formosa), podría convertirse también en un espacio de cruce entre kirchneristas y macristas por la herencia recibida. La oposición ya se prepara a través del vice de la bicameral, el diputado Luciano Laspina (PRO).
El Frente de Todos impulsó varios proyectos relacionados con el endeudamiento desde diciembre de 2019. Desde el Senado, el cristinismo empujó en mayo último una iniciativa de declaración de Oscar Parrilli para que los DEG se destinen a políticas sanitarias, de reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo y “no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París”. En las últimas semanas, el objetivo comenzó a trastabillar.
Días atrás la estratégica Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que comanda Marcos Makón, realizó un informe sobre la Cuenta de Inversión 2020 y aseguró que la deuda pública durante el primer año de gestión del kirchnerista Alberto Fernández aumentó u$s12.475 millones, por lo que pasó a representar el 102,3% del Producto Bruto Interno (PBI).
Por otra parte, la OPC manifestó que el déficit primario -sin contar recursos extraordinarios- pasó los dos billones de pesos (7,3% del PBI), con “un deterioro de 6,6 puntos porcentuales respecto al déficit 2019 (0,7% del PBI)”. En tanto, el “resultado financiero implicó un desequilibrio de $2.626.584 millones (9,6% del PBI), reflejando un deterioro de 4,6 puntos porcentuales con relación a 2019”.
La OPC también incluyó el “impacto financiero de la pandemia” del coronavirus. En ese sentido, detalló que dicha situación “implicó, entre otras consecuencias, un gasto adicional destinado a morigerar sus efectos por $921.623 millones (equivalente a 3,4% del PBI)”. De dicho monto, “$661.248 millones correspondieron a nuevas acciones, mientras que el resto $260.375 millones) se atribuyó a programas ya existentes”, se aseveró en el informe.
En tanto, a fines de julio pasado, la OPC tomó el avance del Presupuesto para el año próximo -corresponde por ley- que envió el Gobierno tiempo atrás e informó que el Ejecutivo “no presenta ninguna proyección macroeconómica ni para 2021 ni para 2022”. Ademas, indicó que la documentación en cuestión no detalla “recursos para el cierre de 2021 ni para el ejercicio 2022”, pero promete una política fiscal “progresiva y anticíclica”.
Según el Ejecutivo, se apuntará como objetivos principales a orientar recursos a políticas que “estimulen el dinamismo de la producción, la inversión y la generación de empleo”.




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