Hasta gobernadores piden amparo por retenciones

Alberto Rodríguez Saá

Poco más de 100 días le duró la tregua que la diplomacia dicta a Cristina de Kirchner. Al ritmo de la efervescencia instalada por el paro del campo, varios gobernadores ya embisten contra Nación -e incluso planean ir a la Justicia- para exigir el envío de fondos adeudados en materia de obras y de coparticipación.

Las mayores estocadas hasta el momento partieron del justicialista antikirchnerista Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y del peronista cordobés Juan Schiaretti, cada vez más distanciado de Balcarce 50 tras atreverse a no ser parte del doble operativo clamor que el oficialismo le obsequió a la Presidente en los últimos días.

Sin embargo, la incomodidad comenzó a hacerse pública también -aunque por el momento de manera más contenida- entre otros mandatarios alineados con el kirchnerismo, como el riojano Luis Beder Herrera y el catamarqueño y radical K Eduardo Brizuela del Moral.

El malestar se vio alimentado en marzo por la caída en los envíos de coparticipación a las provincias (se redujo en 7,8% respecto de febrero), lo que puso en situación límite a varios distritos en materia de pago de salarios y otros compromisos del Estado.

Postales

Veamos algunas postales que muestran nuevamente que la obediencia debida -forzada por la dependencia de los bolsillos federales-comenzó a resquebrajarse en la relación Nación-provincias:

Ayer, por caso, sorprendió la virulencia con la que el gobierno de Córdoba se enfrentó a la Casa Rosada, de la mano de una advertencia blandida por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Testa.

El funcionario denunció que las arcas nacionales le adeudan a la provincia cerca de 300 millones de pesos en fondos para viviendas y para el área de Vialidad. En ese marco, enfatizó que, de no concretarse las transferencias tras los nuevos reclamos que encararán esta semana -«esperemos que lleguen antes de junio», dijo-, la exigencia se planteará «en el ámbito que corresponda, por la vía administrativa o judicial».

«Yo entiendo que institucionalmente se van a cumplir los convenios», confió Testa, aunque aclaró que la pretensión cordobesa está «absolutamente respaldada por documentación legal que la provincia tiene firmada con el gobierno nacional».

«Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que Córdoba reciba todos los fondos, ya que las provincias hacen un enorme aporte a los ingresos que Nación está percibiendo», resaltó.

Testa no fue el único que alzó la voz, confirmando así la bajada de línea del gobierno de Schiaretti, que ya percibe en carne propia el cierre de los grifos nacionales: en sintonía, el ministro de Educación, Walter Grahovac, reclamó que Nación aumente los fondos coparticipables a las provincias para «enfrentar las situacionessalariales justas y legítimas con mayor capacidad económica».

San Luis, sin embargo, fue pionera en materia de reclamos al gobierno nacional.

Sobre los últimos días de marzo, Rodríguez Saá confirmó que a fin de este mes presentará ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el gobierno nacional para que se compense a San Luis «por la coparticipación de los fondos recaudados por la exportación de productos agropecuarios».

El díscolo sanluiseño cuestiona a viva voz la tajada que la Casa Rosada le saca a la provincia en materia de retenciones, en un encono que en realidad otros mandatarios no se atreven a hacer público por temor a represalias financieras de Nación.

En La Rioja, mientras tanto, la preocupación gira en torno a la caída de los envíos de coparticipación de marzo y en la falta de anuncios tras el pedido concreto a Nación de $ 30 millones adicionales blandido por el mandatario Beder Herrera para hacer frente a la delicada situación financiera que atraviesa la provincia.

Ante este escenario, ayer el gobernador y la mayoría de los intendentes decidieron pedir una audiencia al jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández, y al ministro del Interior, Florencio Randazzo, para plantearles con crudeza el estado de las arcas locales y pedir un auxilio inmediato.

Desde Catamarca, en tanto, la secretaria de Desarrollo Social, Marta Torres de Mansilla, aseguró que el gobierno nacional le debe casi 17 millones de pesos a la provincia en materia de programas de asistencia social.

«El problema es que hay un atraso en la remisión de las partidas del aporte federal; son 10 millones para el programa Pro Familia y casi 7 millones pertenecen al PIO (Pro Igualdad de Oportunidades)», explicó la funcionaria de Brizuela del Moral.