Larreta culpa a Gobierno por no poder presentar Presupuesto para 2021

No es la pandemia, sino el recorte. El Gobierno porteño redobla la apuesta en la pelea por puntos coparticipación. Puja entre diputados por un proyecto para pedir que senadores voten en contra ley de recorte.

Seguridad. Horacio R. Larreta, y Diego Santilli, visitaron el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) para ver cómo estudian, entrenan y se capacitan cadetes de la Policía y Bomberos de la Ciudad. El año pasado, con el fin de profesionalizar las fuerzas, se duplicó el tiempo de formación que pasó de uno a dos años. Esta será la primera camada con el nuevo plan. El Instituto cuenta con un polígono virtual de tiro, simuladores de autos y motos, un gimnasio, una pileta olímpica, un sector para el entrenamiento de perros, y espacio para la práctica y el entrenamiento físico.

Horacio Rodríguez Larreta redobló la puja con el Gobierno nacional por la poda de los fondos de coparticipación y se excusó, por esa circunstancia, de no tener listo el plan de gastos para el año que viene. Además sus legisladores buscan aprobar un proyecto que insta a los senadores a votar en contra del proyecto de ley que consolida esa quita, un acto simbólico que, igual, irritó al Frente de Todos en la Legislatura porteña.

Finalmente Larreta presentó ante la Legislatura porteña una nota, que firma su ministro de Hacienda Martín Mura, explicando por qué no pudo cumplir con el plazo para presentar el Presupuesto 2021, que venció ayer. Dijo en esa presentación que “la elaboración y la ejecución del presupuesto contribuye al dinamismo de los factores económicos de la sociedad, y define las prioridades del Gobierno en materia de salud, educación, seguridad y asistencia a los sectores menos favorecidos, como así también al estímulo de las distintas actividades comunitarias que se desarrollan en el ámbito social”. Entonces el jefe de Gobierno siguió con que “recientemente el Gobierno Nacional mediante el dictado del Decreto 735-PEN-2020 por el cual redujo unilateralmente el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad en 1.18%, ha violado el andamiaje jurídico-tributario vinculado a la coparticipación federal producto invariable y sistemático de actos bilaterales entre ambas jurisdicciones”.

Contó así que “ante la gravedad del escenario descripto se instruyó a la Procuración General para que promueva acción judicial contra el Estado nacional, lo que así se hizo, encontrándonos a la espera de una pronta resolución” y que “la Procuración General de la Nación en su dictamen se ha pronunciado a favor de que la Corte Suprema de Justicia sea el tribunal donde tramite el citado planteo, reconociéndose así una vez más el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con que cuentan las Provincias”.

Mura, agrega que además el Gobierno nacional remitió al Congreso “un Proyecto de Ley en el cual se propone un mecanismo aún más gravoso para la Ciudad de Buenos Aires por el cual no solo reduce aún más lo establecido en el decreto antes mencionado sino que propone establecer, nuevamente de manera unilateral un valor de transferencia de $24.500 millones, fijado a partir del año 2020, el cual formará parte anualmente del presupuesto nacional, eliminando así toda intangibilidad y automaticidad de los recursos”. Es el punto que más discute el Gobierno porteño en la pelea, es decir que cualquier monto que se acuerde se gire de forma automática como ocurre con la coparticipación. Temen que una suma fija no llegue a tiempo o no llegue directamente como ocurre, aseguran, con montos correspondientes al traspaso de parte de la Justicia a la Ciudad.

“Estas medidas unilaterales e intempestivas que afectan el normal desenvolvimiento de la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires, fueron impulsadas por el Gobierno nacional en un contexto sanitario agravado por las derivaciones provocadas por la Pandemia del COVID-19”, argumenta el Gobierno porteño y que “la imprevisibilidad del actual contexto por lo antes mencionado y la reducción actual unilateral que disminuye los recursos con el impacto que esto produce, hacen imposible poder cumplir con algunos de los principios básicos de la formulación presupuestaria como el de factibilidad, que presupone planificar objetivos posibles de alcanzar teniendo en cuenta los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos y el de continuidad por el que el presupuesto anual debe apoyarse en el resultado de ejercicios anteriores para dar continuidad en el cumplimiento de los servicios a cargo de la Ciudad”.

Señala un “complejo “ contexto que le obliga a demorar “la elaboración final y posterior presentación de la modificación al Código Fiscal, de la Ley Tarifaria y del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021”.

El Gobierno porteño espera que la Corte Suprema se expida sobre el pedido de una cautelar y suspenda el decreto que, desde su publicación, le frena el giro de $150 millones diarios, mientras el Gobierno nacional apuesta a la sanción de la ley que impone el recorte. Para el plan de gastos de Larreta, la quita representaría unos $63 mil millones del presupuesto de Seguridad.

En principio, si la quita se mantiene, Larreta ya decidió congelar obra pública y redistribuir partidas.

Por otra parte legisladores del oficialismo porteño firmaron ayer el dictamen de un proyecto que insta a los senadores nacionales por la Ciudad a votar en contra del recorte de fondos. Desde el Frente de Todos (FdT) criticaron que “un cuerpo legislativo no puede instar a otro cuerpo a que haga o deje de hacer algo” y consideraron la iniciativa “anticonstitucional” y “antirreglamentaria”.

Para Hernán Reyes (Vamos Juntos), la iniciativa “es una herramienta política que estamos obligados a hacer por el artículo 6 de la Constitución porteña que refiere a agotar en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía”.