Hoy puede desaparecer la independencia judicial

Política

Empecinado en un proyecto que no se avino a discutir, el gobierno avanzará en el Congreso para hacer ley una polémica reforma de la Justicia que le dará poder de veto en designación y remoción de jueces. o Sordo a las quejas de la oposición política y no política -organizaciones civiles, asociaciones de abogados y jueces de todas las orientaciones ideológicas- la reforma significará el final de un intento de que haya en el país una Justicia independienteo La sanción cierra un círculo que la administración Kirchner abrió con la remoción de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia con lo cual gobierna hoy con una mayoría automáticao Completa ese proyecto con un nuevo Consejo de la Magistratura en el cual la corporación política se adueña del poder de veto en cualquier decisión que afecte al nombramiento y desplazamiento de magistrados. Era algo que hasta ahora debía negociar con representantes de organizaciones profesionales del derecho, que son castigadas en la nueva integración con una menor cantidad de miembroso El gobierno ha usado este debate para alinear al peronismo y sus aliados detrás de sí con consecuencias que van más allá de lo judicial: del escrutinio de hoy entre los diputados que convertirán este proyecto en ley surgirá el mapa del oficialismo que se trasladará al control del PJ, el dominio sobre distritos clave como Buenos Aires y es el proyecto-estandarte de la reelección presidencial en 2007.

La conducción kirchnerista de la Cámara de Diputados intenta convertir esta tarde en ley la polémica reforma del Consejo de la Magistratura que le dará al gobierno poder de veto en la designación y remoción de los jueces. A pesar del rechazo unánime de todo el arco político opositor y de las asociaciones de abogados y jueces, el oficialismo cree que reunirá los 129 votos necesarios para convertir esta iniciativa en ley.

Si el Frente para la Victoria no mantiene ese piso de 129 en la votación en particular de cada uno de los artículos, el proyecto retornará al Senado, que es dominado cómodamente por el oficialismo. Allí el gobierno insistirá con el texto original y lo convertirá finalmente en ley.

El corazón de la reforma a la Ley 24.937, que ya fue sancionada en diciembre pasado en el Senado, reduce de 20 a 13 los integrantes del Consejo, privilegiando en su composición a los integrantes representativos de los órganos electos popularmente. Como el oficialismo mantendrá sus cinco miembros (dos senadores, dos diputados y un representante del Poder Ejecutivo), y para la designación o remoción de jueces se necesita el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, el gobierno podrá bloquear cualquier decisión de este tipo si no está de acuerdo con el perfil del magistrado por designar.

  • Ineficacia
  • Por tal motivo, el ARI, la UCR, el PRO y el Partido Socialista se oponen a esta reforma en particular, aunque reconocen que el Consejo de la Magistratura, órgano creado en 1994 con la reforma constitucional acordada entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, se volvió un órgano ineficaz y burocrático que debe ser « aggiornado».

    Pero el actual proyecto disminuye el número de representantes de abogados, jueces y académicos bajo el argumento de buscar desarmar a la corporación judicial que controla a este cuerpo. Otro de los fundamentos que el oficialismo despliega es que busca dotar de mayor representatividad a los integrantes «políticos» elegidos en las urnas. Esta línea de razonamiento enfurece a la oposición que reivindica el rol del consejo como una pieza de contrapoder que busca garantizar la independencia de la Justicia y limitar los eventuales excesos de los sectores políticos.

    El rechazo opositor fue tan intenso que en diciembre pasado líderes parlamentarios con tendencias políticas tan disímiles como Elisa Carrió, Mauricio Macri, el socialista Hermes Binner, Ricardo López Murphy, el sindicalista Claudio Lozano y el radical Fernando Chironi se unieron en una histórica foto para criticar la iniciativa del oficialismo. Aseguraban que la composición del consejo impulsada por el gobierno era inconstitucional por violar el artículo 114 de la Carta Magna que hace referencia al «equilibrio» entre sus integrantes: «El consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley».

    Justamente por ser un proyecto de ley que modifica un órgano creado constitucionalmente, el gobierno deberá reunir 129 votos, es decir, la mitad más uno de la composición de la Cámara de Diputados.

    Hoy la base de diputados oficialistas que apoyarán la reforma en la Cámara baja es de 116 diputados. Ayer Eduardo Arnold comprometió su voto a favor del gobierno. Pero hay que sumarle los votos de al menos otros 10 legisladores de la UCR y del interior aliados al gobierno y otra decena proveniente del bloque duhaldista. Se trata de Miguel Bonasso, Eduardo Lorenzo Borocotó, Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes), los sanjuaninos Guillermo Baigorri (Vida y Compromiso) y Adriana Marino (Producción y Trabajo), el ex gobernador correntino Ricardo Colombi, el fueguino Ricardo Wilder (Frente Unidad Provincial), los santiagueños Daniel Brue y Cristian Oliva (Frente Cívico) y el catamarqueño Genaro Collantes (Frente Cívico y Social). Con el apoyo aportado desde el bloque Peronista Federal (ver nota aparte), liderado por José María Díaz Bancalari, el gobierno arañará los 140 votos.

    El proyecto establece además el abandono del carácter permanente del Jurado de Enjuiciamiento y su transformación en un organismo ad hoc -que se reunirá para cada juicio de remoción- y elimina el cargo que estaba reservado para el presidente de la Corte Suprema.

    Dejá tu comentario