Hoy se reunirán Duhalde-Kirchner

José Pampuro hizo ayer lo que no hacía desde hace años un ministro de Defensa: le comunicó al Presidente, formalmente, que hay malestar en las Fuerzas Armadas. También se lo dijo usando lo que parece una frase sacada del túnel del tiempo, a su jefe natural, Eduardo Duhalde, quien acordó de inmediato reunirse hoy con Néstor Kirchner; compartirá un plato de comida con el Presidente en lo que parece el primer intento de intervención sobre su sucesor.

El detalle del diálogo que mantuvo con Néstor Kirchner y que intentarán ocultar cuanto puedan es éste:

1. Al Presidente lo han informado mal cuando le dijeron que el malestar se limita a los retirados y está desacoplado de los militares en actividad. No es cierto, dice la queja del ministro, actúan como familia, más allá de los lazos de sangre que son habituales entre los uniformados de distintas capas generacionales.

2. Los militares sienten la política que proclama el Presidente como una agresión inexplicable en un hombre que los halagó con el relevo en masa de las cúpulas -algo que siempre le gusta al militar en actividad porque destapa el escalafón hacia arriba-y con el primer discurso en el Colegio Militar, cuando los llamó a participar de un proyecto. «Por más que digan lo que digan, esto reabre juicios a 3.800 militares y hay gente en actividad.»

3. El punto de quiebre entre el Presidente y la corporación fue ayer, con el anuncio formal de que algunos legisladores, asesorados por el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, elaborarán un proyecto que declare la nulidad de las leyes de punto final. Esa idea la encarna hoy en el Congreso un pequeño grupo de diputados kirchneristas y la oposición de izquierda que ya presentó el borrador en cabeza de Patricia Walsh.

La causa del enojo es porque el jefe del peronismo en Diputados, Eduardo Camaño -un trasunto de Eduardo Duhalde-, y Federico Storani -jefe del radicalismo en esa cámara-comunicaron formal, aunque discretamente, que sus bloques no votarán esa ley, pero insiste el grupo chico.

Los dos sectores, que siguen dominando la sanción de leyes, coinciden en que no existen razones para que se reabra una pelea que puede poner en crisis la paz política. Los radicales agregan que esa ley se votó legítimamente y hasta hay legisladores que siguen estando en el Congreso y consideran un insulto que los fuercen a borrar lo votado desde la misma banca. No les ha convencido a los radicales del Congreso la carta de Raúl Alfonsín explicando que esas leyes fueron dictadas bajo el miedo en 1987 y que no se opondría -asumiendo la voluntad del legislador-a que se anulen sus efectos por ley o se declare por la Corte su inconstitucionalidad.

¿Por qué el gobierno alienta, pese a eso, que sus diputados respalden la anulación de las leyes? El ministro les manifestó al propio Presidente y a los titulares de los otros poderes que no entiende qué busca Kirchner con lo que hace.

Pampuro se resiste a creer lo que escucha como explicación oficial en los pasillos de la Casa de Gobierno: que el Presidente quiere pasar a la historia por esta reapertura de los juicios porque es la variable que puede controlar. La economía, dice ese dictamen del oficialismo, no depende del Presidente, que ni pudo encontrar un ministro propio que reemplace al heredado Roberto Lavagna. Y aunque lo hubiera encontrado, cree Kirchner que la suerte en el campo económico depende del marco internacional y otros imponderables que van más allá de su capacidad de gobernar.

Creer que esta explicación viene en serio sería admitir una dosis de frivolidad que a Pampuro le está prohibida, al menos mientras siga siendo ministro del gobierno.

Traduciendo el mismo espíritu, Eduardo Duhalde deslizó igual queja en la visita que hizo al Senado. «No entiendo qué busca el Presidente con esta política de dividir lo que se logró unir, alborotar lo que se logró pacificar, frenar lo que se había logrado acelerar en materia de crecimiento», fue el mensaje que dejó en una visita cuyo sentido quiso publicitar ampliamente.

Algo sí entiende el ministro y es por qué el Presidente empuja la anulación de los efectos de las leyes: nunca firmará una extradición -algo que debe ocurrir si algún juez se la concede a Baltasar Garzón-. Es porque la misma encuesta que usa para justificar la reapertura de las causas indica que la mayoría del público rechaza la injerencia de jueces extranjeros en los asuntos locales.

El gobierno teme que si algún puntero pudiera manipular esa pulsión nacionalista, usando argumentos parecidos a los que empleó el Presidente en España para castigar a los empresarios de las privatizaciones, el tema podría ser un boomerang. Como tantos otros emprendimientos nacidos de la obsesión por las encuestas -una prueba de debilidad-, podría volcar el plano de la opinión en contra del gobierno y pasar a beneficiar a los perseguidos de hoy.

Lo que lamenta el Presidente es que entre tanta especulación política pocos le concedan lo que él querría alzar como bandera, las convicciones ideológicas.