La Legislatura porteña postergó ayer, por sexta vez, la sanción de un nuevo código contravencional para la Ciudad de Buenos Aires con penas más duras para delitos menores que hoy no tienen castigo y alimentan la criminalidad mayor. La falta de acuerdos entre los bloques y de quórum para sesionar, además de presiones de piqueteros, travestis y vendedores ambulantes en las puertas del Palacio Legislativo, lograron que los diputados porteños prolongaran el debate, a la inversa de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, que tomaron medidas más duras para castigar el delito, siguiendo la ola desatada por el caso Blum-berg.
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Ayer intentaban poner una nueva fecha, el miércoles próximo, para retomar el tema en el recinto con la idea de acercar en una semana las posiciones que no lograron unificar en seis meses, desde que comenzó a discutirse el tema.
Si bien las contravenciones no llegan a ser delitos penales, son conductas manifiestas contra los derechos comunes, como el uso del espacio público, la alteración del orden, la obstrucción de la vía pública y otras figuras relacionadas por ejemplo con la salud, seguridad en el tránsito o en los espectáculos públicos, como también portación de armas o su uso indebido.
Sólo se ocuparon ayer 27 bancas en el recinto, cuatro menos de las necesarias para tener quórum. No bajaron a la sala ni el ibarrismo puro, ni el kirchnerismo, como tampoco el partido de Luis Zamora, y algunos diputados de la oposición, presionados por la izquierda y el piqueterismo.
Durante los quince días de la última sesión fallida, en las comisiones se realizaron unas 20 correcciones al despacho original, que el macrismo estaba empeñado en votar con lo justo, con 31 votos de mayoría simple, que les requería, al ser en total 23 los legisladores de ese bloque, contar con 8 alia-dos. No lo lograron, ante la falta de diputados propios, pero ya el secretario de Seguridad y Justicia de la Capital Federal, Juan Carlos López, había considerado «un mamarracho» el borrador que iba a discutirse y anticipó el veto. En ese momento se postergó una de las sesiones especiales, pero aún el oficialismo no estaba conforme con el resultado de un nuevo borrador. «Es una pena que no podamos ni siquiera mejorar la ley que está por un apuro en votarla», se quejó Miguel Talento, del bloque kirchnerista. Del sector de opositores a Aníbal Ibarra, la macrista Silvia Majdalani consideró «inexplicable que los diputados no comprendan que no permitir la discusión de un tema tan importante como éste no soluciona nada».
La idea de cambiar el código contravencional, al que se le adjudicó exageradamente ser responsable de muchos delitos porteños, surgió durante la campaña electoral desde el partido de Mauricio Macri. Después, el oficialismo recogió la iniciativa, y el Gobierno porteño elevó su propio proyecto, que por cierto no suscribieron ni propios ni ajenos. El secretario López diseñó un proyecto quizá más duro que el que su tropa acepta, mientras que en comisiones se acordó un despacho con mayoría de la oposición que ayer no pudo reunir siquiera a todos sus diputados en el recinto.
• Temas clave
Los temas más controvertidos son qué hacer con la prostitución en la vía pública, cómo implementar el agravamiento de las penas para rein-cidentes (no existe actualmente), si bajar o no la edad de imputabilidad a los 16 años. Además algunos, como el macrista Jorge Enríquez, proponen que los piqueteros tramiten un permiso para realizar manifestaciones, por lo cual llegó hasta recibir amenazas y una pegatina de volantes en su contra. Tampoco hay coincidencia en cuanto a poner una pena específica para cada contravención, quizá lo que hace hoy más débil la ley contravencional, ya que actualmente parte de apercibimiento hasta arresto, pero queda librado al criterio de los jueces. Aseguran que basándose en la pena más benigna terminan muchos delitos contravencionales casi sin castigo o bien para la misma falta se aplican penas distintas.
En el borrador del Gobierno porteño las penas consisten en días multa o días de arresto, en cambio, en el acordado en las comisiones legislativas se incorporan, además de arresto y multa, el trabajo de utilidad pública como forma de castigo.
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