Ideas para gobernar

La campaña electoral para los últimos comicios del 23 de octubre 2005 tuvo dos características. Una fue el inusitado despliegue de fondos y regalos del gobierno -o para el gobierno- y lograr así la cifra de 40% de los votos (empresas como Garbarino regalaban hasta electrodomésticos y organismos oficiales desde colchones hasta juegos de sábanas y ropa).

La otra consistió en la escasez de propuestas para pedirle el voto a la gente. El gobierno insistió en «la nueva Argentina», en realidad basada en un formidable ingreso de divisas desde el exterior para hacer, aunque con mejor sustento, la gestión clásica de los populismos nativos que antes se encaraba con déficits continuos desde el Estado: subsidiar, hacer clientelismo, encarar obras chicas de efecto político, pero no soluciones de fondo.

Se recuerda una sola propuesta valiosa de aquel penoso proselitismo preelectoral. La formuló el candidato a senador bonaerense Ricardo López Murphy y consistía en una forma original de reducir el dramático 46,1% que, en cifras oficiales del INDEC (Encuesta Permanente de Hogares-EPH), significa hoy el trabajo «en negro» en la Argentina. López Murphy propuso algo simple: que sueldos hasta $ 800 o quizá $ 1.000 no tributen cargas previsionales o, por lo menos, cargas diferenciadas mínimas, para que con el aliciente se inscriba a más personal.

El que paga «en negro» es el caso del servicio doméstico o son trabajadores de empresas mayoritariamente pequeñas, lo más común familiares. Pero no son de despreciar estas últimas: según el INDEC las empresas medianas y pequeñas, en general, brindan nada menos que 71% de los puestos de trabajo asalariados privados en el país. Allí está la clave dado que -según la misma fuente oficial- a 57% de sus empleados y obreros lo tiene sin aportes, mientras que en las empresas grandes sólo 14% está «en negro» y generalmente en forma de pago extra sobre sueldos declarados que sí tienen aportes.

Tenemos un gobierno que no se ha caracterizado precisamente en inteligencia para gobernar el país sino que, con el espectacular ingreso desde el exterior, creó clima de «mejora general» de la economía. La hay, sin duda, pero sobre la base de repartir, no de aprovechar el momento excepcional para asegurar el futuro argentino donde no debería haber, o mucho menos, empleo «en negro».

No se nota visión de estadistas para gobernar ni confrontación de ideas en el elenco gobernante. Menos aún tener la grandeza de tomar como útil una buena idea que haya formulado un opositor. Pareciera no preocupar que el ignorarla -discutirla al menos- signifique descartar el intento de algo tan humanitario como regularizar el mercado del trabajo, brindando adecuada cobertura social a quienes no la tienen.

Hay varios motivos para que el gobierno actúe así, desaprensivamente. En primer lugar le interesa la recaudación porque no exigirles aportes a sueldos de $ 800 para que en buena parte se blanqueen, merma ingresos públicos. En la «línea Kirchner», con serias dudas sobre su carisma popular y electoral, la política «del clientelismo» le exige imperiosamente «cajas abundantes» en el Estado. Lo grave es que aquí rechaza, en aras de «las cajas», una solución que daría a millones de trabajadores «en negro» cobertura médica, asistencia social, regímenes laborales oficializados y posibilidad de jubilación futura.

Otro motivo del gobierno también es propio del modo de ser del presidente Kirchner: cree en la imposición, en la confrontación, en la exigencia compulsiva. En definitiva, en gobernar fundamentalmente con fuerza inclusive donde tiene opciones distintas. Opta por imponer «pactos» de precios, por ejemplo, y no reducir impuestos sectoriales temporarios o inducir moderación a través de importaciones del producto que se encarece. Imagina que el Estado pierde fuerza si alienta al cambio al empresario que tenía empleados «en negro», aunque sea porque si blanquea todo los costos lo pueden hacer cerrar. La previsión en el país está, en costos, entre las más elevadas del mundo. Agréguese al riesgo de «blanquear» una ley aún no modificada de alto costo para las empresas por riesgos del trabajo. Súmensele las exacciones que hace el sindicalismo sobre el ingreso de empresas y salario de trabajadores.

Sólo las últimas picardías de los gremialistas -consentidas por un Ministerio de Trabajo dominado por sindicatos- significaron agregar en la industria del vidrio 3% sobre nómina de personal a las empresas y 2% a los trabajadores; quienes se desempeñan en el PAMI le sacan 3% por presión sindical y de 1% a 2% a trabajadores, afiliados o no; estaciones de servicio, garages, playas de estacionamiento, gomerías le extrajeron 2% a la patronal y 2% a los sueldos de trabajadores no afiliados para obligar a la afiliación. Hay muchos más casos de convenios laborales donde los «aumentos» cubren parcialmente la inflación pero incrementan los ingresos de los sindicalistas. Evitar este aprovechamiento gremial desmedido hace que muchas empresas chicas mantengan personal «en negro». Y lo peor es que, pese a la cobertura que no tienen, se repita que lo piden los trabajadores porque el «blanqueo» les reduce el sueldo frente a la voracidad sindical. Por eso la idea de sueldos hasta un tope, sin toda esta tremenda extracción, es una propuesta útil que, además, incluiría a la casi totalidad del personal doméstico. Para eso las cajas previsionales deberían ser superavitarias y parte podrían absorber las AFJP -si verdaderamente el gobierno quiere hacer «distribución social»- que hoy tienen en cartera más de 1.000 millones de dólares.

La misma personalidad del Presidente impide que su entorno le objete algo si con ello hay riesgo de perder el puesto, el despacho, la alfombra roja y el auto con chofer. Al titular de la AFIP, Alberto Abad, lo máximo que se le ocurrió es permitir «descontar de Ganancias» la normalización del personal doméstico, con fuerte presencia en ese 47,1% del negro laboral. Es poco, muy poco. Los ingresos medianos y altos normalizarán por otros motivos, tranquilidad por ejemplo o riesgos de accidentes, porque es insignificante el gasto del personal de su casa en altas cargas tributarias como existen hoy en la Argentina. Miembros de familias de ingreso reducido que trabajan afuera -uno de cada dos debe estar en empleo irregular- no tributan «Ganancias» o lo hacen en el mínimo pero también tienen personal de ayuda en su casa, obviamente en forma irregular. Alberto Abad desde la AFIP concibe plenamente la fuerza como casi única forma recaudatoria. Aporta buena «caja» a Kirchner en época de bonanza general y una o dos veces por semana sale fotografiado o dibujado hasta por Hermenegildo Sábat en el monopolio «Clarín» -vaya a saber a cambio de qué tropelía porque «Clarín» sólo da imagen a sus benefactores- y por tanto es difícil que se vaya a preocupar o arriesgar por formas superadoras de reducir el empleo «en negro». Sobre todo si pueden afectar la «caja recaudadora» aunque sea tan humano darles cobertura social a millones de trabajadores. ¿Qué funcionario de este gobierno se atrevería a proponerle esas ideas al iracundo Presidente si además surgieron en la cabeza de un opositor?