Identifican ya a piqueteros

Eugenio Zaffaroni

Un testigo aportó ayer los primeros datos a la investigación que inició un fiscal para determinar la identidad de los activistas que intervienen en los marchas piqueteras que, según funcionarios de la Justicia y del gobierno, podrían ser imputados por diversos delitos.

La declaración la hizo un vecino de la ciudad de La Plata -cuya identidad se reservó-, quien relató el mecanismo utilizado por los piqueteros durante un corte de calle realizado el martes pasado en la capital provincial, como parte de una seguidilla de reclamos de grupos de desocupados.

Igual, hoy volverán las marchas. La CCC de Juan Carlos Alderete se movilizará al ministerio de Trabajo estirando la actividad que reavivó el martes Raúl Castells cuando marchó con Nito Artaza a Tribunales, caminata tras la cual cosechó un amigo: Eugenio Zaffaroni, que lo recibió en su despacho supremo.

El avance de la pesquisa coincidió con las posturas rigurosas expuestas desde distintos sectores: el ministro del Interior, Aníbal Fernández, la diputada Hilda Chiche Duhalde y el sindicalista Hugo Moyano que, menos confrontativo, sugirió a los piqueteros modificar los métodos de protesta.

Incluso el cura párraco Juan Aguirre criticó a un grupo de activistas porque, dijo, le impidieron llegar a un hospital donde tenía que visitar a distintos enfermos. «Acá no pasa nadie», contó el sacerdote que lo frenaron a el kilómetro 28 de la Ruta 3, en La Matanza.

Denunció Aguirre que, con actitud «violenta», un piquete realizado por militantes del Polo Obrero y la agrupación Quebracho le impidió llegar a un nosocomio del distrito para cumplir con sus tareas pastorales.

Como el párroco, un platense quedó imposibilitado de trasladarse normalmente, lo que lo llevó a presentarse ante el fiscal Leandro Heredia para contar el procedimiento, presuntamente intimidatorio, con que habrían actuado los piqueteros.

• Testigos

Tras esa declaración, el fiscal ordenó a la Policía «ubicar» a «todos los testigos» que puedan aportar información sobre el desarrollo de los piquetes.

En rigor, esa investigación surge de una denuncia planteada anteayer por el fiscal de Ejecución Penal bonaerense Marcelo Romero, que consideró que los grupos de activistas incurren en los delitos de «intimidación pública» e «impedimento de circular».

No fue, de todos modos, la única advertencia de Romero: también apuntó contra el gobierno de Felipe Solá, a quien acusó de tener una actitud pasiva ante los piquetes y montar un operativo de seguridad de 500 efectivos policiales, pero permitir, igualmente, los cortes de rutas y calles.

El martes último, en el marco de una movilización de 23 agrupaciones, la ciudad de La Plata quedó virtualmente sitiada a raíz del reclamo de los grupos que protestaban por la decisión del gobierno bonaerense de dar de baja más de 23 mil planes financiados por la provincia.

Ayer, marcando un endurecimiento de la postura oficial, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, planteó que si los piqueteros «cometen delitos tendrán que pagarlos, porque para eso hay un Código Penal» y advirtió que, en ese caso, «la Justicia va a tener que actuar».

Pero más firme fue Chiche Duhalde, que aseguró que una persona con «la cara tapada y con un palo en la mano es un delincuente» y exigió que se empiece, «dentro de la ley, a ponerles límite a estas cosas».

En tanto, Hugo Moyano pidió «no demonizar» a los piqueteros, a quienes, sin embargo, les recomendó «modificar» los métodos de protesta para «evitar producir malestar en la sociedad cuando cortan una ruta, un puente o una calle».