Una resolución judicial podría desarmar en horas más la Corporación Sur de Buenos Aires, una sociedad del Estado porteño que emula al emprendimiento Puerto Madero, desarrollado en la era de Carlos Grosso, y que se propone impulsar el desarrollo de los barrios sureños de la Ciudad.
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El Gobierno porteño debe responder la semana próxima ante el Tribunal Superior de la Capital, un pedido de inconstitucionalidad del trámite por el cual se constituyó la Corporación, que preside el frepasista Arnaldo Bocco.
Se trata de formalidades en el procedimiento que legitima la existencia de esa sociedad estatal, en el cual al parecer los legisladores porteños cometieron omisiones. La presentación la hizo el diputado Jorge Argüello, quien se presentó ante la Corte porteña como ciudadano, para impugnar el procedimiento que comenzó en la última sesión de la anterior Legislatura.
Aquel debate, el 6 de agosto de 2000, fue maratónico, se aprobaron casi 150 despachos con permanencia en el recinto hasta las 5 de la madrugada, unas horas antes de que asumiera Ibarra como jefe porteño. El frepasista quería iniciar su gestión con una batería de normas aprobadas, por temor a que la nueva composición de la Legislatura le impidiera esas leyes, teniendo en cuenta que la Alianza perdió 12 de los 37 diputados que tenía entonces y con ellos el quórum propio.
Omisión
Los legisladores, con esa premura, aprobaron la norma que creó la Corporación Sur, un proyecto presentado por Ibarra, pero omitieron sancionar los estatutos que la regulan, ya que ese tipo de ente funciona con las reglamentaciones de una sociedad anónima. Tampoco se fijó el período de duración, ni el capital inicial entre otros detalles, algunos de los cuales Ibarra remendó con decretos, incluso uno para la edición de los estatutos societarios. Argüello sostuvo en su presentación que esos decretos no son constitucionales y que por lo tanto los actos que realice la Corporación, que piensa incentivar una inversión de $ 1.700 millones en 5 años, serías «de dudosa legitimidad», hasta que se resuelva la cuestión.
El Tribunal, con 3 votos contra 2, decidió hacer lugar a la presentación y ordenó el traslado a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad para que antes de 30 días corridos -plazo a vencer la semana que viene-«conteste y acompañe prueba documental» para luego fijar una fecha de audiencia, ante el conflicto de poderes que desataría la Corte si sostiene que los decretos de Ibarra no son constitucionales.
La cuestión podría resolverse con una ley complementaria para que agregue los estatutos correspondientes, determine el capital inicial que Ibarra fijó en $ 3.600.000 y demás requisitos, si el Tribunal considerara que es correcto el pedido de declaración de inconstitucionalidad. En cambio quedaría vigente la composición de directorio, que comparten junto a Bocco, el peronista Osvaldo Papaleo; el peronista-belicista Fabián Valle; la menemista Raquel Kismer de Olmos; la frepasista Ileana Mignaqui y los radicales Santiago Lestingi y José Pradelli.
Ayer el directorio de la Corporación anunció la instalación de un polo de desarrollo informático, en la antigua estación Buenos Aires, para lo cual se licitará ahora la vereda norte de la calle Herrera, frente a la autopista 9 de Julio Sur, para radicar otras empresas.
El núcleo central del proyecto estará ubicado en un predio de 22 hectáreas, denominado corredor sur, de acuerdo a lo que informó Bocco, quien precisó que crearán un centro cultural y turístico en el viejo Mercado de Hacienda de Matadero, un centro de convenciones y exposiciones en Cruz y Escalada, además de dos hoteles y un polo industrial en Villa Soldati.
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