Hebe de Bonafini, quien concurrió a los Tribunales acompañada
por un grupo de 16 madres, se reunió ayer con Eugenio
Zaffaroni, a quien le reclamó un «rápido pronunciamiento» de
la Corte Suprema sobre la validez de los indultos.
Le dio resultado a Néstor Kirchner la estrategia de dirigir hacia la Corte Suprema la presión para anular por vía judicial los indultos otorgados por Carlos Menem a principios de los 90. Los miembros del supremo tribunal tomaron nota ayer de que un fallo de esa naturaleza no deberá demorarse demasiado tiempo. La visita de Hebe de Bonafini al juez supremo Eugenio Zaffaroni tuvo esa precisa intención.
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Hasta ahora, los jueces supremos han eludido una definición sobre la validez o ilegalidad de los indultos a militares y guerrilleros, recostándose en el argumento de que esperan un pronunciamiento de la Cámara de Casación. Pero ésta es una verdad a medias. La Corte Suprema no necesita de un fallo de Casación para anular los indultos. El pronunciamiento de ese tribunal no es vinculante. Es decir, Casación puede decir que los indultos no pueden ser declarados inconstitucionales y la Corte opinar lo contrario.
En rigor, lo que busca la Corte Suprema -como cabeza de un poder del Estado- es que todos los tribunales acompañen la decisión política y judicial de dictaminar que los crímenes de lesa humanidad no son susceptibles de amnistía o perdón. El Tribunal no quiere repetir la experiencia desagradable de emitir un fallo que luego sea ignorado por el restode los jueces. Así sucedió con la pesificación: los tribunales inferiores aún hoy siguen declarando la inconstitucionalidad de la pesificación de los fondos atrapados en el «corralito».
Algunos de los miembros de la Corte están interesados en obtener en el corto tiempo un pronunciamiento de Casación, y hay quienes aseguran que el tema será motivo de conversación en un cónclave nacional que tienen mañana los jueces en Santa Fe.
• Recusaciones
Aunque Bonafini esté apurada, lo cierto es que un fallo de esta naturaleza no saldrá pronto. Todos los expedientes sobre la nulidad del indulto están parados en Casación porque las mismas organizaciones de derechos humanos recusaron a varios camaristas de ese tribunal penal. Por ende, los reemplazantes tienen al menos que leer el expediente para dar una opinión algo seria.
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo fue a pedir que la Corte interceda ante Casación, pero también a deslizar que los jueces de Casación podrían ser llevados ante el Consejo de la Magistratura, donde podrían ser promocionados para un juicio político. En este punto, Bonafini tiene razón: con un consejo de jueces controlado por el oficialismo, los integrantes de Casación están en serio riesgo de perder su puesto.
La intención de Bonafini es que la Corte notifique a la Cámara de Casación para que se expida en un plazo «razonable» -que el jurista Sergio Schocklender estimó en 60 días-, y en caso de que eso no suceda, impulsar el pedido de juicio político a los magistrados. uens «Es fundamental que se anulen los indultos que firmó Menem», insistió Bonafini, antes de denunciar que podría existir una «connivencia entre los jueces de la Casación para frenar los expedientes».
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo adelantó que pedirán una entrevista con las autoridades de la Cámara de Casación. Según Bonafini -quien concurrió a los Tribunales acompañada por un grupo de 16 madres-, luego de que los indultos se declaren inconstitucionales, se podría empezar a juzgar a unas 1.200 personas acusadas de violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
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