Insiste Ibarra en conseguir fondos del juego en Capital
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Ente propio
provinciales.
El problema que puede tener Ibarra, para la aprobación del convenio por parte de los legisladores es que el documento incluye recibir dinero de las apuestas del polémico casino flotante, amarrado en la ribera de la Capital, que generó un problema judicial de jurisdicción entre la Nación y la Ciudad que aún no tiene fallo. Esa cláusula es la que genera la nueva batalla entre radicales y frepasistas. Tanto diputados nacionales del Frepaso como del radicalismo se manifestaron en contra de la instalación de un casino contraponiéndose a los legisladores ibarristas. Les esgrimieron argumentos morales y éticos, que ahora la UCR refuerza con respecto al convenio, porque dicen que si se considera ilegal el casino flotante, no está bien que se reciba dinero mientras está allí. El Frepaso podría aprobar el contrato en la Legislatura como lo hizo con la ley, sin los votos de radicales y socialistas y, en cambio, con los del opositor bloque Encuentro (cavallistas, belicistas y peronistas). La bancada no adoptó todavía su postura pero se inclinaría a permitir que la Ciudad recaude (aún del casino flotante) antes de perder la posibilidad de esos fondos vetando el convenio.
Prohibición
La UCR quería incluir en la ley la prohibición de instalar casinos en la Capital, pero sólo logró que se agregara una cláusula transitoria que insta al gobierno porteño a realizar acciones tendientes a que se clausure el casino flotante, concesionado por Lotería Nacional a la empresa Cirsa. Desde el Gobierno de la Ciudad dicen que esa cláusula «es un saludo a la bandera», para graficar la poca validez que tiene, pero que además «podríamos sugerirles que la cambien por una declaración, ya que en leyes no se ponen expresiones de deseo», aseguraron con respecto a las supuestas acciones que el Gobierno de la Ciudad podría realizar para conseguir la clausura del barco ruleta.
A su vez, se ratificó la prohibición de instalar casinos privados, pero como contrapartida se reforzó el artículo del permiso: el jefe de Gobierno que quiera poner una ruleta estatal en el distrito debe enviar el pedido a la Legislatura, y es el único que puede hacerlo, es decir, que la iniciativa no puede salir de los diputados, sino del Ejecutivo. Ese permiso requiere de dos lecturas del proyecto y mayoría especial para su aprobación, lo que significa una primera aprobación, luego una audiencia pública para que opinen los vecinos y la aprobación final, todo con dos tercios del total de votos de la Cámara, 40. Hoy, si Ibarra quisiera solicitar el permiso no cuenta con esos 40 votos: el radicalismo está en contra, y la oposición Encuentro, que cuenta con 20 bancas contra 25 de la Alianza, también, además de que hay que restar los 13 votos en contra de la UCR y los 4 de los socialistas.
Razón
La razón por la que Encuentro sin embargo defendió la norma y la aprobó en general y en particular con el artículo del casino incluido es que «si poníamos que se prohíben los casinos, una futura Legislatura o esta misma, necesita sólo 31 diputados de los 60 que somos para dar quórum y levantar la prohibición, pero además de esos 31 diputados con 16 votos, que es mayoría simple, era suficiente», según explicó el belicista Lucio Ponsa Gandulfo en sintonía con la frepasista Vilma Ibarra. Por eso cuando Ibarra asegura que no está en sus planes poner una ruleta porteña, también sabe que las dificultades serían demasiadas para hacerlo, incluso porque Encuentro, anticipó que no votaría un permiso para que se instale un casino porteño aunque sea estatal.
La polémica quedará nuevamente abierta en el seno de la Alianza cuando llegue al recinto el tratamiento del convenio, que Ibarra envió hace más de un mes a la Legislatura. El debate quedó supeditado a que primero se aprobara la mentada ley de juego que ya se sancionó. Si finalmente el convenio se aprueba, cuando concluya en 2003, la ciudad deberá contar con sus propias apuestas y cadena de distribución




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