Insisten con la apertura de la feria judicial para frenar el DNU que amplía las facultades de inteligencia

Dirigentes políticos apelaron la decisión que rechazó habilitar el receso judicial y advirtieron que el decreto ya está vigente, permite tareas encubiertas sin control judicial previo y genera un riesgo inmediato sobre derechos de privacidad.

A 20 días de su publicación, el DNU sIgue generando conflicto.

Un grupo de dirigentes políticos presentó un recurso de apelación para que la Justicia habilite la feria judicial y trate de manera urgente la medida cautelar solicitada contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que amplía las facultades del sistema de

inteligencia nacional.

La apelación fue interpuesta por los abogados Miguel Ángel Pierri y Martín Nahuel Montalto, en representación de Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile, en el marco de una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional.

La insistencia para frenar el DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional

El planteo cuestiona una resolución del 15 de enero de 2026, mediante la cual el juzgado federal de feria rechazó habilitar el receso judicial y, en consecuencia, postergó el tratamiento de la medida cautelar solicitada.

Según la presentación, la decisión les provoca un “gravamen actual y concreto”, ya que el decreto impugnado “se encuentra plenamente vigente y produciendo efectos jurídicos inmediatos”, sin que exista acto alguno del Poder Ejecutivo que haya suspendido o diferido su aplicación.

El DNU que buscan frenar.

Boletín Oficial.

En el escrito remarcaron que el DNU “amplía de manera inmediata las facultades del sistema de inteligencia, habilitando tareas encubiertas y el intercambio de información sin control judicial previo”, lo que, a su entender, torna imperioso el análisis urgente de la cautelar solicitada.

Los dirigentes también advirtieron sobre el peligro en la demora, al señalar que las normas cuestionadas permiten “injerencias estatales en la esfera de la privacidad y la intimidad de los ciudadanos” y que, una vez iniciadas esas tareas bajo un régimen de secreto, “la afectación producida resulta de muy difícil o imposible recomposición ulterior”.

Afirmaron que diferir el análisis cautelar hasta el fin de la feria judicial implica permitir que, durante ese período, la Administración continúe actuando al amparo de una norma cuya constitucionalidad fue cuestionada, lo que podría “tornar ilusoria una eventual tutela posterior” .

Por último, el recurso cuestiona el “excesivo rigor formal” utilizado para rechazar la habilitación de feria y sostiene que las acordadas de la Corte Suprema citadas en la resolución no pueden operar como un obstáculo al acceso a la Justicia.

En ese marco, pidieron que la Cámara de Feria revoque la decisión apelada y ordene que la medida cautelar tenga trámite urgente.

Días atrás, el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa se opuso a habilitar la feria judicial en el amparo colectivo contra el DNU que reforma la ley de Inteligencia.

Sostuvo que las presentaciones para que se declare la inconstitucionalidad del decreto que reformula el sistema de inteligencia, deberán ser resueltas por los jueces naturales cuando se reanude la actividad judicial, una vez finalizada la feria de verano.

Durante el receso se interpusieron varios amparos. Además de los dirigentes, se presentaron los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y el legislador Esteban Paulón, del Partido Socialista.

Todos pidieron la inconstitucionalidad y el dictado de una medida cautelar urgente para la suspensión del decreto. El CELS también interpuso un amparo colectivo.