Interna del PJ complica ley para renegociar las tarifas

La prórroga que reclama el gobierno al Congreso para negociar con las empresas de servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 2004 -un tema sensible en la relación con el FMI-s e convirtió en la excusa ideal para que estallara un conato de resistencia en el Senado. Como el proyecto del Ejecutivo tiene condiciones inadmisibles para los legisladores, el pampeano Carlos Verna, que comanda la comisión clave de presupuesto, se montó sobre las críticas generalizadas al texto y aprovechó para desnudar el verdadero enojo de él y otros peronistas senatoriales por la injerencia de Néstor Kirchner en varios distritos del interior, en muchos casos, alentando candidaturas por fuera del PJ. Resultado: la prórroga quedó congelada hasta el 12 de agosto, cuando el bloque oficialista citó a los ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido para destrabar con ellos la aprobación. La pelea política amenaza con afectar a la economía. Serio.

"Vos flaco, defendés al gobierno porque no te hacen en San Juan lo que me hacen a mí en La Pampa, donde me armaron un frente por afuera del PJ para joderme en las elecciones", levantó la voz Carlos Verna que peleará por la gobernación en su provincia. Por lo visto, la política, tratándose de una queja del jefe de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, puede comprometer el futuro de la economía.

El destinatorio de la virulenta frase --pronunciada anteanoche en un clima tenso de reunión de bloque-era un silencioso José Luis Gioja, presidente provisional, a quien sus colegas sindican -a la par de Miguel Angel Pichetto-como delegado de Néstor Kirchner en el PJ senatorial (esto sucede porque Cristina Fernández de Kirchner prefiere asesorar a su marido en Olivos, en lugar de hacer de vocera presidencial en la Cámara alta). Verna y Gioja vienen del «viejo Senado» y nunca habían estado tan distanciados, pero Kirchner lo hizo.

«Desde ya les aviso que mañana (por ayer) no voy a ir a la comisión», advirtió un enardecido Verna a los presentes que trataban de calmar los ánimos. La querella, por este relato, parece circunscribirse a una simple pelea personal sobre alineamientos respecto de la Casa de Gobierno. Sin embargo, la expresión del pampeano refleja un malestar creciente, todavía disimulado por los índices de popularidad de la nueva gestión. Varios senadores están a punto de mudar a gobernadores, no sólo Verna (Gioja cuenta con favoritismo oficial), y ya mascullan bronca -con sordina, clarocada vez que les piden que incorporen candidatos de Kirchner en sus boletas, en detrimento de la propia tropa.

• Prórroga en suspenso

El anuncio de Verna de que no asistiría a la cita de comisión -se refería a la de Infraestructura, que deliberó ayer-derivó en que se frustrara cualquier avance en el tratamiento de la prórroga de facultades a Roberto Lavagna y Julio De Vido para que negocien con las empresas de servicios públicos. Ese poder clave vence a fin de año y el oficialismo pretende estirarlo hasta el 31 de diciembre de 2004. Podría tratarse del conflicto debut entre Congreso y Ejecutivo desde el 25 de mayo.

Por supuesto, este freno transitorio al proyecto que debía considerarse en Infraestructura no tuvo que ver con Verna solamente (quien, en todo caso, expresó el sentir de muchos colegas que no se animan a manifestarlo abiertamente), ni con una cerrada oposición a concederle esta facultad al Ejecutivo. Al contrario, la mayoría coincide en que es un tema muy delicado y lo ideal es que se ocupe el gobierno de turno, sin comprometer demasiado a ambas alas del Palacio de las Leyes.

Resulta evidente que el malestar de Verna -algo similar podría decirse de la salteña Sonia Escudero, que observa con indignación cómo el Ejecutivo alienta a los opositores a la reelección de Juan Carlos Romero explotó, entre otras razones, porque la iniciativa incluye artículos inaceptables a criterio de los legisladores.

En el punto número 2 del proyecto remitido por el PEN, se pretende autorización para convalidar acuerdos por afuera de los marcos regulatorios, sostienen ahí. En el 4º, se llega al extremo de exigirle al Parlamento que ratifique en 60 días los convenios del gobierno con las empresas. De lo contrario, es decir si no se expide el Congreso, la negociación quedaría aprobada de hecho. A los senadores, no les gusta que les pongan plazo desde otro poder del Estado y, menos aún, que los sometan a una suerte de sanción ficta.

«Lavagna está mal asesorado», bramó Verna, que no podía contener su rabia y sobreactuaba el rechazo a la extensión de potestades por 12 meses.

No hay que descontar en el estallido de anteanoche la influencia de una vieja pelea del delegado de La Pampa con el ministro de Economía, cuando este último sugirió que Verna amparaba lobbies en la Cámara alta, durante la gestión de Eduardo Duhalde. Fue una derivación del nunca aclarado escándalo por la denominada Ley Barrionuevo, que intentó armar una «caja» para el sindicato bancario.

Pichetto, abrazado al manual del buen oficialista, intentó cazar aliados en el bloque para sacar la prórroga lo antes posible. «Es un proyecto que debemos aprobar», insistió en varias lenguas. El santacruceño Nicolás Fernández-, que participa regularmente en los cónclaves de bancada, se mostró conciliador, en pleno arranque de ira de Verna.

• Advertencia

«Habría que hacerle las modificaciones necesarias en comisión», planteó Fernández con buen tino y tono. El santafesino Oscar Lamberto aprovechó para lanzar una advertencia: «No embromemos mucho con este tema de renegociar contratos, que corremos el riesgo de quedarnos sin luz, sin agua o sin gas el año que viene». Simularon no escucharlo.

Ayer, la Comisión de Infraestructura sólo pudo darle entrada formal a la iniciativa. Los peronistas, agitados por consignas de Verna, pidieron una charla con los ministros Lavagna y De Vido para destrabarla. Agendaron una entrevista con ambos para el 12 de agosto. La idea es emitir dictamen y votarla en el recinto durante la primera quincena del mes próximo, retoques al texto mediante.

El mendocino Jorge Pardal, coordinador de la comisión, se prodigó en frases favorables a la aprobación, pero sin desbordar entusiasmo. «Es una herramienta legal que necesita el Poder Ejecutivo», clamó. Escudero, a su turno, se animó a hacer públicas algunas de sus objeciones privadas (no políticas, claro) y reclamó una garantía de que se van a poner en práctica las «tarifas sociales». El neuquino Pedro Salvatori (MPN) coincidió en que eran necesarios cambios en la ley, especialmente, en los artículos 2 y 4.