Intimación de EE.UU. por leyes antilavado

George W. Bush

La designación de la Argentina como sede de la Cumbre de las Américas, en noviembre, en Mar del Plata, ha incrementado el dinamismo del vínculo bilateral con los Estados Unidos. Si se quiere, se reforzaron las presiones para que, una vez que se inaugure esa reunión internacional, el país anfitrión pueda ser exhibido como un modelo en aquellos aspectos de las relaciones internacionales que se han convertido en principales para Washington: la lucha contra el terrorismo y el combate al lavado de dinero, sobre todo cuando financia ese crimen.

Ya es un dato conocido que para Néstor Kirchner la política exterior puede bien reducirse a una discreta subordinación a los Estados Unidos en la agenda que para este país resulta indispensable. Lo demás es, para él, relaciones públicas. Por eso es importante detectar las discusiones que están en curso en estos días en relación con los aportes o defecciones que la administración realiza en el campo de la seguridad internacional. Durante los últimos tres días, todos los poderes del Estado recibieron un mensaje clarísimo del gobierno de George Bush para que el gobierno de Kirchner acelere el paso hacia una serie de reformas que lo adecuen al estándar internacional en materia de lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero.

El encargado de expresar esa expectativa fue Daniel Glaser, subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para las cuestiones ligadas con la investigación y el combate de esos crímenes. A su paso, Glaser recabó información sobre las cien internas que atraviesan al Estado y al gobierno en relación con estas cuestiones:

• El marco general en que se inscribió la visita de este funcionario decisivo es la adecuación de las leyes e instituciones argentinas al modelo que promueve el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), club que reúne a una treintena de países con la finalidad de crear una red de seguridad internacional contra el lavado de dinero. La Argentina y Brasil son los únicos países latinoamericanos que integran esa liga. Pero, a pesar de eso, la administración Kirchner ha comenzado a ser descalificada desde la última reunión, en Singapur, hace 6 meses. El primer mensaje de Glaser en sus contactos con Roberto Lavagna, Martín Redrado y diputados del Congreso fue que deberían tomarse las medidas necesarias para que en la próximareunión de ese grupo -en el cual él representaa su país- el gobierno argentino pueda exhibir una ley que tipifique el terrorismo como delito y libere del secreto fiscal (además del bancario, sobre el que se avanzó bastante) a las operaciones sospechosas de ocultar procesos de lavado de dinero. La conveniencia de que el país adopte como propio el modelo internacional en la materia está ligada a cuestiones muy concretas. Por ejemplo: aunque no forme parte de su estatuto, existe un consenso extendido acerca de que el Banco Mundial podría condicionar su financiamiento si no se satisfacen esos requisitos.

• Glaser pudo tener varios testimonios directos sobre cómo funcionan los distintos actores del gobierno frente a estos problemas. Sin ir más lejos, el martes por la tarde se entrevistó con varios legisladores (Ramón Puerta, Horacio Pernasetti, Margarita Stolbizer) y asesores parlamentarios y también con Alicia López, la presidenta de la Unidad de Investigación Financiera que depende del Ministerio de Justicia. El subsecretario de John Snow fue claro: «Si somos socios, debemos ser aliados en este tipo de regulaciones, lo que no quiere decir que copien nuestras instituciones». Abrió los ojos cuando la vehemente doctora López confesó a Glaser que «es muy difícil que se pueda avanzar en el combate del lavado si no se cuenta con presupuesto, recursos administrativos y, sobre todo, si no se permite la coordinación entre todas las agencias del Estado que deben abocarse a esa tarea». Los demás funcionarios de la UIF, con los que el visitante se reunió ayer por la mañana, completaron el cuadro. Casi todos ellos terminan su mandato en noviembre y por eso han soltado su lengua: «Tenemos la versión muy fidedigna de que el ministro Lavagna --le dijeron a Glaser-tiene pensado un decreto de necesidad y urgencia para modificar la estructura de la UIF y sustituirla por un organismo unipersonal ocupado por alguien con jerarquía política». El funcionario norteamericano fue sobrio: «Si se hiciera algo así, el país se pondría más lejos de lo que se espera de él. De hecho, no podría integrar el Egmont Group». Se trata de la asociación internacional de unidades de inteligencia financiera que ejerce un monitoreo discreto sobre el formato institucional que las distintas naciones adoptan para sus organismos de investigación.

• Lavagna está, como en tantos otros casos, sometido a una interna despiadada con otros integrantes del gobierno, preferentemente kirchneristas. La clave de esa disputa es, precisamente, la supervisión política de las áreas de control del lavado de dinero y financiamiento del narcotráfico. Su hombre en esta materia es Zenón Biagosch, director del Banco Central a quien se ha designado como vicesuperintendente de bancos en esa entidad, secundando a Waldo Farías, hombre en quien Kirchner depositó toda su confianza cuando dirigía la Lotería Nacional y, ahora, en esta delicada función. Biagosch se ha interesado siempre en el problema del lavado de dinero, sobre todo en relación con la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado ( FAPLA). Sin embargo, los funcionarios más ligados a Kirchner en el Central no están del todo conformes con que sea el encargado principal de esta tarea. Le objetan ciertas amistades y asesoramientos. ¿Es cierto que en estos temas se hace ilustrar en el estudio de abogados de D'Albora, que ha patrocinado a la familia Orentrajch, investigada en la causa más importante sobre lavado de dinero que se sigue en juzgados argentinos? La pregunta ya tiene nivel presidencial porque, aunque la relación con Lavagna atraviese un idilio según dicen los diarios, Kirchner no quiere quedar desinformado.

• No es la única guerra sorda por la que atravesó, algo asombrado, el perspicaz Glaser. También le informaron de la expansión que pretende Aníbal Fernández, quien aspira a que el Ministerio del Interior -es decir, la Policía Federal-encabece una comisión interministerial de Lucha contra el Terrorismo, a la que quedarían subordinadas otras fuerzas, como la Gendarmería y, sobre todo, la SIDE. El proyecto por el que se llegaría a este modelo -que ya provoca disgusto en la estación local de la CIA, según se supo al lado de Glaser-fue presentado en el Congreso por la salteña Sonia Escudero y lleva la marca del ministro en un detalle: por esta vía el quilmeño vuelve a insistir en la creación de una base de datos poblacional, inquietud que ya infiltró en el decreto por el cual se admitió la responsabilidad del Estado argentino en la denegación de Justicia para las víctimas. Desde febrero, el ministro del Interior opera para que le habiliten esa base de datos, que algunos consideran de vital interés para las empresas de tecnología dedicadas a la documentación e identificación de personas.