Yacyretá de nuevo en la justicia por acusaciones de presuntas irregularidades. Un juez federal de Buenos Aires ordenó a un fiscal que investigue si la iniciativa privada para una obra complementaria es tan «iniciativa» y tan «privada».
El juez federal Daniel Rafecas ordenó al fiscal Gerardo Di Masi que investigue el llamado a licitación de la central hidroeléctrica Aña Cuá -parte del complejo Yacyretá-, que tendría presuntos sobreprecios por 200 millones de dólares, según una denuncia presentada el 29 de marzo por los diputados del ARI Elisa Carrió y Adrián Pérez.
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Esta investigación afectó un proceso licitatorio ordenado por el Ente Binacional Yacyretá (EBY), luego de que Rafecas ordenara que se investigue una denuncia presentada por los diputados aristas, por la posible comisión de múltiples delitos en el llamado a licitación pública internacional para la construcción de la Central Hidroeléctrica Aña Cuá.
En su presentación ante el magistrado, los legisladores del ARI pidieron que se investiguen los delitos de presunto fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, cohecho, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en el llamado a licitación. Carrió y Pérez basaron su pedido en un aparente sobreprecio de 200 millones de dólares en el presupuesto de la obra, estimado en 400 millones de dólares.
En el año 2001, al licitarse por primera vez la central, la estimación del costo habría sido de 200 millones de dólares. Como se trata aparentemente de la misma obra, y prueba de ello resultaría ser la declaración de interés de la propuesta de «iniciativa privada» presentada el 12 de febrero de 1999 y confirmada el 5 de agosto de 2005 por la empresa IMPSA, nada justificaría la duplicación del costo base de la licitación. Los legisladores del ARI también cuestionan la figura de «iniciador privado» que se le concedió a la empresa IMPSA y que le habría otorgado importantes privilegios frente a sus potenciales competidores, aun cuando el proyecto original pertenecía al EBY.
«Las irregularidades señaladas son abundantes elementos que permiten sospechar seriamente respecto a la existencia de connivencia entre funcionarios y empresarios para adjudicar la obra pública a la empresa IMPSA, la que se ve estratégicamente beneficiada: a) con normativa sancionada a su medida, que la ubica en una situación privilegiada respecto del resto de las empresas que pudieran presentarse al llamado del próximo 10 de abril, y b) con un sobreprecio evidente en la aprobación de su presupuesto, que incluye trabajos de efectos inexistentes y otros ya realizados por la consultora Harza-cidy, que son incompatibles con una administración fiel de los recursos estatales», concluyeron los legisladores del ARI.
Los gobiernos de la Argentina y el Paraguay, a través del Ente Binacional Yacyretá (EBY), habían llamado a Licitación Pública Internacional Nº 321 a fin de contratar la construcción y puesta en servicio de la Central Hidroeléctrica del Brazo Aña Cuá, que estará localizada en la isla Yacyretá, en las adyacencias del vertedero del brazo Aña Cuá. Una vez instalada, las tres turbinas de 85 megavatios cada una de la central aportarían unos 1.800 Gw/ h, equivalentes a 10% de la producción de Yacyretá.
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