Investigan destino de u$s 15 millones de Ruckauf-Caselli

Si Carlos Ruckauf tuvo mal día ante una denuncia por el desmanejo de $ 3 millones en el Senado nacional, cuando él lo presidía, tiene ahora una preocupación extra: la Justicia de la provincia de Buenos Aires investiga el uso, presuntamente irregular, de 15 millones de dólares cuando era gobernador bonaerense, operación que en el circuito político se conoce como «la fiesta de los anticipos».

Esos fondos -de acuerdo con la denuncia-fueron otorgados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a un grupo de empresas para la construcción de viviendas que, en muchos de los casos, no se construyeron.

La causa se inició con una presentación efectuada por el actual interventor del organismo provincial, Alfredo Ibarlucía, ante la Fiscalía Nº 8 de La Plata, a cargo de Carlos Arguero y Esteban Lombardo.

El asesor legal del IPV, Manuel Peña, le dijo a este diario que los 15 millones se habrían esfumado porque «no se compró material, ni se empezaron a construir viviendas, ni las empresas devolvieron el dinero al instituto».

El instituto, que fue intervenido en febrero por Felipe Solá, hizo ya al menos trece presentaciones judiciales. Peña dijo que se están revisando actuaciones que permiten presumir que el monto comprometido en toda la operación sería mayor.

Ayer, Enrique González Bergés, asesor técnico de la intervención, calculó la cifra final en no menos de 40 millones de dólares. Pero, «hasta ahora», se detectaron anomalías en operaciones por 15 millones.

El mecanismo sería el siguiente: el instituto habría otorgado anticipos financieros a las empresas para que comenzaran con los trabajos para la construcción de proyectos de viviendas que, finalmente, ni siquiera se habrían comenzado.

Este diario accedió ayer a un caso testigo de esas operaciones:

• El 12 de diciembre de 2000, el IPV habría entregado a la empresa Land Developer SA un anticipo financiero de $ 1.000.000, en dos cuotas -una de $ 806.078,12 y otra de $ 193,921,88, mediante los cheques 21147472 y 21147604-, para avanzar en la construcción de un complejo de 250 viviendas en Bahía Blanca. El 15 de setiembre de 1998, la misma empresa para el mismo emprendimiento habría recibido otro anticipo de $ 650 mil. El 28 de mayo de este año, el delegado Eduardo Rodríguez fiscalizó la obra y declaró, por resolución interna, que en el lugar «no se observan fundaciones, acopio de materiales en el terreno ni ninguna obra ejecutada». Adjuntó fotos, entregadas a la Justicia, que muestran que donde debería haberse iniciado la construcción de 250 viviendas es un terreno baldío.

• Según dijeron Ibarlucía, Peña y González Bergés a este diario, ese procedimiento se repitió en otros emprendimientos, involucrando anticipos por $ 2.050.000 para una obra en Claypole, $ 2.000.000 para otro proyecto en Villa Fiorito y $ 1.213.200 para la construcción de un barrio en La Plata, entre otros. En todos los casos, el aporte financiero del instituto de la vivienda se habría efectuado sin tener el «menor reparo en soslayar las normas que regulan el pago de compromisos de financiación de viviendas», según consta en la presentación ante la fiscalía platense. En algunos casos, señaló Peña, el aporte financiero habría alcanzado 40% del presupuesto de la obra pero la empresa sólo construyó 3% de la misma.

El asesor legal explicó ayer que existen «indicios de presunción de delitos» aunque aseguró que en el instituto existió una «organización que habría desviado fondos destinados a la construcción de viviendas para otros fines».

Fuentes de la investigación dijeron que empresarios a quienes se solicitó que devuelvan los fondos respondieron: «Los anticipos no nos llegan, son la parte que se reparte», en alusión a supuestos manejos turbios por parte de funcionarios políticos.

La investigación muestra un dato llamativo: la mayoría de las resoluciones que se habrían hecho sin respetar los procedimientos internos llevaría la firma de Daniel Enrique Fonda, quien durante 2000 y 2001 fue el subinterventor del instituto.

Fonda fue designado en ese cargo por el ex secretario general de la Gobernación de Ruckauf, el actual secretario de Culto, Esteban Caselli.

Los mismos voceros indicaron que actualmente Fonda ocupa un cargo de asesor de Caselli en Cancillería, aunque esa información fue desmentida por voceros oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

-¿Estos pagos se pueden haber efectuado sin conocimiento de las máximas autoridades del instituto? -le preguntó ayer este diario a Ibarlucía.

-No, de ninguna manera.

 -¿Y dónde fueron a parar esos fondos?.

-Se esfumaron, desaparecieron -intervino Peña.