Jaqueado por críticas, duda PJ si vota ahora reforma judicial

Las críticas y la gruesa agenda para tratar las leyes económicas resultarían gravitantes para demorar la pretensión del oficialismo de aprobar una ley que reduce de veinte a trece los miembros del Consejo de la Magistratura, dándole al gobierno la posibilidad de bloquear la designación y la remoción de jueces.

Aunque en el Senado se afirma que el compromiso de Miguel Pichetto es tratar el proyecto el 28 de diciembre (Día de los Inocentes), no es seguro que para esa fecha se logre reunir los votos necesarios para parir la polémica ley. Su sanción quedaría para el año próximo.

Ocurre que entre mañana y el jueves, el Senado deberá prestar conformidad a tres proyectos económicos clave que pidió Kirchner: la prórroga de varios impuestos, el Presupuesto 2006 y el decreto que modifica la Ley de Convertibilidad para habilitar el pago total de la deuda que mantiene la Argentina con el FMI.

La postergación de la «ley Cristina» servirá para facilitar el desembarco de dos proyectos que contrastan con el diseñado por la primera dama. Uno es impulsado por los senadores radicales Norberto Massoni, Luis Naidenoff, Ernesto Sanz, José Luis Zavalía y el renovador salteño Ricardo Gómez Diez. El otro proviene de la pluma de los colegios de abogados y tiene varios puntos en común con la propuesta de la senadora Cristina Kirchner.

El primer proyecto mantiene la composición del cuerpo en su número original ( veinte miembros), conformado por: ocho legisladores, cinco jueces, cuatro abogados, dos académicos y un representante del Ejecutivo.

Excluye al presidente de la Corte Suprema. Establece una duración de mandato de cuatro años con reelección luego de un intervalo de un período. Y un quórum de once miembros. La decisiones se adoptan por mayoría absoluta de presentes.

• Extensión

Especifica, además, que la decisión de abrir un procedimiento de remoción o uno disciplinario no podrá extenderse por más de tres años desde las denuncias.

La iniciativa de los abogados contempla un consejo integrado por quince miembros: cuatro jueces, cuatro legisladores (dos senadores y dos diputados); cuatro abogados, dos académicos y un representante del Ejecutivo. En este proyecto también se suprime la participación del presidente de la Corte.

En cuando a la duración de los cargos, se promueve que sean cuatro años con una reelección inmediata. Para el caso del quórum se exige menos cantidad por la lógica disminución de los componentes totales del cuerpo.

• Ideas

El tema sería discutido hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque el dictamen ya está firmado y no se le pueden introducir modificaciones. Salvo que «la señora» decida promover cambios al texto de la ley. Si eso ocurre, los miembros de Asuntos Constitucionales deberían firmar otro dictamen con las modificaciones y esperar otros siete días para llevarlo al recinto.

Una de las ideas que se están analizando ahora en el peronismo es aumentar el número de miembros del Consejo de la Magistratura de trece a catorce, dejando siete representantes políticos y siete miembros vinculados al Poder Judicial.

Precisamente, el mayor cuestionamiento que despertó el proyecto de Cristina es la hegemonía que se le otorga al bloque político: cinco de los trece miembros serán del oficialismo (dos senadores, dos diputados y el representante del Poder Ejecutivo), dándole la posibilidad al gobierno de bloquear la designación y la remoción de jueces.

Actualmente, el consejo de jueces está compuesto por un integrante de la Corte Suprema, ocho legisladores (cuatro diputados y cuatro senadores) cuatro jueces, cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito científico y académico.

Aparte de reducir el número de integrantes a trece, el proyecto prevé un cambio para el Jurado de Enjuiciamiento de los magistrados de menor rango, que dejará de ser un órgano permanente y único y pasará a conformarse a medida que se presenten causas contra los magistrados.

Distinto es el proyecto radical, que propone un jury de once miembros con seis legisladores y mantiene la idea del sorteo semestral público.

En tanto, la propuesta de los abogados mantiene la integración de nueve miembros. La diferencia sustancial es que los miembros son permanentes, pero el cuerpo se convoca ad hoc (es decir, con motivo de cada proceso de remoción).