Consejo cierra filas pero aguarda estertores de la guerra entre “bandas”

Reunión cerrada avaló denuncia penal y sumario interno. Por primera vez emergió una lucha de clanes que disputan poder dentro del órgano.

En la reunión a puertas cerradas que ayer llevaron adelante los consejeros se habló específicamente de “bandas” enquistadas dentro del Consejo de la Magistratura. Confirmaron así lo adelantado por Ámbito apenas conocido el sospechoso episodio del presunto “robo” información, tras el hallazgo de 24 sobres con anexos de las declaraciones juradas patrimoniales de jueces y secretarios que fueron violentadas dentro de una de las oficinas del Consejo.

En lo formal, comunicaron un apoyo cerrado (y sin grietas) a lo actuado por el presidente del cuerpo Horacio Rosatti. Es decir, avalaron la inmediata denuncia y el traslado administrativo al cuerpo de auditores para que indaguen respecto al confuso episodio. Las responsabilidades administrativas y cierto personal de planta del Consejo quedaron en la mira.

Los “clanes” de los que habló este diario se corresponden con las diversas capas geológicas de empleados jerarquizados que mantienen sordos enfrentamientos con otras. Además de la ligazón con servicios de inteligencia. El reflejo inmediato de una porción del bloque opositor fue levantar suspicacias en torno a tres magistrados que fueron víctimas: los integrantes del Tribunal Oral Federal N°2 que lleva adelante el juicio oral por “Vialidad” donde está acusada Cristina de Kirchner. Pero, ¿podrían no haber sido el blanco real sino una maniobra distractoria respecto de los verdaderos objetivos de la movida? Otros jueces o secretarios que pueden estar tramitando causas por cuestiones más mundanas que tengan terceros interesados en presionar. Como hipótesis, no se descarta. Si el Consejo fue ayer una sinfonía que acordó revisar todo el sistema de seguridad, trasladar el archivo de las declaraciones juradas a una dependencia más apta y de alguna manera tender un manto de piedad sobre el escándalo para que no siga escalando, la actitud exterior de tres consejeros llamó la atención.

Casualmente, dos de ellos reportan a Mauricio Macri: el diputado del PRO Pablo Tonelli y la exabogada de la AFIP Jimena de la Torre. A estos entusiastas en atizar el fuego disparando sospechas a nivel mediático se les adosó la debutante diputada Roxana Reyes del radicalismo. El resto de sus compañeros de bloque -también enrolados en la oposición- hicieron notar el contraste de la prudencia para que se notara un desmarque. También hubo otra gestualidad que acentuó la soledad en el pataleo de los consejeros más ligados al macrismo: pese a la formalidad de la queja de los jueces, entre ellos mismos circuló una intención de bajar los decibeles y no transmitir una alarma desmesurada. En el último de los casos, son ellos los que aparecían con seguridad vulnerada.

Ayer, acordaron también empoderar a Mariano Pérez Roller, el secretario general del Consejo, como un “interventor” de las áreas de resguardo de la documentación sensible que almacena el Consejo respecto a sus informes patrimoniales.

Hubo otra certeza que circuló en la reunión cerrada de los consejeros: este episodio podría no ser el último, motivado en una serie de cambios que han movilizado a algunos sectores de capas medias que tenían, hasta hace poco, la botonera del Consejo. ¿Fue quizás una movida interna que derivó en un escándalo cuya escalada no fue prevista por sus ideólogos? En el mundo judicial, esta idea germina. Se aguardan los resultados de la auditoría para determinar si se le pueden poner rostros. A la par, una barrera infranqueable es el avance paralelo de una causa penal en el fuero federal. Entre los asistentes circuló otra certeza: el hecho puede marcar algún punto de inflexión que empuje cambios que eran resistidos, algo que iría en sentido contrario a mantener el status quo, uno de los problemas que provocó el estallido de esta batalla entre clanes internos que tomó de sorpresa al Consejo pero que era una realidad palpable en los pasillos del órgano.