Admiten "errores" en el caso y deuda "sin mora" dos testigos de la querella en el juicio Oil Combustibles

Política

Periodista Alconada Mon ratificó los términos de su investigación pero reconoció que hubo aspectos que no eran correctos. Abogado de sindicatura destacó que la petrolera tenía todo asentado en sus libros y que no había deuda exigible a 2016.

Con la analogía similar a la de haber perdido un partido en los últimos minutos de juego, la querella de AFIP cerró la última audiencia del año del juicio oral por Oil Combustibles con dos testimonios que habían sido pedidos para apuntalar la acusación por defraudación al Estado, pero que con el correr de las preguntas, terminaron siendo también funcionales a la defensa. Por un lado, fue interrogado el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon cuya publicación inició la secuencia judicial que derivó en la causa que se elevó a juicio tres años después, y por el otro el abogado de la sindicatura que tuvo a cargo el proceso concursal que derivó en la quiebra de la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Ambos dejaron elementos que agregaron condimentos a una audiencia que había comenzado con una polémica: la fiscalía había solicitado que no se vuelvan a televisar partes de los testimonios del juicio –como había ocurrido con las “lagunas” que habían tenido los ex-AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli- dado que no estaba previsto que se difundan por TV sus dichos. Tras un tiempo de deliberación que pareció eterno, los tres jueces que integran el TOF 3 rechazaron por unanimidad el planteo basado en el principio de libertad de expresión.

Alconada Mon –habituado a las declaraciones judiciales fruto de sus investigaciones periodísticas- se explayó detalladamente acerca de cómo construyó la información publicada en La Nación en marzo de 2016 y que inició el derrotero judicial por el otorgamiento de planes de financiación de la AFIP. Repitió cuáles habían sido sus hallazgos (idénticos a los que terminaron por cimentar la acusación del fiscal Gerardo Pollicita) y aseguró la consulta a multiplicidad de fuentes del ámbito público, privado y especialistas de distintos tipos, haciendo gala de la rigurosidad con la que había tratado el caso. Señaló que recopiló información durante años sobre ciertas “luces amarillas” en el funcionamiento de Oil y en el supuesto apalancamiento que había generado mediante la financiación del impuesto ITC para expandir el grupo empresario. Reconoció que consultó a otras petroleras competidoras y que publicó debido al “impacto institucional” que esos textos generaban. Utilizó muchas expresiones de impacto para graficar cuáles habían sido los parámetros periodísticos que le llamaron la atención del caso. Pero al momento de las preguntas, debió reconocer también que hubo muchos “errores” respecto a la aproximación inicial que había tenido.

Alconada admitió que no había leído el fallo que sobreseyó a los mismos imputados en 2013 por la compra de activos a Petrobras y el uso de planes de AFIP y que tampoco supo los resultados de la pericia ordenada por el TOF 3 para este juicio que desmienten la cifra de duda que aparecía publicada a comienzos de 2016 y que generó la denuncia de la AFIP, gestión Abad. Del mismo modo, afirmó que fue un error su primera declaración testimonial respecto de considerar a Oil como agente de retención del impuesto ITC y que vendía al público combustibles. Al contestar si las múltiples fuentes consultadas no habían explicitado cuál era su rol frente al impuesto en cuestión, respondió: “increíblemente, no”.

Por momentos, el debate quedó trabado ante preguntas de las defensas que el presidente del TOF no admitió respecto al grado de exhaustividad que debió haber tenido la investigación inicial y a la ausencia de precisiones respecto a algunos temas que se revelaron luego inexactos o sin corroboración. En el fondo, el cuestionario desnudó las limitaciones que tiene la dinámica de trabajo de los informes periodísticos sobre temas de interés público que no cuentan con el grado de verificación que debiera reclamársele a un expediente judicial. El periodista aclaró que él “nunca evaluó técnicamente el revalúo de activos” de Oil que había denunciado como uno de los hitos dentro de la maniobra que develó su noticia para lograr inflar el valor de la compañía y así acceder a los planes de financiamiento de AFIP. Las defensas remarcaron que los planes se otorgaron años antes de aquel revalúo.

“La contabilidad de la compañía era transparente. Tuvimos asistencia total de las gerencias y todo estaba asentado en los balances”, sorprendió Javier Llorente abogado de la sindicatura que tuvo a su cargo el análisis integral y llegó al juicio para dar cuenta de su informe ante la justicia comercial. Antes, la querella había logrado que el abogado explicara un muy crítico informe sobre cómo la petrolera se había financiado por la vía tributaria y cuándo ubicaba la fecha inicial de la cesación de pagos, casi desde un comienzo de su operatoria. Pero a su vez, admitió que a “marzo 2016 se encontraban vigentes los planes de pagos” y que “la deuda no estaba en mora” y que para la confección de ciertas partes del informe final de la quiebra, habían tomado los datos analizados por la propia AFIP sobre los planes de pago.

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