Ante Senado, Losardo defendió reforma judicial mientras oposición se enfoca en futuros costos

Política

Titular de Justicia, vía Zoom, planteó ejes del proyecto de Alberto F. Desde Cambiemos buscaron remitir a Presupuesto para calcular fondos y criticaron oportunidad. Oficialismo se abroqueló, ponderó iniciativa y recordó "lawfare".

La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, defendió ayer la reforma judicial propuesta por el Gobierno. O el llamado proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias, como es el nombre de la iniciativa que comenzó a rodar en el Senado. La titular de la cartera expuso los ejes principales vía Zoom ante el plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Arrancará ahora una ronda de propuestas de modificación de parte de la oposición y también de recolectar opiniones de expositores, quienes serán invitados a partir de mañana, cuando haya una nueva reunión. Senadores del Frente de Todos validaron la reforma y mencionaron los distintos issues de las justicias de sus respectivas provincias, además de recordarles a sus pares de Cambiemos las manipulaciones judiciales y el armado de causas con el objetivo de persecución a los opositores. Por la contraria, los no oficialistas insistieron con la inconveniencia del gasto que demandará la implementación de las fusiones y multiplicación de juzgados y apuntaron a la “designación a dedo” de magistrados, junto a al resistido asunto de ampliación de la Corte.

Pasadas las 20 culminó el plenario que había comenzado cuatro horas antes con la exposición de Losardo que tuvo un cuarto intermedio para preparar preguntas, que en realidad, fueron mayormente sentar posición de uno y otro lado. De todas formas acordaron sumar voces de expertos cuyo listado será pasado en limpio a partir de mañana. “Este proyecto de ley tuvo en consideración todas las necesidades que se presentaron en todos los ámbitos, pensando soluciones concretas para mejorar el sistema de administración de justicia”, explicó Losardo al presentar la iniciativa, cuyos ejes son la fusión entre el fuero de Comodoro Py y el Penal Económico y la división de sus dos secretarías dará un total de 46 juzgados penales en el nuevo megafuero.

Losardo subrayó que la iniciativa remitida a la Cámara alta por el Poder Ejecutivo “tiene un objetivo claro y concreto, que es que los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente y cercano” y que les llegue en un “plazo razonable” la respuesta a sus conflictos judiciales. La ministra aseguró que los cambios no afectarán el principio del “juez natural” y garantizó que las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los magistrados que actualmente las tramitan.

Esteban Bullrich (PRO) apuntó a la cuestión presupuestaria y sostuvo que debía girarse el proyecto a esa Comisión para estimar los costos que traería aparejada la reforma. Dalmacio Mera apuntó a dejar la iniciativa “para un tiempo más conveniente”, ambas posturas sobre las que giró la oposición. Silvia Elías de Pérez afirmó que la cuestión no solucionaría problemas del ciudadano y el reclamo por seguridad y disparó que es un proyecto “a medida de la política”. Hizo el cálculo en $3.000 millones de pesos adicionales. Le retrucó el formoseño José Mayans, retomando el exitismo del acuerdo con los bonistas y la etapa que se abre para el país. “Ni si duplicamos el costo de la Justicia, mueve la aguja (de déficit). Va a ser bueno invertir en la justicia, libre e independiente y que respete las garantías constitucionales”, apuntó para contraponer el caso D’Alessio, el armado de causas judiciales y la manipulación y presión de jueces durante el gobierno anterior. El nombramiento de juzgados vacantes (reclamo dirigido al Gobierno), el tema Casal y la supuesta politización de Comodoro Py se colaron en las intervenciones, así como el asunto del contrabando que es de interés para varias provincias como un problema sin atacar. “¿Qué significa la diversidad en la integración de la Corte? Con ese argumento tendría que haber un candidato terraplanista”, fue el bizarro aporte del catamarqueño Oscar Castillo que se enfocó en cuestionar al comité de expertos con el número de causas que tramitó la Corte el año pasado. “No es de extrema urgencia”, pareció ser el atajo de Cambiemos para intentar dilatar el tratamiento.

El oficialismo se abroqueló: Jorge Taiana, Mariano Recalde, Oscar Parrilli y Martín Doñate repasaron las ventajas de la propuesta y contrastaron con que es una modificación adeudada. El rionegrino Alberto Weretilneck inquirió por los plazos de aplicación en las provincias del sistema acusatorio. La mendocina Anabel Fernández Sagasti cuestionó el comunicado opositor de rechazo previo a que se presentara en sociedad la reforma. “Me gusta debatir con ideas propias de los senadores. Tener que leer los diarios el domingo para saber lo que va a decir la oposición es alarmante”, chicaneó. Hubo cruces menores que se incrementarán conforme avance el proyecto en el Senado, donde el oficialismo tiene números que lo dejan más holgado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario