Kirchner despegó al Gobierno del caso Skanska y criticó a Olivera
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El Presidente Kirchner desvinculó al Gobierno nacional del caso Skansa al asegurar que se trata de "un acto de corrupción entre privados".
"Voy a esperar sentado leer en los medios que digan, cuando la Justicia lo determine, que ningún funcionario tuvo nada que ver. Seguro que esto saldrá en un lugar chiquito, pero, de todas formas espero verlo", sentenció el primer mandatario.
El caso es instruido por el juez federal Guillermo Montenegro y el magistrado en lo penal económico, Javier López Biscayart, y comenzó siendo una investigación por presunta evasión fiscal en torno a la ampliación del Gasoducto del Norte.
En ese contexto, Montenegro recurrió en las últimas horas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para tratar de seguir "la ruta del dinero".
El juez envió a la AFIP tres carillas con preguntas y le pidió el "préstamo" de un empleado para analizar los documentos que van llegando al juzgado.
Voceros judiciales indicaron que el magistrado intenta dilucidar lo sucedido con las 23 empresas que emitieron facturas en favor de Skanska por servicios inexistentes, ya que con estos comprobantes, la constructora sueca habría justificado la salida del dinero.
En ese marco, el juez federal pidió en la Inspección General de Justicia (IGJ) todos los datos sobre esas sociedades ya que, algunas, como Infinity, son "fantasmas"; mientras que otras tienen actividad real, pero lo que consta en los comprobantes que emitieron es falso.
Por otro lado, Montenegro solicitó a la Policía Federal que averigüe qué hay en los domicilios que esas 23 sociedades declararon como sede.
A su vez, el otro juez que investiga el caso, Javier López Biscayart, investigaba la documentación secuestrada en siete empresas donde se hicieron allanamientos.
Según publicó un matutino porteño, estas empresas son parte de las 23 firmas cuyas facturas usó Skanska, la firma de origen sueco que amplió un gasoducto en Córdoba, para simular operaciones y así generar fondos para el pago de "comisiones indebidas".
Así fue admitido por la empresa ante la Justicia, en una auditoría interna que se aportó a la causa y en la que se determinó que en total se habían destinado algo más de 13 millones de pesos al pago de servicios que nunca se prestaron.



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