Eduardo Duhalde ha decidido sincerar su criterio sobre cómo debe ser distribuido el poder político en el país. La intención que en su momento delegó en Carlos Ruckauf o en algún constitucionalista de segunda división que suele visitarlo, ahora tiene su firma: la Argentina debe adoptar el parlamentarismo. Es decir, el gobierno debe formarse en el Congreso, donde los ministros se reclutarán entre los diputados y senadores. El Presidente acotará sus facultades a materias específicas (¿Defensa?, ¿Relaciones Exteriores?), y el resto de la administración dependerá de quien controle el Poder Legislativo. Duhalde propuso este sistema desde Guadalajara, como si fuera el modelo al que debe llegarse al cabo de una trabajosa construcción institucional. Ocultó, sin embargo, que el país ya comenzó a funcionar así, aunque de manera defectuosa, malformada. Porque desde hace un par de meses en la Argentina se ha establecido una diarquía.
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Fueron los espartanos los que imaginaron esta excéntrica forma de gobierno, con dos reyes que se repartían áreas de gestión y atribuciones. Era la salida más aceptable para que convivieran dos familias con tradiciones distintas y sentimientos encontrados, como los espartanos y los aqueos. Sólo a primera vista puede resultar exótico mirar el esquema de poder que actualmente rige en el país con el prisma de ese ejemplo de la antigüedad. Porque está cada vez más claro que, mientras se llega (o no) al parlamentarismo, Duhalde gobierna desde el Congreso, y el poder de Néstor Kirchner se va limitando al Ejecutivo.
En efecto, el líder bonaerense tomó la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde su provincia y su partido tienen el mayor peso demográfico. Y lo hizo, de la manera más visible, cuando su esposa, Hilda Chiche González, ordenó aprobar por la Comisión de Asuntos Municipales, que preside, la pesificación de las deudas de las intendencias de todo el país. Desautorizó a Roberto Lavagna la ex primera dama, pero le pidió una audiencia al Presidente para explicarle esa divergencia con lo que recomendaba su ministro. Que se sepa, Kirchner todavía no le concedió la entrevista.
La segunda manifestación de este «gobierno parlamentario» la produjo otro íntimo de Duhalde, Alfredo Atanasof, cuando presentó con la compañía de diputados santafesinos, cordobeses y porteños, un proyecto de reforma política que ignora el que está preparando Kirchner a través de Aníbal Fernández. Al ministro del Interior todavía le duele la mandíbula por ese golpe legislativo, sobre todo porque se lo aplicó el ex colega de gabinete que menos quiere. Lo cierto es que la ley de reforma electoral del duhaldismo avanza por las comisiones respectivas sin que Fernández haya mandado todavía un solo papel sobre el proyecto del Ejecutivo. No es necesario aclarar que si existe una materia en la que se requiere consenso para legislar es la electoral, razón por la cual la Constitución exige 2/3 de los votos para cualquier reforma. Pues es en este campo donde uno y otro rey defienden dos sistemas distintos.
La coparticipación federal, sobre cuya aprobación Kirchner se comprometió con el Fondo Monetario Internacional, está descartada en su tratamiento parlamentario por orden de Duhalde. En cambio, los bonaerenses, aliados de nuevo con los santafesinos y cordobeses, se proponen arrebatarle al Ejecutivo losAportes del Tesoro Nacional que no fueron gastados hasta el 31 de diciembre último. Los mismos diputados preparan una norma, como adelantó este diario, con la que dinamitarán la organización política del gabinete en materia de Seguridad y Justicia, limitando la posibilidad de designar fiscales en cargos de administración (se la llamará «ley Quantín» o «ley Lanusse», por sus víctimas, no por sus autores).
Se podrían agregar ejemplos de este sistema por el cual la iniciativa del oficialismo en materia de legislación no se administra desde la Casa Rosada, sino desde Lomas de Zamora o el San Juan Tennis Club, sedes habituales desde donde el ex presidente cogobierna. Pero conviene mirar también a otra dimensión del Poder Legislativo para advertir cómo funciona este parlamentarismo germinal sobre el que Duhalde asienta su poder. Pocas veces en la historia se verificó que el presidente de la Nación resigne tantos resortes institucionales del Congreso en manos ajenas. Kirchner no controla ni la presidencia del Senado, donde Daniel Scioli es un satélite del jefe bonaerense; tampoco se le subordina la presidencia de Diputados, en manos de Eduardo Camaño; la titularidad del bloque del PJ en la Cámara, con José María Díaz Bancalari, está en manos de Duhalde como se demostró el día en que le advirtieron al Presidente, desde un vagón de principios de siglo, con quiénes tendría que lidiar si se enemistaba con el resto del peronismo; y las comisiones más importantes de la Cámaras, desde Relaciones Exteriores hasta Defensa, pasando por Presupuesto y Hacienda, están encabezadas por legisladores afines a Duhalde, como quedará demostrado con la demora que deliberadamente se aplicará al envío de tropas a Haití.
Al caudillo bonaerense se le facilita el ejercicio del poder en esta «diarquía». Un poco por los sentimientos persecutorios que le produce cualquier instituto colegiado -desde una simple cumbre de gobernadores hasta su propio gabinete- y otro poco por la ausencia de un programa de gobierno con iniciativas sistemáticas y previsibles -hace dos semanas, la Cámara de Diputados no sesionó por falta de tema por primera vez en la historia del actual ciclo democrático-, lo cierto es que Kirchner carece de una política legislativa. No se la puede dar Alberto Fernández, quien ni siquiera puede contestar los llamados telefónicos demandado siempre por el Presidente como si se tratara de un secretario privado de lujo (tuvo en espera 15 días a un juez de la Corte y suele aplicar amansadoras yrigoyenianas a los pocos legisladores que lo visitan). Tampoco se puede esperar que componga relaciones con el Congreso el ministro del Interior, abocado a polemizar con cualquier crítico del gobierno hasta el límite de justificar la prisión para los opositores. Por ahora, la solución que encontró el Presidente a esta «diarquía» no querida fue el envío de los proyectos más urgentes a la Cámara de Senadores, donde su esposa Cristina y Miguel Pichetto vigilan sus intereses con más celo. En esa cámara, además, los bonaerenses son sólo tres.
Con este ejercicio rudimentario de la división de poderes, no previsto en ningún manual o Constitución, Duhalde va entrenando a los suyos para su sueño parlamentarista. El diseño definitivo es, además de gobernar desde el Congreso, designarles desde allí los ministros a los presidentes. No es una fantasía originada en su propia cabeza, sino implantada allí por su último padrino político, Raúl Alfonsín. Ellos son expertos en roscas y burocracias partidarias, capaces de conseguir diputaciones hasta para el yerno y la señora, pero cada vez más impotentes a la hora de conquistar a la decisiva clase media urbana, que determina con sus veleidosas fluctuaciones hacia dónde va el poder. El parlamentarismo aliviaría ese drama y les permitiría a los Duhalde, a los Alfonsín, armarles gabinetes completos a las figuras que vayan encumbrando la ola de la opinión pública, se llamen Kirchner, Felipe Solá, Fernando de la Rúa o, en un extremo de lo eventual, Juan Carlos Blumberg o alguien que se le parezca.
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