Kirchner-Ibarra: también se unen por el Casino Club

Que existe una relación misteriosa entre el poder y el azar lo demuestra la propensión ancestral de los políticos a consultar videntes, brujos y todo tipo de adivinadores. Modernamente, Nicoló Machiavelli construyó parte de su teoría sobre esa vinculación entre gobierno y fortuna. Lo que nadie imaginó es que llegaría el día, como le llegó a la Argentina, en que ese nexo sería literal, más allá de su pasión por las tabernas y las barajas. Es decir, que los políticos estarían interesados como nunca en los juegos de azar y su explotación, y que de ese interés sobrevendrían alianzas políticas, afinidades y rechazos.

En la relación, tan estrecha, entre Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra hay quienes comienzan ya a sospechar ese tipo de amalgama. ¿Es verdad que entre el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad, además del afán por «imponer un proyecto político», como confesó el Presidente, existe otro tipo de proyecto, cuyos borradores administra el jefe de Gabinete Alberto Fernández? Es lo que se reitera, día a día, en el opaco ambiente del juego: allí las versiones, en general divulgadas por quienes se verían perjudicados por estos planes, afirman que Fernández es el administrador de un convenio que estarían por firmar la Lotería Nacional Sociedad del Estado y el Gobierno de la Ciudad y que aprobaría la Legislatura local. Por ese acuerdo, el distrito que comanda Ibarra resignaría las facultades que viene reclamando ante la Justicia para «regular, administrar y explotar los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas...» como establece la Constitución de la Ciudad Autónoma. La eventual cesión de esas facultades a la Lotería sería compensada con la asignación de esa Sociedad del Estado a la Ciudad con parte de lo que se recaude por la instalación de «máquinas tragamonedas». El relato -producto de una mente demasiado imaginativa o demasiado informada-concluye así: ese convenio permitiría blanquear las aproximadamente 600 máquinas instaladas desde el año pasado en el Hipódromo de Palermo y administradas por la empresa Casino Club.

• Presunto propietario

Al frente de esta compañía están Ricardo Benedicto y Héctor Cruz. Sin embargo la propiedad de Casino Club se le atribuye a Cristóbal López, un próspero vecino de Rada Tilly (Comodoro Rivadavia). La sociedad se expandió por Chubut, Misiones, Mendoza y La Rioja. En Río Gallegos inauguró el casino el 20 de enero pasado, con la presencia del entonces gobernador Kirchner y de su esposa Cristina. Los diarios locales de aquellos días consignaron la visita del «empresario Cristóbal López a Río Gallegos» para disponer la incorporación de trabajadores a Casino Club, anuncio que habría realizado el actual presidente, involuntario vocero de ese hombre de negocios.

Para entender las afinidades que, según se comenzó a sospechar, habría hoy entre Kirchner, Ibarra, Alberto Fernández y López, conviene reconstruir la poco edificante historia de las máquinas tragamonedas en la Ciudad de Buenos Aires. El primero en ver el negocio, al parecer, habría sido Samuel Liberman. No era para menos: no sólo fue uno de los «descubridores» de las potencialidades de la TV por cable sino que se trató en su momento del elegido por Alfredo Yabrán para apostar a varios negocios en común. Entre 1999 y 2000 se habló mucho del desembarco de Liberman en el sector de los juegos de azar, comprando casi todas las salas de bingos y agencias hípicas porteñas. Siempre se sospechó que esa incursión sólo podía ser rentable si se habilitaban esos locales para la explotación de tragamonedas. Esta interpretación se volvió más verosímil cuando Fernando de la Rúa, cuyas vinculaciones con Liberman fueron en su momento escandalosamente públicas, el 27 de abril de 2001 firmó un decreto (Nº 494/2001) por el cual se permitía la explotación de máquinas tragamonedas, que en el texto aparecieron mencionadas con el eufemismo de «juego de lotería de resolución inmediata». Para la historia de la liviandad administrativa quedarán los argumentos expuestos en los considerandos de ese decreto como, por ejemplo, que «el Estado debe estar a la altura de las circunstancias».

¿Fue Antonito de la Rúa gestor informal de ese decreto? ¿Hubo alguna contraprestación para su emisión? Sobre el tema hay tantas habladurías como las que se refieren a las relaciones entre Cristóbal López y Kirchner. Lo único verificable es que la diputada Alicia Castro (amiga personal de la pareja gobernante en estos días), se presentó ante la Justicia e interpuso un recurso de amparo contra el Decreto Nº 494 de De la Rúa. Consiguió que se declarara nulo el decreto pero, no conforme con eso, denunció penalmente a Fernando de la Rúa ante el juzgado federal de Sergio Torres. ¿Qué habrá sucedido con esa causa?

Tres semanas después de que ese decreto se firmara, Aníbal Ibarra firmó uno (Nº 695/2001) en el cual instruyó al Procurador General de la Ciudad a promover acciones judiciales y extrajudiciales para preservar para su jurisdicción la administración y explotación de los juegos de azar y apuestas mutuas. La instalación de máquinas tragamonedas en la ciudad de Buenos Aires se convirtió en materia de un complicado enredo judicial. El negocio que habría alentado Liberman quedó ahogado. El 10 de enero de 2002 la jueza Clara Do Pico declaró nulo el decreto de De la Rúa por avasallar las atribuciones de la Ciudad sobre el juego. Sin embargo el juez federal de La Plata, Julio Miralles, autorizó la instalación de ese tipo de máquinas en la provincia y se declaró también con competencia para hacerlo en la ciudad de Buenos Aires.

La por entonces Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, actual titular del área de Derechos Humanos de la Cancillería, interpuso un recurso y logró que se anulara la disposición de Miralles, a quien se le inició juicio político. Un fiscal del crimen se llevó el material instalado en bingos y agencias hípicas.

Es aquí donde entra en escena Jorge Rossi, responsable de la Lotería allí donde Eduardo Duhalde gobierne (es su candidato a intendente en Lomas de Zamora). El 12 de setiembre de 2002, el directorio de Lotería Nacional SE a su cargo, firmó una resolución por la cual autoriza a la empresa Hipódromo Argentino de Palermo SA a explotar máquinas tragamonedas con la excusa de que de ese modo podría pagar el canon que, al parecer, debe desde hace 10 años, cuando se le concedió la explotación de ese «circo».

La empresa que administra el hipódromo convocó a Casino Club, la empresa atribuida por la prensa de Río Gallegos a Cristóbal López, que instaló en Palermo 80 máquinas tragamonedas, que en poco tiempo fueron 600. Mientras tanto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ratificó que es la ciudad la que debe administrar el negocio del juego y el mismo criterio adoptó el Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra.

Becerra se expidió el 27 de mayo de este año, dos días después de la asunción de Kirchner. Por eso llama más la atención un par de hechos. Primero, que Ibarra se mantuviera en silencio sobre la presencia de las máquinas tragamonedas de Casino Club en Palermo, cuando semejantes pronunciamientos ratifican sus derechos sobre ese ramo de gobierno.

Segundo, que el pasado 15 de agosto el Boletín Oficial publicó la resolución por la cual Lotería Nacional autorizó a la concesionaria del Hipódromo para que la empresa atribuida a López y que regentean Benedicto y Cruz agregue a su plantel otras 150 máquinas. La medida se basa en aquel decreto firmado por De la Rúa, que tantas objeciones judiciales acumula. Ibarra, sigue guardando silencio.

Esta última Resolución (Nº 152/2003) fue firmada por los directores de Lotería Nacional Jorge Alvarez, Andrés Cimadevila y Alberto Armentano. Los tres dependen de Alicia Kirchner. La ministra de Acción Social y hermana del Presidente no tiene, al parecer, relación alguna con Cristóbal López, más allá de que su esposo Armando «Bombón» Mercado explote oleaginosas en Catamarca (como dicen que hace López) y haya sido dependiente de Diego Ibáñez ( habría sido amigo personal de López, igual que de Yabrán) en el SUPE de Santa Cruz. En cambio Alvarez, quien viene de regentear la Lotería de Acción Social de la Provincia de Santa Cruz, sí conoce bien a Casino Club, ya que fue el responsable de otorgarle la concesión del casino de Río Gallegos. ¿Sucederá lo mismo con el chubutense Cimadevila y el mendocino Armentano? Los dos vienen de provincias donde Casino Club tienen desarrollo.

• Garante político

Sin embargo, ninguno de ellos sería el encargado de poner en orden legal la explotación de las máquinas instaladas en Palermo. Esta tarea estaría confiada a Alberto Fernández, garante delante de Kirchner del acuerdo político con Aníbal Ibarra. El modo que habría encontrado el jefe de Gabinete Fernández para regularizar la situación de Casino Club sería la firma de un convenio entre el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, tal cual se explicó al comienzo de esta nota. ¿Quién redactó los borradores que circulan sobre este convenio? ¿Existen contactos entre los funcionarios y la empresa para ajustar una especie de traje a medida? Todo es brumoso, como en los casinos repletos de humo.

Por ese pacto con Kirchner y Fernández, Ibarra no seguiría reclamando la competencia de la ciudad sobre el juego. Y la Nación compensaría a la ciudad por la explotación con una parte de los recursos producidos durante 15 años. ¿Se prohibiría también la instalación de máquinas en bingos y agencias hípicas? Esta sola posibilidad es la que enardece a los allegados a Liberman, que no sólo temen que les blanqueen (sin licitación alguna) las máquinas a su competidor Casino Club sino, además, que le conserven con exclusividad el mercado de la «lotería de resolución inmediata» en la ciudad.

Exclusividad es una forma de decir: López, Cruz o quien sea el responsable de Casino Club no es el único «jugador» (por usar una palabra afín al tema) en el área metropolitana. También opera la empresa Casino Buenos Aires, administradora de las tragamonedas instaladas en el barco «La Estrella de la Fortuna» amarrado en Costanera Sur. Esta compañía no estaría afectada por la polémica por tratarse de territorio nacional, pero que no ha de mirar con buenos ojos la instalación de una competencia en Palermo. Sobre todo cuando, se conjetura, el Hipódromo terminará siendo la sede de un Casino en el corazón del área más rica de la ciudad. En verdad, Kirchner e Ibarra retornarían a un viejo sueño del menemismo, cuando los hermanos Basile querían dar ese servicio a la ciudad y al país.