La Argentina, a La Haya: quien corta ahora es un Estado

Momentos de tensión se viven en la frontera argentino-uruguaya debido a la decisión del gobierno oriental de cerrar los tres puentes sobre el río Uruguay para evitar que los asambleístas concreten una protesta en balnearios vecinos.

El gobierno argentino informará en las próximas horas al tribunal internacional de La Haya los bloqueos decididos el fin de semana por Uruguay en todas las vías terrestres de comunicación entre los dos países. La presentación formal será realizada por la Cancillería, bajo el argumento de que con los cortes aplicados oficialmente por el país vecino, se violaría el pedido expreso de la Corte de comprometer a los dos gobiernos a «no empeorar la situación».

Así se había manifestado La Haya en junio de 2006, al rechazar el pedido de suspensión de las obras de la pastera de Botnia en Fray Bentos. En la declaración final del tribunal, este menciona específicamente que los países deben comprometerse a no tomar decisiones oficiales que perjudiquen el caso; y, según, interpretación argentina, el bloqueo dispuesto por el gobierno de Tabaré Vázquez violaría este requerimiento.

Desde Buenos Aires se comenzará a evaluar la posibilidad de avanzar en otra acusación ante La Haya por más consecuencias que tendrían los cortes dispuestos desde Montevideo. Uruguay podría ser acusada formalmente de bloquear las comunicaciones políticas, sociales y económicas bilaterales, algo que está prohibido por las normas del derecho internacional. En la Cancillería consideran que los bloqueos dispuestos por el gobierno de Vázquez, a diferencia de los cortes de los manifestantes de Gualeguaychú, son medidas oficiales decididas por las administraciones elegidas democráticamente, con lo cual la sanción cabría al país que decida los cierres.

Se mencionaba anoche en Buenos Aires que en enero de 2007 La Haya rechazó un pedido de Uruguay de sancionar a la Argentina por los cortes. El argumento del tribunal en ese momento fue que las manifestaciones no eran realizadas por el gobierno argentino, sino por ciudadanos independientes, y que no se le podía obligar al Ejecutivo local a reprimir estos actos. La diferencia con los cortes del fin de semana, para la visión argentina, es que éstos fueron impulsados por el gobierno uruguayo y no por manifestantes. Así, La Haya podría sancionar a Uruguay por los cortes.

Al Mercosur

Otra posibilidad sería elevar el tema ante los tribunales del Mercosur, que en junio de 2006 fallaron salomónicamente cuando Uruguay acusó a la Argentina por los cortes en Gualegueychú. En esta instancia, se definió como perjudicial e irregular al bloqueo local, pero se aclaró que el gobierno de Néstor Kirchner no estaba obligado a avanzar sobre los manifestantes. La medida aplicada este fin de semana por Vázquez fue cerrar por fuerzas de seguridad los tres pasos fronterizos con la Argentina ante el anuncio de protestas de asambleístas entrerrianos en las inmediaciones de la papelera de Botnia, con lo cual todas las vías terrestres de comunicación entre ambos Estados se interrumpieron.

Ayer por la tarde, y luego de una orden del canciller Jorge Taiana, el cónsul argentino en la ciudad uruguaya de Salto, Raúl Guerrero, labró un acta ante la presencia de un escribano público de Uruguay, a fin de «dejar constancia» del cierre del paso fronterizo. Tras un llamado telefónico desde Buenos Aires, el cónsul Guerrero se dirigió al centro de frontera para tomar conocimiento de la situación de los argentinos en la zona y constató la decisión administrativa del gobierno de ese país de cerrar la tercera frontera que lo une con la Argentina, indicaron fuentes de la Cancillería.

Esta decisión marca un hecho sin antecedentes en poco más de 30 años de existencia del puente internacional, con la sola excepción del cierre de frontera que se adoptó en la administración de Jorge Batlle por razones de emergencia sanitaria ante la aparición de casos de aftosa.

La orden de Uruguay de cerrar el paso llegó ayer a las 13 y buscó impedir que los asambleístas entrerrianos, agrupados en una caravana de 30 autos, cruzaran hacia el balneario Las Cañas de Fray Bentos, donde tenían pensado realizar acciones de protesta contra Botnia. La medida incluye la prohibición para ingresar al departamento de Salto, pero a su vez permite que los ciudadanos entrerrianos que se encuentran allí (muchos acuden a las aguas termales del lugar) regresen a su ciudad.