La comisión de Salud emitió dictamen por proyecto de muerte digna

Un proyecto de ley que regula los derechos de los enfermos "terminales" o en agonía, más conocido como de "muerte digna", consiguió dictamen de la comisión de Salud y ahora deberá pasar por otras comisiones antes de ser tratado en el recinto de sesiones.

La norma aprobada en comisión "reconoce y asegura los proyectos autonómicos de la persona, como así también el respeto a su voluntad en el proceso de la muerte, incluyendo una declaración vital de voluntad".

La iniciativa, consensuada entre dos textos de los diputados Carlos Vega y Gerardo Milman, recibió hoy el aval de la mayoría de los bloques en la comisión de Salud, que preside el kirchnerista Antonio Morante.

"Se trata de evitar el encarnizamiento terapéutico y la industria de la muerte", afirmó Vega, durante la presentación del proyecto en la comisión, adonde asistió Selva Herbón, mamá de una niña que permanece desde su nacimiento internada en un centro de salud, en estado vegetativo.

La norma deberá ser analizada ahora por las comisiones de Legislación General, que conduce Vilma Ibarra; y la de Derechos Humanos, a cargo de Victoria Donda, y, en caso de recibir el aval de esos cuerpos parlamentarios, podrá ser debatida en el recinto.

El texto regula además los "deberes del personal sanitario" que atiende a ese tipo de pacientes y establece las "garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar en ese proceso".

"La persona que se encuentre en el proceso de muerte, agonía o terminal, tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios", sostiene parte del articulado.

En ese marco, Vega recomendó a sus pares que el texto "no deje puertas abiertas a la judicialización de la decisión del paciente" y advirtió que "el juez no tiene por qué intervenir si se cumplen todos los requisitos de la ley".

El proyecto define como "consentimiento informado" a la "conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades" para decidir sobre su proceso de muerte, tras haber recibido información o diagnóstico médico irreversible por parte de los profesionales.

Se trata de una manifestación escrita, que será incorporada a un "Registro de Voluntades Vitales Anticipadas", en la cual las personas "consciente y libremente" expresan "instrucciones que deberán respetarse en la atención sanitaria que reciba en caso de enfermedad terminal".

También, el proyecto impulsa la creación de un Registro de Objeción de Conciencia, en el que podrán ampararse los profesionales que no deseen tener responsabilidad en este tipo de casos terminales.