La jueza Parrilli, más cerca del juicio político

El Consejo de la Magistratura porteño decidió avanzar con el juicio político a la polémica jueza Rosa Parrilli, acusada de agredir con insultos y discriminar a dos empleadas de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.

La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo, en forma unánime, resolvió impulsar la acusación contra la jueza Parrilli, quien además enfrenta una causa penal por presuntas amenazas y discriminación.

Quienes se expidieron en el caso de Parrilli fueron los consejeros Gabriel Vega, Liliana Blasi y María Teresa Moya, en el expediente caratulado "SCD s/denuncia efectuada por el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA".

Ahora, la decisión adoptada por la Comisión sólo resta que sea ratificada por el Plenario del organismo para que formalmente dé comienzo el proceso.

"Atento al estado en el cual se encontraba el expediente de referencia, se dio tratamiento a la cuestión habiéndose aprobado por el voto unánime de los miembros de la Comisión el dictamen que propone al Plenario de Consejeros la formulación de la acusación contra la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº 28, doctora Rosa Elsa Parrilli, de conformidad a lo previsto por el artículo 11 del Reglamento Disciplinario para Magistrados e Integrantes del Ministerio Público", se indicó en un comunicado.

En el texto se señaló que ahora "las actuaciones mencionadas serán elevadas al Plenario del Consejo de la Magistratura, a los fines de su tratamiento en esa instancia, ámbito en el cual deberá resolverse si se procede a la apertura del procedimiento de remoción tal como lo propone la Comisión de Disciplina y Acusación o no".

En este último caso, se "puede resolver reencausar el trámite en el procedimiento disciplinario o desestimar la denuncia, conforme lo prevé el Reglamento Disciplinario para Magistrados e Integrantes del Ministerio Público", según se señaló.

Parrilli había pedido disculpas a las empleadas a las que insultó e hizo extensiva las mismas al Consejo de la Magistratura de la Ciudad, y argumentó problemas de salud para justificar su actitud.

La causa en contra de Parrilli la instruyó el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a cargo de Guillermo Montenegro.

La jueza alegó en su descargo que su actitud se debió a que tiene "problemas de salud", los cuales -según dijo- pudieron haber incidido en su conducta.

Ante la Comisión ya prestaron declaración testimonial las empleadas de tránsito Rocío Marlene Gómez y María Itatí Albe, quienes sufrieron los insultos y las actitudes discriminatorias de la jueza.

A su vez, en la causa penal por presunta discriminación y amenazas, la jueza ofreció pagar una indemnización de 5 mil pesos a cada una de las empleadas, así como la realización de tareas comunitarias para evitar el juicio oral en su contra.

A la magistrada una cámara de seguridad la filmó reclamando, airadamente y entre insultos, la devolución de su vehículo marca Volkswagen, el cual había sido llevado por la grúa por estar mal estacionado en la ochava de la calle Rodríguez Peña al 400.

Cuando fue a buscar el automóvil en la playa de infractores del Obelisco, en el subsuelo de la avenida 9 de Julio y Sarmiento, la jueza increpó a las empleadas a los gritos y con insultos para que le devolviesen su auto, y realizando una ostentación de su cargo.

"Ganan 1.200 pesos para joder a la gente, ¡todas morochas, ni una rubia contratan!", gritó la jueza -según surge de las imágenes y el audio- y le advirtió a Gómez que si cayera en su jurisdicción la metería presa ocho meses.