La Justicia argentina no investigará los crímenes del franquismo

El fiscal federal Federico Delgado rechazó abrir una investigación judicial para esclarecer "los crímenes de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos en España "a partir del 17 de julio de 1936 y hasta 1977" bajo el régimen del dictador Francisco Franco. 

En un dictamen de nueve carillas presentado a la jueza federal María Servini de Cubría, el fiscal discrepó con los denunciantes Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, acerca del alcance del "principio de jurisdicción universal".

"Es innegable que los crímenes del `franquismo` constituyen delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, es innegable también que el reclamo de quienes pretenden una investigación en la Argentina está amparado en altísimas razones de justicia sustantiva apoyadas en la categoría de delitos de `lesa humanidad`", reconoció Delgado.

"Sin embargo esa inconmovible fuerza moral que contiene aquel reclamo de justicia tiene grietas jurídicas muy profundas" afirmó el fiscal quien citó al jurista y actual ministro de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni al afirmar que "cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad".

El representante del ministerio público explicó que en esta causa -iniciada el 14 de abril último- "los denunciantes sostienen que los hechos atroces cometidos durante el régimen franquista en España deben ser investigados en Argentina por aplicación del principio de jurisdicción universal".

"Es claro que la jurisdicción es un atributo de la soberanía y que ésta, en nuestro sistema, emana del pueblo. En consecuencia, el principio universal deviene operativo cuando un Estado no ha ejercido su soberanía y, por ello, los restantes estados de la comunidad internacional quedan habilitados para hacerlo", explicó Delgado.

El fiscal afirmó que "los mismos denunciantes reconocen dos cosas: que existen causas en trámite en España en las que se investigan los crímenes del franquismo; y que la ley de amnistía dictada el 15 de octubre de 1977 por el parlamento español no se aplica a crímenes de lesa humanidad".

Delgado recordó que "existen numerosos tribunales (españoles) que se encuentran investigando en la actualidad los crímenes del franquismo" y que la ley de amnistía "no contempla los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad ni, en particular, los delitos continuados de secuestro, dentro y fuera de España, de niños de familias republicanas y su entrega a familias franquistas, ni las detenciones-desapariciones forzosas".

El acusador insistió en que "no es factible iniciar una investigación judicial, o promover una causa en la República Argentina" pues solamente estaría habilitada ante el "cierre de todo camino que lleve a la justicia" y "estas dimensiones están ausentes en el caso denunciado".

"Iniciar un proceso en la República Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor. Eso es incompatible con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos", sostuvo Delgado.

El fiscal concluyó que "la organización política de la sociedad española tiene senderos institucionales para remediar el panorama expuesto ... son esas vías las que hay que transitar para buscar luz al final de este largo túnel de impunidad que protege a los crímenes del franquismo", concluyó Delgado.

El dictamen fue presentado ante la jueza Servini de Cubría un día antes de la anunciada presentación a efectuarse hoy de cinco mil nuevos casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista, incluidos el fusilamiento de 20 argentinos; para ampliar la querella iniciada el 14 de abril último.

A la presentación judicial habían adherido la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión Provincial por la Memoria y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de ex detenidos desaparecidos, la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Comité de Acción Jurídica, también compartieron la denuncia.