La justicia suiza pide informes sobre Hugo Moyano por presunto lavado de dinero

Hugo Moyano.

El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, su hijo Pablo, y su entorno familiar son investigados por lavado de dinero en Suiza, donde el Ministerio Público Fiscal pidió a la justicia argentina que envíe informes sobre las causas que hay en el país contra el líder camionero.

Fuentes judiciales informaron que el exhorto ingresó en la Cámara Federal, vía Cancillería, y resultó designado el Juzgado Federal N° 5, a cargo de Norberto Oyarbide.

Según pudo averiguar Noticias Argentinas la causa suiza surgió a partir de la detección de una cuenta a nombre de la firma Covelia, cuyo dueño es el empresario Ricardo Depresbiteris, aunque se sospecha que tiene vínculos con los Moyano.

Covelia SA nació durante la crisis de 2002 y se encarga de la recolección de los residuos en buena parte de los municipios del conurbano bonaerense, con una facturación millonaria, aunque Depresbiteris niega tener relación con el titular de la CGT.

La solicitud suiza quedó a cargo del secretario del juzgado Carlos Leiva, quien conjuntamente con Oyarbide resolvieron girarlo al fiscal federal N° 1 Jorge Di Lello para que determine si es o no procedente lo requerido por la Justicia suiza.

Justamente, el oficio recayó en el juzgado de Oyarbide, quien investiga a Moyano y la obra social de los camioneros en la causa por la "mafia de los medicamentos".

Moyano es investigado por los expedientes que la obra social del gremio de los camioneros (Oschoca) presentó ante la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud para cobrar reintegros por presuntos tratamientos médicos otorgados a sus afiliados.

Esa parte de la investigación está a cargo del juez federal Claudio Bonadio que no sólo trata de determinar si la obra social de los camioneros defraudó al Estado mediante el cobro de reintegros, sino que ahora estudia si incurrió en el delito de administración fraudulenta, a partir de la denuncia que presentó la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.

Según fuentes judiciales consultadas por Noticias Argentinas, desde Suiza pidieron conocer detalles de las causas penales que registran los Moyano en nuestro país, para después ellos determinar si esa información puede servirles para determinar si incurrieron en lavado de dinero.

Asimismo, desde el juzgado de Oyarbide librarán en las próximas horas oficios a todos los juzgados federales penales de la Capital Federal (en total son doce) para que informen con que causas cuenta Moyano en nuestro país.

Sin embargo, los voceros informaron que seguramente a raíz de la abultada información que esté en juego (ya sólo el expediente de la mafia de los medicamentos cuenta con 300 cuerpos), es probable que el juzgado de Oyarbide se ponga en contacto con la Justicia Suiza para coordinar la labor.

De todos modos, por una causa conexa con esa de los medicamentos Moyano ya es investigado por lavado de dinero en la Argentina por el juez federal Ariel Lijo.

Lijo investiga una serie de operaciones financieras sospechosas, entre ellas varios cheques de la obra social de Camioneros, la mutual de ese sindicato y de Droguería Urbana, entre otras organizaciones vinculadas a la causa de la mafia de los medicamentos.

En ese sumario que lleva adelante Bonadío, se investiga si Oschoca habría cobrado a través de falsos troqueles aproximadamente 400.000 pesos.

Hasta el momento, los peritos determinaron que los troqueles que presentó la obra social distaban de los veraces no sólo en la impresión, sino en otras marcas, y en el sistema utilizado para la impresión de las cartulinas.

Si bien hasta el momento, Bonadío no dispuso citar a indagatoria a Moyano si avanzó sobre su entorno, y procesó al dueño de la droguería Urbana, Marcos Hendler, la cual le proveía de medicamentos a la obra social de camioneros.

A su vez Moyano es investigado en otra causa que está paralizada, por supuesto enriquecimiento ilícito, a raíz de que habría adquirido una quinta en la localidad de Henderson, provincia de Buenos Aires.

Esa investigación también está en manos de Oyarbide y se inició luego de que llegara un correo electrónico a la fiscalía a cargo de Oscar Amirante y donde se daba cuenta del origen ilícito del dinero que se utilizó para la adquisición de la estancia "San Ignacio".