La nueva Corte Suprema, motivo de seria alarma

Porque represente modos de pensar y sentir demasiado ajenos a la mayoría de la sociedad argentina, porque ponga en riesgo el desarrollo económico social futuro del país con fallos tan insólitos como incongruentes, porque da inseguridad que, buscando mostrar independencia del poder político que gobierna, se caiga hasta en lo descabellado, porque no se sabe si el propósito final es divergir en lo aparentemente chico con el actual gobierno para conceder políticamente luego en lo grande, porque alarma que hayamos pasado de una supuesta «mayoría automática» de cinco miembros a la primacía de sólo uno o dos que arrastran al resto de los integrantes atemorizados y silenciados con la acechanza de juicios políticos, por todo eso y más nuestra nueva Corte Suprema de Justicia es fuente de grave preocupación entre los moderados del país. Por lo menos puede afirmarse ya que cualquier cambio de gobierno significará nuevos juicios y desplazamientos en ese alto tribunal porque se perdió la oportunidad de rehacerlo con ecuanimidad y respetando las oposiciones fundadas, las tradiciones más arraigadas y generalizadas de los más en la Argentina. Tampoco se hizo una consulta auténticamente democrática, vaciando de contenido las formas de presentación de los candidatos cuando ya al lanzarlos a la opinión pública se sabía -y así quedó demostrado- que ninguna objeción sería tomada en cuenta, predominando el pensamiento único en los nombramientos. Prevalece la sensación -con todo el mal que ello representa para recuperar la seguridad jurídica perdida interna y externamente-de que estamos ante una Corte Suprema efímera por su lejanía con la realidad nacional que muestra su accionar y que su período de vigencia será el del gobierno que así la estructuró. Por qué se llega a esta situación de amplia desconfianza trató de explicarlo un muy logrado artículo del columnista Mariano Grondona en «La Nación», algunos de cuyos párrafos más destacados se transcriben.

Mariano Grondona

En enero de 1992 el presidente Menem promulgó la ley 24.043, que otorga indemnizaciones a todos aquellos que fueron ilegalmente detenidos por el régimen militar de 1976-1983. Posteriormente se extendió este beneficio a quienes después de detenidos se hubieran exiliado, así como a familiares de desaparecidos.

En el año 2000, el Gobierno rechazó el reclamo de la señora Susana Yofre de Vaca Narvaja, madre de Fernando Vaca Narvaja, para que se le extendieran los beneficios de la indemnización por haberse exiliado en 1976 junto con 26 familiares. Como la solicitante no había sido detenida previamente ni su hijo es desaparecido (el desaparecido fue el esposo, se rectificó a Grondona) el gobierno de De la Rúa entendió que la ley 24.043 no se le aplicaba. Ante el reclamo judicial de la señora de Vaca Narvaja, la decisión de De la Rúa fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal.

• Apelación

La señora de Vaca Narvaja apeló entonces ante la Corte Suprema de la Nación, que por fallo unánime acaba de revocar la sentencia de la Cámara, concediendo indemnización a la solicitante. La Corte ha abierto la posibilidad de que entre 200.000 y 500.000 personas que alegan haberse exiliado entre 1976 y 1983, puedan reclamar.

El Estado debería afrontar indemnizaciones de varios cientos de millones de pesos.

Pero la cuestión no es ésta, ya que si el fallo es considerado justo, ningún cálculo financiero debería impedir su aplicación. La cuestión de fondo es, entonces, otra: ¿estamos ante un fallo ecuánime, equilibrado, sobre la década de los setenta?

Tanto en el gobierno de Alfonsín como en los de Menem, De la Rúa y Duhalde, se tendía a perdonar los delitos aberrantes cometidos tanto por el terrorismo subversivo como por el terrorismo de Estado. Alfonsín eximió de pena a los oficiales de las Fuerzas Armadas que alegaban «obediencia debida». Menem amplió este criterio al indultar simultáneamente a terroristas y a militares. La idea del doble perdón se mantuvo hasta en la presidencia de Duhalde, que completó la lista de indultos de Menem con algunos casos más.

Quiere decir que, de 1983 a 2003, el país asistió por fases sucesivas a una verdadera amnistía que enviaba al olvido todas las aberraciones de los años setenta. Este criterio cambió radicalmente a partir de la actual etapa de gobierno, en la que no sólo se ha agravado mediante diversas leyes la situación de uno de los bandos en lucha durante los años setenta, sino que también se ha promovido la fundación de un Museo de la Memoria que exaltará al bando guerrillero en las 17 hectáreas que ocupaban los institutos navales de enseñanza en torno de la ESMA. Ahora, a través del fallo de la Corte, no sólo se perdona, sino que también se compensa monetariamente a los familiares de uno de los terroristas más sangrientos de nuestra historia.

• Asesinatos

Entre 1970 y 1978, Fernando Vaca Narvaja promovió los asesinatos del teniente general Aramburu, de numerosos empresarios, del dirigente sindical José Rucci, del jefe de la Policía Federal Cesáreo Cardoso y de Paula, la hija de 15 años del almirante Lambruschini, sin mencionar otros atentados de gran impacto, como el secuestro de los hermanos Born.

Mientras tanto, también se ha aprobado la nulidad de las leyes de obediencia debida y todo amparo de no retroactividad para las leyes que ahonden las condenas de los jefes y oficiales militares de los años setenta. A partir de 2003, pues, en tanto los simpatizantes de la guerrilla que manifiesten haberse exiliado podrán recibir compensaciones monetarias, cualquier militar que haya participado en la represión será perseguido hasta su tumba.

¿Este criterio responde a la imagen que siempre hemos tenido de la Justicia como una diosa que sopesa los platillos de una balanza con los ojos vendados? Adam Smith definió a la justicia como «un sentimiento de venganza que sólo se canaliza en cuanto sea admisible para un espectador imparcial». El sentimiento de venganza, sin duda, sigue entre nosotros. ¿Adónde encontrar, empero, al «espectador imparcial»?

• Venganza

Aunque no lo aprobemos, podríamos comprender que en el Gobierno prevalezca un sentimiento de venganza por lo que pasó en los años setenta. A todo gobierno, después de todo, lo alienta un impulso político y, como tal, subjetivo y cambiante. Si entre 1983 y 2003 predominó un ánimo de amnistía, no podría admirarnos que este ánimo reparador haya sido sustituido por un ánimo contrario que, por ser político, no resultará necesariamente duradero.

Que la Corte Suprema prosiga con la idea de castigar hasta el fin a unos y compensar a otros por lo que pasó hace treinta años es, sin embargo, doblemente grave. Lo es, primero, porque la nueva Corte, recién constituida, podría mantener su criterio mucho más allá del actual período presidencial.

Lo es, además, porque la nueva Corte, que nació entre declaraciones oficiales de que respondería a un criterio de impecable imparcialidad, ha aprobado por unanimidad la doctrina unilateral que sustenta. En la nueva Corte se sientan tres clases de ministros. Una, cuyo representante más notorio es el doctor Zaffaroni, responde a una línea ideológica que él nunca ha negado, de tal modo que ni aun aquellos que disentimos de él podríamos atribuirle incoherencia.

Pero hay otras dos clases de ministros. Están, primero, nuevos ministros como la doctora Highton de Nolasco, que fue presentada como ideológicamente neutra y que sin embargo adhiere una y otra vez a Zaffaroni. Y están, además, los antiguos ministros Petracchi, Belluscio, Fayt y Boggiano que, durante los años noventa, habían adherido a posiciones contrarias a las que ahora sustentan. ¿Es que se han convencido since-ramente de sus supuestos errores de ayer? ¿O es que, pendiendo sobre ellos la espada de Damocles del juicio político que cayó sobre cuatro ministros y que todavía pende sobre el doctor Boggiano, esta amenaza vulnera su independencia?

La justicia es la venganza sólo cuando resulta admisible para un espectador imparcial. ¿Podremos apelar ahora a la imparcialidad de la nueva Corte? Sólo cabe desear que los miembros de la nueva Corte comprendan finalmente que lo que de ellos espera el país no es la coincidencia con los poderes políticos del momento.