La oposición habla de "conflicto de intereses" y apunta al Congreso para restituir a Redrado

Elisa Carrió - Ricardo Alfonsín - Fernando "Pino" Solanas.

Tras el decreto firmado por la Presidente y su Gabinete en el que cesa en sus funciones a Martín Redrado al frente del Banco Central, desde diferentes arcos de la oposición salieron a criticar la medida.

La diputada Elisa Carrió opinó que "si se echa mano en las reservas en dos días es el fin del gobierno". Dijo que se está en presencia de "un claro conflicto de intereses" y que Redrado no debería cumplir la decisión y "tendría que actuar el Congreso, como esta en receso tendría que actuar la Justicia".

"Redrado debe presentarse a la justicia en resguardo de la estabilidad de su cargo. Cuando se pueda convocar, el Congreso va a declarar nulo el decreto y él va a volver a su cargo. Mientras tanto, puede conseguir una medida cautelar que lo mantenga en su cargo hasta que lo resuelve el congreso".

"La situación más comprometida no es la de Redrado sino la de la Presidenta, que se está poniendo en una situación de delito y abuso de poder", indicó.

El actual diputado por la Coalición Cívica y ex presidente del BCRA, Alfonso Prat Gay criticó el accionar y dijo que el país "está cada vez más cerca de una monarquía". "La presidente que iba a mejorar las instituciones emite un DNU cada dos días", arremetió.

Por su parte, el diputado por Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas dijo que la medida "es una violación de la Carta Orgánica del BCRA". "El presidente del Banco Central sólo puede ser removida con acuerdo del Congreso", agregó.

Además, adelantó que presentarán una querella penal contra la Presidente y los ministros que firmaron el decreto.

Desde la UCR, Ricardo Alfonsín manifestó que "la actual crisis en el Banco Central constituye un nuevo atropello a las instituciones de la República, generando además imprevisibilidad, lo que hace más difícil la recuperación económica del país".

"El DNU instruyendo al Banco Central que use las reservas para el pago de la deuda tiene implicancias político-institucionales de particular gravedad. No hay razones que justifiquen que un tema de esta significación no sea tratado en el Congreso de la Nación, órgano que asegura transparencia y previsibilidad a las decisiones del Estado", dijo Alfonsín.