La Tablada: procurador dice no a la Corte

El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, desestimó ayer que el recurso extraordinario elevado por el gobierno para beneficiar procesalmente a los presos de La Tablada, deba ser tratado por la Corte. Este tribunal tiene previsto reunirse hoy y la postura del fiscal mayor predice una mayor discusión en ese tribunal donde las posiciones se encuentran divididas.

Becerra basó su rechazo a la presentación del procurador del Tesoro, Enrique Marcer, en que los mismos condenados desistieron en su momento en ir a la Corte, con lo que coincide con la postura del fiscal de Casación Penal y esa misma cámara en negarle representatividad al Poder Ejecutivo por no ser parte.

En líneas generales, el dictamen de Becerra no acepta que el argumento del gobierno de im-pulsar la revisión de la condena de los terroristas que atacaron el cuartel militar en 1989 se debe a la defensa del prestigio del país en el exterior y a atenuar eventuales represalias económicas, coincida con los intereses de los propios condenados, quienes primero eligieron el camino procesal recursivo -apelar ante la Corte-pero luego lo abandonaron.

Por su parte el gobierno respondió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de los terroristas presos por el copamiento del Regimiento 3 de Infantería Mecanizado de La Tablada en enero de 1989.

Al mismo tiempo un dirigente de una fundación defensiva de los derechos humanos en Cuba hizo una denuncia penal contra el coronel del ejército cubano, Renán Montero Corrales, jefe de la V Dirección de Inteligencia con base en Managua (Nicaragua) -1983/'86, en tiempos de Daniel Ortega-, que fue el responsable junto a Enrique Gorriarán Merlo de proteger, ejercitar y armar a este ahora diezmado grupo guerrillero del Movimiento Todos por la Patria.

La Cancillería informó a la CIDH que es preocupación del gobierno dar respuesta a sus pedidos, abriendo una segunda instancia para la revisión de las sentencias. Recuerda en ese sentido el proyecto de ley enviado al Congreso. Sabiendo que no sólo la oposición peronista estaba en contra sino que el propio bloque de la Alianza estaba dividido.

Del mismo modo evoca que Carlos Menem envió al Congreso en setiembre de 1998 un proyecto de ley que tampoco pudo ser tratado.

Al agotarse la instancia legislativa, el gobierno instruyó al procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, para que recurriera a la Justicia. En su presentación, Marcer cita fallos de la Corte, donde destaca que los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son directamente aplicables y pueden ser invocados por las personas.

Afirmaciones

Lo curioso es que Adalberto Rodríguez Giavarini afirma, en la nota enviada a la CIDH, que « si el gobierno tuviera que convalidar interpretaciones restrictivas respecto del valor de las recomendaciones de organismos internacionales, estaría limitando su propia actuación internacional».

Y les recuerda que « como en el caso de la reivindicación de nuestros derechos en el Atlántico Sur se basa, en buena medida, en la acción de las Naciones Unidas y de la OEA».

El gobierno afirma que « no es insensible ante la delicada situación en que se encuentran los detenidos como consecuencia de la huelga de hambre que han emprendido hace más de cien días». Anticipando una decisión del Presidente, se explica que si « las circunstancias tornaran inevitable la adopción de medidas de carácter excepcional-», (...) « ello sólo tendría justificación una vez comprobado que la acción o inacción de los otros dos poderes del Estado, conducen a éste a un irreversible incumplimiento de sus obligaciones internacionales».

Mientras esto ocurre en las alfombras rojas de la diplomacia, Jorge Omar Adra, presidente de la Fundación Argentina-Americana por los derechos humanos y la democracia en Cuba, denunció penalmente al coronel cubano Montero Corrales, y solicitó al juez -aprovechando que en esos días visitaba Buenos Aires el ex presidente nicaragüense Daniel Ortega para interesarse por los terroristas de La Tablada-, que lo citara, razón por la que se afirma apuró el regreso a su país. En una detallada documentación se prueba la vinculación de grupos guerrilleros de América latina y Europa, primero con Cuba y Fidel Castro, y más tarde con Nicaragua, Ortega y este coronel Montero Corrales.