La UCR pidió a la Inspección General de Justicia que requiera la "inmediata intervención" de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por las supuestas irregularidades en el uso de fondos públicos para la construcción de viviendas.
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Fue a través de una presentación a cargo de los jefes de los bloques de diputados y senadores de la UCR, Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales, en la que solicitaron al organismo que "requiera en forma urgente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la inmediata intervención de la Fundación", en razón de "las graves irregularidades investigadas respecto del manejo de fondos públicos".
"La constatación de esos actos graves no necesita demostrarse. Su existencia es de dominio público, está siendo investigada por la Justicia y los organismos de control y, además, fue reconocida por la propia presidenta de la entidad, Hebe de Bonafini, la que acusó a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender de estafadores", indicó la presentación ante la entidad que encabeza Marcelo Mamberti.
Además, subrayó que "resulta evidente" que las autoridades de la entidad "no han sido idóneas para, cuanto menos, advertir las maniobras ni para reaccionar con la celeridad y transparencia necesarias una vez que, al parecer muy tardíamente, se enteraron de ellas".
"Los cuantiosos recursos públicos utilizados por la entidad, los fines sociales a los que están destinados y la necesidad de preservar sin dilaciones todos los elementos probatorios que puedan arrojar luz sobre el funcionamiento de una trama de negocios oscuros, exigen que en forma urgente se intervenga a la Fundación Madres de Plaza de Mayo", agregaron los legisladores.
Y advirtieron que ésta "es una medida que ya debería haber sido adoptada y cuya dilación vuelve a sembrar dudas sobre la sinceridad de los propósitos alegados por el gobierno nacional de investigar este hecho hasta sus últimas consecuencias".
El pedido de intervención estuvo fundado en el artículo 10 de la ley 22.315, que faculta a la Inspección General de Justicia, que tiene competencia como fiscalizador, a solicitar al Ejecutivo la intervención de una asociación civil o fundación, "cuando constate irregularidades graves y estime imprescindible la medida, en resguardo del interés público", se informó.
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